Batman, el supuesto alias del Magistrado Castellanos en los chats de la red del Mellizo

Hace un año, en una investigación que destapó el escándalo por los presuntos nexos del Mellizo con una alta funcionaria de la Fiscalía, los investigadores se toparon con unos confusos chats. Eran mensajes de WhatsApp difíciles de ignorar ya que se referían al pago de dineros a alguien que apodaban Batman y que -al parecer- tenía un poder superior al resto de integrantes de la organización. 

Los mensajes fueron encontrados en el teléfono que le fue incautado a Juan Carlos Restrepo, el abogado de alias El Mellizo. El narco es conocido pues fue uno de los colados en el proceso de Justicia y Paz de los paramilitares. Al ser interrogado sobre la identidad de Batman, Restrepo reveló una información que generó sorpresa. 

El abogado fue capturado cuando el ente investigador golpeó el supuesto círculo que ayudaba desde la Fiscalía al Mellizo. El paramilitar quería hacerle el quite a una exclusión de los beneficios de Justicia y Paz. En el operativo fue detenida la fiscal Hilda Jeanette Niño y su esposo Gustavo Adolfo Calero, quienes asesoraban y beneficiaban presuntamente a varios integrantes del Bloque Vencedores de Arauca, del que el Mellizo era el jefe. En el proceso de extinción de dominio contra la pareja, la Fiscalía ha encontrado cuatro bienes por 3.000 millones de pesos, al parecer obtenidos con dineros ilegales. Se trata de un apartamento en La Florida, un apartamento en Bogotá y dos lotes en Boyacá. 

Hasta allí, el escándalo tocaba a una de las funcionarias más poderosas en la Dirección de Justicia Transicional. Pero lo que reveló Restrepo en su intento de negociación con la justicia resultó ser mucho más preocupante, y es que el magistrado encargado de dictar sentencia por los miles de muertos y torturas de uno de los bloques paramilitares más sangrientos del país, al parecer recibía pagos del capo preso en Estados Unidos. El alias de Batman se lo habrían puesto por la toga que usaba durante las audiencias.

Se trata de Eduardo Castellanos, un magistrado que llegó al cargo en los tribunales de Justicia y Paz casi desde el momento en que comenzó su implementación. Antes fue juez 52 penal de Bogotá y trabajó en la Rama Judicial en el Meta. Es abogado de la Universidad Católica y especialista en Derecho Penal. En la tarde del jueves fue capturado por las autoridades. 

Las sospechas se hicieron más fuertes cuando el nombre de Castellanos apareció en la lista de testigos que la defensa de Niño Farfán pidió para que declararan en su favor en el juicio que se le adelanta en la Corte Suprema de Justicia.  A pesar de que estos indicios sonaban mal solo pudieron ser confirmados cuando un testigo -que ahora hace parte del sistema de protección de la Fiscalía- entregó los detalles cruciales. El hombre le entregó a la Fiscalía una serie de audios y mensajes de chat en los que Castellanos le ofrecía 10 millones de pesos, pagados en varias entregas, para comprar su silencio. También le habría regalado un teléfono celular, suscrito al operador Tigo, para poderse comunicar con él. 

El temor de Castellanos se habría hecho mayor después de la captura de Niño Farfán. Le preocupaba que el testigo confesara que a través suyo había recibido al parecer 50.000 dólares enviados por el Mellizo desde Estados Unidos. El propósito del pago era que Castellanos embolatara su inminente exclusión de Justicia y Paz, con lo que el capo perdía la posibilidad de acceder a una pena de 8 años y quedaba expuesto a sentencias hasta de 60. 

Sin embargo, eso fue lo que finalmente sucedió. El testigo le entregó evidencias al ente investigador de cómo estos dineros al parecer terminaron en los bolsillos de Castellanos a cambio de que dilatara las audiencias y entregara información confidencial del expediente. También reveló que recibió una supuesta comisión de 20 millones de pesos por hacer que un amigo suyo, que iba a interponer una acción de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, fuera representado por el abogado Juan Carlos Restrepo. 

El despacho del magistrado Castellanos emitió la sentencia contra Orlando Villa Zapata, el segundo hombre más importante de la estructura paramilitar de Arauca. Meses después, en el despacho de su colega, la magistrada Uldi Teresa Jiménez López, este excomandante fue excluído de cualquier beneficio de la ley, en una decisión que luego fue revocada por la Corte Suprema de Justicia. 

Su caso se convierte en el segundo gran golpe contra esta jurisdicción a cargo de investigar y juzgar a los paramilitares por los miles de crímenes cometidos. Con estas evidencias, la Fiscalía le imputará tres delitos a Castellanos: cohecho propio, soborno y revelación de secreto ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.