Magistrado del Tribunal de Cundinamarca, a imputación de cargos por el caso de robo de un humedal

Las maniobras para que particulares se beneficiaran como dueños del humedal Jaboque terminaron enlodando al magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca Carlos Alberto Vargas Bautista. La Fiscalía lo citó para este jueves a imputación de cargos y pedirá medida de aseguramiento por varios delitos contra la administración pública. El caso está ligado a un sospechoso fallo emitido en el año 2014, cuando el magistrado condenó al Distrito a pagar 32 millones de dólares de reparación directa por negarse a comprarle el humedal a un particular, pese a que este terreno ya pertenecía a la ciudad.

La jugada desató escándalo y controversia judicial; aún está pendiente por dictarse la última palabra en el Consejo de Estado. Pero antes de que ello ocurra, el caso acaba de tener un desarrollo crucial. El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Leonel Rogeles Moreno estará a cargo de la audiencia contra Vargas, quien deberá responder por este y otros casos que se habrían manipulado desde su despacho. Entre los delitos que le serán imputados está el de concusión, lo que implica que el ente investigador tendría evidencia suficiente para demostrar que Vargas recibió dinero para emitir decisiones como la de Jaboque. 

Carlos Alberto Vargas Bautista es hermano de Alcibiades Vargas Bautista, magistrado del Tribunal Superior del Meta que ya viene respondiendo por corrupción ante la justicia. El pasado jueves, la Fiscalía lo citó a audiencia de imputación de cargos por nuevos hechos relacionados a presuntos beneficios a integrantes de organizaciones criminales a través de decisiones judiciales. Paralelo a ello, la Corte Suprema continuará en las próximas semanas el juicio contra Alcibiades Vargas y dos magistrados más por posibles delitos de cohecho, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y concierto para delinquir. Los cargos son los mismos: hacer parte de una red de funcionarios judiciales que favorecía a miembros de bandas criminales y peligrosos delincuentes.

El lote del millón

En el mundo de las cárceles el humedal es conocido como el lote del millón. Está ubicado a pocos metros del aeropuerto El Dorado, en el sector de Engativá, a orillas del río Bogotá. A pesar de ser parte de los 11 complejos de humedales con protección especial de la Convención Ramsar, la más importante a nivel internacional, le salieron dueños que reclamaron por años sus derechos con falsas escrituras.

Cualquier transacción con este megalote que mide un millón de metros cuadrados está congelada. A comienzos de año, una jueza dictó medidas cautelares que impiden la venta parcial y total con el terreno que catastralmente fue bautizado con el nombre de La Providencia. La historia alrededor de este botín que el Distrito reclama como suyo, pero que se comenzó a engordar en tribunales judiciales para beneficio de privados, lleva varias batallas que han sido documentadas por SEMANA.

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El Consejo de Estado está a punto de definir el pleito iniciado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que en el año 2014 fue condenada a pagar 64.215 millones para la adquisición de La Providencia. En esta sorpresiva decisión el Distrito fue encontrado responsable de haber omitido la orden que en el año 2002 se había hecho desde el Tribunal para que el humedal fuera adquirido como mecanismo para su preservación.

Fue en ese momento cuando salieron a flote todos los interrogantes sobre cómo fue que este extenso predio cayó supuestamente en manos de particulares. La decisión del tribunal desembocó en una investigación contra el magistrado, y en procesos penales contra su exjudicante –que tiene un jugoso porcentaje de derechos litigiosos sobre el lote–, también contra los propietarios y abogados que aparecen en la larga cadena de falsa propiedad. Aunque la justicia no se ha pronunciado de fondo sobre quiénes estuvieron detrás del robo del humedal, sí hay veredictos concluyentes que indican que existió un fraude oculto detrás de una larga cadena de falsa tradición. 

El engorde

Uno de los testigos principales en este caso es Elkin Fernando Susa Díaz, un hombre de múltiples identidades, que tiene en su prontuario haber sido financiador del asalto al Banco de la República, y una condena a 29 años por secuestro y desaparición del sacerdote Abel de Jesús Barahona en 1996. La Fiscalía llegó a él porque en uno de los documentos falseados aparece su huella dactilar asociada a otra identidad. Al ser interrogado llenó vacíos de la investigación y añadió más ingredientes frente a quiénes pudieron estar detrás del robo: los jefes paramilitares de los bloques Centauros y Capital.

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Los antecedentes del predio datan de 1954 pero son como un fantasma en las oficinas de registro. En este año el señor Isidro Silva Varón, mediante sentencia de un juzgado de Bogotá, habría adquirido el predio por prescripción. No obstante, no hay rastro alguno de esta sentencia ni de su proceso. Además, la descripción de linderos se limita a decir que por el norte colinda con el río Bogotá y al occidente, oriente y sur con propiedad privada. Es decir, podría ser cualquier terreno ubicado a orillas del río Bogotá.

