Magistrado ponente del Caso Uribe fue nombrado director de derechos humanos en la administración de Eduardo Montealegre en la Fiscalía

Expertos penalistas lanzaron una píldora para la memoria con un hecho que llama poderosamente la atención. El magistrado ponente en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe fue subalterno de la contraparte en este expediente y nunca lo advirtió, por lo menos no de manera pública.

Se trata de Carlos Andrés Guzmán, actual magistrado de la sala penal del Tribunal de Bogotá, quien tuvo bajo su responsabilidad el estudio de los elementos de prueba del Caso Uribe, luego de la decisión que, en primera instancia, le negó a la Fiscalía la preclusión en favor del expresidente por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Guzmán es el ponente de la decisión de segunda instancia que, según conoció SEMANA, ratificó el fallo de la juez al negar la preclusión y ordenar a la Fiscalía llamar a juicio al exmandatario. Sin embargo, el magistrado olvidó informar a sus compañeros de sala, y al resto de las partes del proceso, que hace apenas unos años era subalterno del entonces fiscal Eduardo Montealegre en la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía.

Según los expertos, el magistrado debió dejar sentada dicha situación, en aras de garantizar la transparencia, no solo con los involucrados en este proceso, entre ellos el mismo Montealegre, víctima en este caso, sino con sus propios compañeros de sala, quienes también analizaron el expediente y la decisión de primera instancia, la misma que ahora resuelven.

Revisando las actuaciones en el tribunal con relación al Caso Uribe, no deja de ser particular que, mientras la defensa del expresidente Álvaro Uribe se abstuvo de interponer recursos, fue la representación de víctimas la que se lanzó a recusar al magistrado Guzmán por considerar que tenía algunos impedimentos a la hora de resolver la segunda instancia.

En su momento, el exfiscal Eduardo Montealegre y la defensa del senador Iván Cepeda aseguraron que el magistrado debía apartarse de la decisión por considerar que su criterio podría estar afectado, por cuanto ya había decidido, a favor de la Fiscalía, una tutela que presentaron las víctimas, además de que su esposa es funcionaria de la Fiscalía. La recusación fue negada por el Tribunal Superior de Bogotá.

La discusión jurídica recuerda los hechos que, justamente en el mismo proceso, generaron debate sobre los impedimentos que pudo tener la magistrada Cristina Lombana, de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, cuando a su despacho llegó el expediente con el Caso Uribe. En su momento, aseguraron que ella no podía conocer el proceso porque fue militar y Uribe comandante de las Fuerzas Militares: acudieron a la llamada “teoría de la apariencia de la imparcialidad”.

Esa misma situación, de acuerdo con los expertos, estaría ocurriendo con el magistrado Guzmán en esta instancia. Fue subalterno del exfiscal Montealegre, como lo fue, según los argumentos, la magistrada Lombana del expresidente Uribe, solo que, en esa oportunidad, a ella le quitaron el proceso. En esta oportunidad, al parecer, no aplica la “teoría de la apariencia de la imparcialidad”.