JUDICIALES
Magistrado Farfán declaró insubsistentes a dos empleados que ahora lo acusan de acoso y aceptó la renuncia de otros dos; crece el escándalo
El magistrado Francisco Farfán está en el centro de la controversia por, supuestamente, haber filtrado información confidencial a miembros de la familia Gnecco.
El escándalo por la supuesta filtración de información confidencial a la familia Gnecco ha desatado una enorme controversia y pelea interna en la Corte Suprema. SEMANA conoció una misiva en la que cuatro abogados que trabajaban en el despacho del magistrado Francisco Farfán le piden a la alta corporación investigar al togado por acoso laboral.
Ahora, también conoció que a dos de los firmantes, José Aníbal Mejía y John Alexander Ortega, el magistrado los había declarado insubsistentes, al parecer, antes de que ellos dirigieran esa comunicación a las altas instancias de la Corte Suprema. A otros dos, Nina Alexandra Hurtado y Liliana Suárez, les aceptó la carta de renuncia. Los decretos de esos movimientos laborales están fechados el mismo 24 de octubre, día en que se radicó la carta contra el magistrado.
El cruce de documentos el mismo día dejan ver que al interior de ese despacho se viven momentos de mucha tensión y desconfianza.
En la misiva que los cuatro abogados radicaron al magistrado Cesar Reyes, presidente de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Surpema, los miembros de la corporación aseguran que tras los hechos revelados por los medios de comunicación que cuestionan al magistrado Farfán, su jefe les pidió el pasado 19 de octubre a todos que le entregaran su carta de renuncia “sin que mediara razón o motivación al respecto”.
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“Hemos sido objeto de un total y absoluto maltrato sicológico de parte del magistrado”, señalan los abogados.
Y agregan que este maltrato “atenta flagrantemente contra nuestra dignidad humana, honra y buen nombre, pero especialmente contra nuestra integridad mental”.
La petición de ellos es clara: “Solicitamos que se tomen las medidas para que cese el acoso del que hemos sido víctimas”, piden a la alta corporación y aseguran que está en juego su estabilidad mental.
Para los trabajadores, eso ha puesto un manto de duda sobre sus carreras que les ha generado un enorme impacto. Por otro lado, un grupo de trabajadores del despacho también remitió una carta a SEMANA en la cual aseguran que no existe dicho maltrato y que se trató de un pedido de renuncia protocolaria, usual en los cargos de libre nombramiento y remoción como los que ellos tienen.
Los hechos tienen que ver con un presunto favorecimiento a la familia Gnecco. Supuestamente, el magistrado habría sido quien dio la orden de interceptar legalmente sus teléfonos, en el marco de una investigación judicial por compra de votos, pero luego les avisó que tuvieran cuidado de lo que hablaban por allí.
“José, es que Francisco Farfán (...) mandó un mensaje que te dijera que el teléfono, al tuyo, están copiando todo”, dijo Cielo Gnecco en una de esas interceptaciones.
A la baronesa electa del Cesar le emitieron orden de captura la semana pasada por un caso en el que se la acusa de ordenar dos homicidios. Desde entonces no se sabe nada de ella. El fraude para las elecciones al Congreso de 2018 también salpica de forma directa a su sobrino, José Alfredo Gnecco, quien resultó reelecto con más de 61.000 votos.
La génesis de este asunto se remonta al 14 de febrero de 2018, cuando llegó una denuncia a la Corte Suprema en la que se alertaba que en medio de la campaña para la reelección de José Alfredo Gnecco estaban ofreciendo 50.000 pesos por cada voto. Para la caza de sufragantes, señala la acusación, se había montado una compleja estructura que contaba con la participación de comerciantes, dirigentes políticos y familiares del congresista, que ya completaba más de una década en el Senado.
“Ha orquestado un plan criminal para la compra masiva de votos en los municipios de La Paz, San Diego y especialmente en el norte del departamento del Cesar”, aseguraba el denunciante. Para demostrar lo dicho, mencionaba con cargos, nombres y apellidos a las personas que estaban participando en esta conducta ilegal a pocos meses de los decisivos comicios.
A pesar de que la Corte ordenó la interceptación de los teléfonos, de allí no obtuvo ninguna prueba. Las conversaciones siempre eran, según los reportes, de temas familiares.
El caso sigue generando incertidumbre y malestar en la rama judicial, ahora en el despacho del mismo magistrado cuestionado.
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