Más adelante, en 1979, se registra una venta del señor Isidro Silva a Álvaro Rojas Barbosa, fallecido. La transacción se hizo por 20 millones de pesos sin que existiera ninguna delimitación clara de su ubicación. Esta solo se vino a realizar en 1996 en la Notaría 29 de Bogotá, que aceptó esta aclaración de linderos sin contar con la resolución o certificado de la oficina de Catastro.

Después de años de interrogantes alrededor de esta transacción aparece Susa, quien asegura que impulsado por un abogado experto en tierras compró con el fin de hipotecar. Una estrategia fraudulenta con la que los criminales, dice la Fiscalía, legalizan el predio mediante maniobras falsas para después obtener recursos del sistema financiero.

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Susa le dijo a la Fiscalía que hasta acá no había nada de ilegal, ya que él compró a quienes tenían la posesión por haber heredado el lote en el año 53. “Lo que hicimos fue hacer el juicio de pertenencia y legalizar las tierras. Puse la plata y el abogado Policarpo Suárez (fallecido) me dijo deme 30 millones para confirmar las escrituras y sacar el crédito con Granahorrar”.

Sin embargo, a renglón seguido confiesa que puso a Álvaro Rojas Barbosa para facilitar el trámite del crédito en el banco ya que para ese momento estaba en el radar de la justicia y no podía actuar de frente. En su declaración especifica que el negocio se hizo en el año 1996, pero que el abogado Suárez fue el encargado de correr la escritura como si el negocio se hubiera cerrado en el año 79. “No sé cómo lo hicieron, eso lo hizo el doctor Policarpo. Es decir, hicimos aparecer una escritura del año 1979”, afirmó.

Esta versión coincide con el hallazgo de la Fiscalía, que al revisar la escritura 7007 encontró que está pegada y no cosida a los libros. Además, los sellos no corresponden a los de la época y el índice de los libros no coincide con el contenido.

Pero el crédito que buscaban no salió, y Susa asegura que fue necesario adelantar la cuestionada aclaración de linderos, que finalmente ubicó La Providencia encima de un lote del Distrito. En su declaración, explica cómo primero hicieron que el predio apareciera como humedal y luego le quitaron esa denominación para poder construir allí. “Le doy 15 o 20 millones de pesos para una persona del Agustín Codazzi para que se levante la denominación de humedal. Conclusión, en el año 97 llega Ángel (Gaitán Mahecha) a ese negocio”.

Susa asegura que buscó la ayuda del esmeraldero Ángel Gaitán Mahecha, quien fue asesinado en La Picota cuando cayó capturado por paramilitarismo y homicidio. Este habría incluido en el negocio al exjefe paramilitar del Centauros Miguel Arroyave (también asesinado) y a Carlos Alberto Álvarez Borrego, alias el Capi, quien quedó encargado de la ejecución del negocio. La teoría de la Fiscalía apunta a que antes se quiso conseguir dinero con el sistema financiero pero después la estrategia cambió: era el mismo Distrito quien iba a terminar pagándoles.

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Con la tierra quieta durante años, Susa emprendió el nuevo negocio. Para conseguirlo dice que falseó la identidad de su antiguo amigo del colegio César Alfredo Fernández, fue a través de este nombre que Rojas Barbosa le pasó el predio a Jorge Cortés, hombre que al parecer tenía la confianza de Ángel Gaitán.

Esta transacción se cerró cuatro meses antes de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara al Distrito mediante acción popular la compra del humedal Jaboque para su conservación. 

Pocos días después del negocio, Susa detalla que Gaitán Mahecha fue capturado. “Yo visitaba a Ángel en la cárcel. Y lo visitaba porque nos tocó hacer otra cosa para que el terreno quedara como humedal y que el Distrito, que era un único comprador, lo pudiera pagar legalmente; para que el Concejo le dijera que la Alcaldía que podía comprar (...). Ángel me dijo eso se lo vamos a vender al Distrito, después, me capturan. Ese abogado Policarpo era el contacto con el Concejo de Bogotá”.

La Fiscalía avanza en procesos penales contra varios de los mencionados. “Tenemos una decisión judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le reconoce a Cortés $65.000 millones de pesos de los cuales 12.000 le corresponden a Kelly Andrea exjudicante y exempleada del magistrado Vargas”, aseguró en una audiencia judicial. Por esta razón, se cree que la imputación al magistrado Vargas Bautista sea un desarrollo importante al que aún le quedan piezas sueltas que pronto se van a unir.