Magistrado logró aplazar audiencia de imputación de cargos en su contra por sufrir de estrés

Por tercera oportunidad se aplazó la audiencia en la que se le iban a imputar cargos al magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, Jorge Eliécer Mola Capera, por presuntamente haber emitido decisiones contrarias al derecho en el conflicto jurídico que existió por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Pese a que todo estaba listo, la diligencia se tuvo que reprogramar porque el magistrado presentó una incapacidad médica firmada, casualmente, este 5 de diciembre por el doctor Salman Habib.

En el documento allegado a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá se señaló que Mola Capera cuenta con una incapacidad de tres días por un cuadro de hipertensión, presión y estrés. Todo esto derivado y relacionado con la audiencia en la que se le vinculará formalmente por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal.

La situación mereció el reclamo del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que, para este caso, funge como juez de control de garantías, puesto que el médico que firma la incapacidad es un especialista en rejuvenecimiento. “(...) no pertenece a una EPS y vemos que, parece que es de una clínica estética”, por lo que consideró el documento allegado como “informal”.

El magistrado Mola Capera fue vinculado a la investigación por haber emitido un fallo de tutela beneficiando los intereses del rector de la Unimetro, Juan José Acosta Osío, en el litigio que existía con el excónsul Luis Fernando Acosta y su primo Alberto Acosta Pérez por el control del centro universitario, el cual es considerado un fortín político.

En este complejo litigio, y por intentar sobornar a un juez con 200 millones de pesos para que fallara favorablemente una demanda, ya fue condenado a seis años de prisión el exsenador Eduardo Pulgar Daza.

No es la primera vez

Mola ya enfrenta un proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos por prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito. En ese caso, la imputación de cargos se convirtió en una verdadera odisea, puesto que el magistrado presentó varias excusas médicas. En la audiencia de febrero de 2020, el togado envió un memorando aduciendo que necesitaba guardar reposo.

Sin embargo, tras el llamado de atención de la Fiscalía y los representantes de víctimas, apareció nuevamente en la sala de audiencias, manifestando que tenía una arritmia cardíaca y asfixia. No contento con eso, acusó a su propio abogado de ser “compadre” del delegado del ente investigador que realizaba la imputación de cargos, por lo que era una vulneración a su debido proceso. Esto ocasionó que la audiencia se aplazara mientras buscaba un abogado de su plena confianza.

El rompecabezas por el control de la universidad

Es una historia que parece de telenovela. En 2014 inició una puja dentro de la universidad por el control del Consejo Directivo y la Rectoría. Carlos Jorge Jaller Real, esposo de Ivonne Acosta Acero, hija y heredera del excongresista Gabriel Acosta Bendeck, fundador de la universidad en 1973, por medio de la fundación que lleva su nombre, fuera retirado por la junta, conformada, en su gran mayoría, por la familia de Acosta.

El primer round de la disputa familiar por el control de la universidad terminó con el registro de un rector distinto ante el Ministerio de Educación. Situación bastante atípica, hecho por el cual el ministerio tuvo que intervenir para definir quién debía ser el rector de la Unimetro.

En ese punto apareció la sombra del senador Eduardo Pulgar, quien buscó interceder ante la ministra de la época y la Presidencia de la República con el único fin de que se efectuara la inscripción del rector que él quería, a quien él mismo menciona como “un tipo” que es “sobrino del viejo Gabriel Acosta”.

Las dos partes decidieron tocar las puertas de la justicia. Carlos Jaller Raad, el destituido rector, radicó una denuncia ante la unidad de delitos contra el patrimonio público y presentó una solicitud de audiencia de restablecimiento del derecho y la suspensión de todos los actos que avaló el Consejo Directivo de la universidad, el 6 de diciembre de 2016, ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Usiacurí (Atlántico), cuyo titular era Andrés Fernando Rodríguez Caez.

El fiscal 56, delegado ante los jueces penales del circuito de Barranquilla, Gustavo Adolfo Orozco Pertuz, abrió investigación contra Alberto Enrique Acosta Pérez, Juan José Acosta Ossío, Luis Fernando Acosta Ossío, María Cecilia Acosta Moreno, Eduardo Acosta Bendek y Gina Eugenia Díaz Buelvas por los delitos de falsedad en documento privado, obtención de documento privado, obtención de documento falso, fraude procesal y concierto para delinquir.

Pese a que el fiscal fue retirado de la investigación por orden de la Dirección de Fiscalías Seccional del Atlántico, siguió participando en las audiencias de solicitud de medida de aseguramiento y acusación. Igualmente, participó activamente en la audiencia que culminó con la suspensión del “Acta 001 de Asamblea Extraordinaria” de la Fundación Acosta Bendek, ordenada por el juez 13 Penal Municipal de Función de Control de Garantías.

El hecho que el fiscal, pese a que había sido retirado y tenía que trasladar el expediente, siguiera participando en las audiencias y haciendo solicitudes, fue considerado como un prevaricato y un fraude procesal. La misma suerte corrió el juez de garantías Alberto Oyaga Machado, quien admitió su presencia en la diligencia y avaló su petición para capturar a Alberto Enrique Acosta Pérez y Juan José Acosa Ossío.

Lo mismo le ocurrió al juez 13 Penal Municipal de Función de Control de Garantías de Barranquilla, Rafael de Jesús Uribe Henríquez, quien suspendió lo avalado en la asamblea de la universidad y todas las actas emitidas por la misma. Esto pese a que el caso no era de su competencia porque se trataba de actos administrativos y civiles.

Ahora los tres funcionarios judiciales están en el banquillo de los acusados. La Corte Suprema, en un fallo conocido por SEMANA, rechazó la petición de nulidad presentada y ordenó la continuación de su proceso en Bogotá para blindarlo de garantías y evitar a toda costa maniobras dilatorias o acciones que afecten la administración de justicia.

El favorecimiento a los primos Acosta

Tras resolver una acción de tutela, el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó suspender los efectos de los fallos que dejaron sin efecto los cambios en el Consejo Directivo de la universidad. Esta decisión favoreció directamente a los primos Alberto Acosta Pérez y Luis Fernando Acosta Ossío quienes podían seguir mandando a sus anchas en la Unimetro.

Pero la compleja historia no parece terminar acá. Los magistrados que tomaron la decisión, Eliécer Jorge Mola Capara y Demóstenes Camargo, fueron vinculados a un proceso por prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito.

Esto al considerar que actuaron de manera arbitraria con el único fin de favorecer derechos inexistentes e imaginarios que terminó beneficiando a los primos Acosta. Los dos magistrados serán acusados el próximo año ante la Corte Suprema de Justicia.