El magnicidio de Álvaro Gómez: un capítulo más

El asesinato de Álvaro Gómez sucedió hace 25 años y el caso había llegado a un punto muerto. Pero como el exfiscal Néstor Humberto Martínez lo declaró crimen de lesa humanidad, los términos no prescriben. Esto, combinado con el llamado que el presidente Iván Duque le hizo al fiscal Francisco Barbosa para que le diera prioridad al esclarecimiento de ese asunto, ha llevado a nuevos desarrollos.

Por una parte, la Fiscalía le trasladó el caso al fiscal delegado ante la Corte Suprema alegando que había un aforado dentro de la investigación, sin revelar el nombre. Sin embargo, se da por hecho que se trata de Horacio Serpa. Por otra parte, la representante liberal Kelyn González, de la Comisión de Acusación de la Cámara, presentó un proyecto para reabrir el proceso que ese organismo le había cerrado hace años al entonces presidente Ernesto Samper. Eso, en la práctica, significa que este y el exministro Horacio Serpa tendrán que acudir a la Justicia para aclarar si tuvieron o no una participación en ese episodio.

El objeto de reabrir la investigación es ver si existen elementos nuevos que permitan llegar a conclusiones diferentes. Eso conviene, pues el país necesita saber la verdad sobre un tema que hasta ahora solo ha sido objeto de especulaciones. En Colombia se habla mucho de impunidad en relación con los magnicidios, pero en realidad solo en dos nadie sabe lo que sucedió: el de Jorge Eliécer Gaitán y el de Gómez. En relación con otros casos emblemáticos, hay claridad sobre los autores intelectuales y materiales, y solo quedan como cabos sueltos los cómplices del crimen. Los homicidios de Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara, Jaime Garzón, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, Guillermo Cano, Jaime Pardo Leal, Carlos Mauro Hoyos y otros fueron ordenados por Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Castaño o una combinación de estos.

Sobre Álvaro Gómez se han manejado dos hipótesis de investigación: 1) que lo mataron unos militares cuando se negó a participar en un golpe de Estado luego de que le informaron del mismo; 2) que el cartel del Norte del Valle llevó a cabo el operativo para darles gusto a Samper y Serpa. Las dos teorías no se excluyen y en ambas hay hechos ciertos, pero también cabos sueltos.

Principalmente, la familia de Álvaro Gómez promueve la teoría de que se trató de una manguala entre el entonces presidente, su ministro y el cartel del Norte del Valle. Y Samper con Serpa sostienen la versión de que unos militares perpetraron el asesinato porque Álvaro Gómez sabía demasiado. La Fiscalía en este cuarto de siglo ha alternado entre esas dos hipótesis, pero la línea de investigación, al parecer, apunta hacia el cartel del Norte del Valle. Solo así se puede explicar que hayan llamado otra vez a declarar a Samper y Serpa.

Algunos indicios señalan que ese cartel estuvo detrás del asesinato de Gómez Hurtado. Sobre esto han hablado mafiosos y paramilitares como Rasguño y Carlos Castaño. La vinculación del expresidente y el exministro con ese crimen obedece principalmente a los testimonios del narcotraficante Luis Hernando Gómez, alias Rasguño, y la del exministro Fernando Botero, quien planteó la teoría del crimen de Estado, después de que Samper lo acusó de quedarse con una plata de la campaña. La Fiscalía y la Comisión de Acusación ya habían escuchado esos dos testimonios, pero los habían descartado por dos razones: el de Botero por falta de sustancia y el de Rasguño por inconsistencias.

Botero había revelado una serie de cosas que podían ser verdad, pero de las cuales no se podía deducir que Samper o Serpa tuvieran algo que ver con el magnicidio. El exministro de Defensa dijo que participó en reuniones que buscaban estrategias para desviar la atención de la financiación de la campaña. Eso seguramente fue verdad, pero suena más a estrategia de comunicación. Por otra parte, afirmó que fueron a visitarlo a la caballería Serpa y William Rodríguez, lo cual también debe ser cierto. Aunque lo visitaron seguramente para neutralizar su posible testimonio sobre la narcofinanciación y no para contarle que iban a matar a Álvaro Gómez.

William era hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los jefes del cartel de Cali, que entonces estaba en guerra con el del Norte del Valle, al que se señala de estar metido en el magnicidio. Botero también ha dicho que le pidieron monitorear a Álvaro Gómez. Eso suena raro, pues había una docena de personas, entre políticos, periodistas y empresarios, que representaban una amenaza mayor para el Gobierno, y que también tendrían que ser monitoreados. Pero aun si fuera cierto, estar pendiente de las actividades de una persona no significa que esta sea objetivo militar.

