Magnicidio de Carlos Pizarro | Piden la declaración de Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno con el ELN, para esclarecer el crimen

El actual jefe negociador del Gobierno para el proceso de paz que se adelanta con la guerrilla del ELN, Otty Patiño podría ser citado por la Fiscalía General dentro de la investigación que se adelanta por el magnicidio del excomandante del M-19 y el candidato presidencial, Carlos Pizarro Leongómez, registrado el 26 de abril de 1990.

Así lo pidió el representante de la familia de Pizarro Leongómez quien sostiene que Patiño, siendo parte del M-19, tendría información sobre el crimen. En la solicitud, firmada por el abogado Sebastián Bojacá se manifiesta la necesidad de recolectar más información para esclarecer este hecho.

Tras el crimen se conformó una comisión de investigación que se enfocó en el cambio intempestivo del esquema de seguridad del candidato presidencial, quien fue asesinado dentro de un avión cuando viajaba a rumbo a Barranquilla. Los escoltas de Pizarro abatieron ahí mismo al joven sicario, quien subió con documentación falsa y a última hora al vuelo comercial.

La defensa del excomandante del M-19 sostiene que durante la investigación se presentó el ocultamiento de información frente a la modificación del esquema de protección. Igualmente, le pidieron al recién reasignado fiscal Hugo Tovar Pérez y la comisión conformada recolectar la declaración del excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, quien actualmente se encuentra cumpliendo una condena en los Estados Unidos por narcotráfico.

La posición de la defensa de los familiares de Pizarro es que no se ha indagado la participación de directivos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en la planeación y ejecución del crimen. Iualmente, el conocimiento de agentes de la Fuerza Pública en alianza con los paramilitares comandados por Carlos Castaño Gil.

En la actualidad únicamente está siendo procesado Jaime Ernesto Gómez, quien era uno de los escoltas de Pizarro. La Fiscalía General lo señala de haber sido el agente que le disparó y causó la muerte al sicario dentro del avión. Años después fue vinculado al caso tras considerar que su versión sobre la forma en cómo ocurrieron los hechos presentaban contradicciones e inconsistencias. Con este actuar, se habría desviado la investigación durante décadas.

En marzo de 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó el sometimiento del exagente del DAS y devolvió el expediente a la Fiscalia. Esto tras considerar que nunca mostró voluntad de aportar a la verdad y tuvo una actitud reacia con los familiares del candidato presidencial asesinato.

“(...) las afirmaciones contenidas en el escrito de impugnación, que sugieren que las personas afectadas por el homicidio del señor Pizarro Leongómez que intervinieron durante el trámite son reacias al esclarecimiento integral de los hechos”, señaló la Sección de Definición de Situaciones Jurídicas en su momento.

El pasado 3 de enero, el despacho de la Vicefiscal General emitió una resolución en la que se ordenaba la conformación de un grupo especial de fiscales para fortalecer la investigación e identificar después de tres décadas a todos los implicados en este magnicidio. El jefe de la dirección contra las Violaciones de los Derechos Humanos, Hugo Tovar Pérez, y los fiscales Mauricio Ponce y Pablo Porras estarán frente a la recaudación y revisión de los elementos materiales de prueba.

La senadora María José Pizarro, hija del excomandante del M-19, celebró la decisión y consideró que lucha contra la impunidad en este caso. “Con la creación del grupo especializado le da un nuevo impulso. Esperamos romper la impunidad de 32 años, el país y su familia merecemos la verdad”, publicó en su cuenta de Twitter.

Considera que después de 32 años no se ha emitido una sola condena ni se han vinculado a todas las personas que tuvieron conocimiento y participación tanto en el crimen como en la desviación de la investigación.