Contrario a lo que pasa con el testimonio de Botero, que carece de sustancia, el de Rasguño tiene mucha. Afirma que Samper y Serpa habían utilizado al abogado Ignacio Londoño para que le mandara un mensaje a Orlando Henao, alias el Hombre del Overol y capo del cartel del Norte del Valle. Supuestamente, Gómez se había convertido en una piedra en el zapato para el Gobierno y había que eliminarlo. Londoño era un hombre de confianza de los capos de Cartago y parte de la acusación se centra en una supuesta cercanía de él con Samper y Serpa. Esa relación obedecería a que Nacho era hijo de la pareja que había dominado durante años la política liberal en Cartago, y todo el que hacía política en esa región lo conocía. El testimonio de Rasguño es concreto y muy grave, pero la Justicia ya lo había descartado por inconsistencias y falta de credibilidad. No quedó demostrado que la acusación al expresidente y al exministro fuera falsa, aunque en relación con los otros elementos de su confesión las mentiras quedaron en evidencia. Habrá que ver si en esta nueva etapa han aparecido nuevos hechos que permitan llegar a una conclusión diferente.

Así como hay serios indicios de que el cartel del Norte del Valle pudo haber participado en el magnicidio, también es claro que en el apogeo del proceso 8.000 había grupos pensando en un golpe de Estado. Las dos pruebas más concretas son el testimonio del entonces embajador de Estados Unidos en Colombia Myles Frechette, y el documento que apareció en la caja fuerte de Rommel Hurtado, el ex secretario privado de Álvaro Gómez. Frechette manifestó que los supuestos golpistas lo habían visitado para preguntarle cuál sería la posición de Estados Unidos frente a ese intento, a lo cual él respondió que su Gobierno lo rechazaba. Y en cuanto a Rommel Hurtado, después de que lo asesinaron apareció en su caja fuerte un manifiesto golpista que relataba los pormenores y las etapas que deberían tener lugar tras la caída de Samper. El primer punto de ese documento hablaba de la extradición inmediata de los capos del narcotráfico a Estados Unidos.

Pero el hecho de que hubiera conspiraciones para un golpe de Estado no significa que Gómez estuviera enterado ni que lo hayan matado por eso. Tampoco significa que tenga menos fuerza la teoría de que el cartel del Norte del Valle llevó a cabo el operativo, lo cual parece cada vez más probable. Eso podría tener lógica, pues si los capos del narcotráfico llegaron a pensar que serían extraditados si Samper caía y que por alguna razón Gómez podría contribuir a tumbarlo, al eliminarlo estarían salvando su propio pellejo. Pero de lo que no hay duda es que Gómez no se iba a prestar para un golpe de Estado, y que si su nombre estuvo en la mente de algunos, fue sin su consentimiento.

En relación con el magnicidio de Gómez hay unas circunstancias curiosas. Cuando quedó en evidencia la narcofinanciación de la campaña, un grupo de políticos, periodistas, empresarios y el Gobierno de Estados Unidos fueron tildados de “conspiradores” porque consideraron que Samper debería renunciar. Lideraban esa “conspiración” el embajador Frechette, el fiscal Alfonso Valdivieso y casi todos los periodistas de renombre del país, con excepción de Roberto Posada y Hernando Santos. Estaban los directores y los columnistas de los principales medios. Hoy esas personas que buscaron con vehemencia la renuncia del presidente descartan de plano la posibilidad de que este hubiera sido cómplice del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Y eso incluye al entonces embajador Frechette que le quitó la visa, y al fiscal Valdivieso, quien lo acusó ante el Congreso.

La familia del inmolado líder conservador lidera la batalla por vincular a Samper y Serpa con ese crimen. Ellos han investigado el caso y han contribuido a mostrar los vínculos entre el cartel del Norte del Valle y el magnicidio. Fundamentan la responsabilidad que les atribuyen a Samper y Serpa en los testimonios en contra de ellos, principalmente los de Botero y Rasguño. La parte débil de su argumentación es que consideran que la prueba reina que vincula a Samper con el magnicidio es la entrada de la plata del narcotráfico a su campaña. La vehemencia con que esgrimen esa tesis le quita credibilidad al resto de su argumentación. El país conoce los detalles de la financiación ilegal de la campaña de Ernesto Samper y del proceso 8.000, y ese pasará a la historia como uno de los capítulos más oscuros. Sin embargo, no tiene el menor peso jurídico deducir que por cuenta de ese episodio el entonces presidente de la república y su ministro del Interior se convirtieron en asesinos.