Disfrazados de lobos, manifestantes piden mantener registro de violadores

Un grupo de manifestantes, entre los que se encontraban padres de familia y organizaciones a favor de los derechos de los niños, se presentaron el día de hoy a las afueras del Palacio de Justicia para pedirles a los magistrados de la Corte Constitucional que no derogue la Ley 1918 de 2018, en la que se reglamenta el registro de abusadores sexuales.

Lo particular de la protesta es que los manifestantes estaban disfrazados con máscaras de lobos y vestidos con indumentaria referente a las profesiones y cargos que tienen más cercanía con los niños, con el fin de enviar el mensaje de que "un violador se puede disfrazar del cuidador de tus hijos", como se leía en uno de los carteles.

Uno de los principales argumentos de este grupo de manifestantes es que, según el Inpec, entre el 9 y el 10 por ciento de las personas acusadas por delitos sexuales contra menores de edad, habían estado en prisión por haber cometido un crimen de esta naturaleza.

Así mismo, decidieron hacer presencia este jueves porque ha trascendido que los magistrados de la Corte Constitucional se encuentran estudiando una demanda presentada por dos abogados de la Universidad de Manizales, quienes argumentan que la norma va en contra de varios artículos constitucionales.

Además, mencionan que a partir de la ley se genera exclusión y sentencias de por vida contra quienes han cometido este delito, lo cual iría en contravía del Estado social de derecho. También dicen que actualmente ya existe la normatividad jurídica para que por medio del Código Penal se puedan establecer sentencias para este delito.

Sobre esto, Eduardo Castro, uno de los padres de familia que hizo presencia afuera del Palacio de Justicia y que organizó la manifestación, dijo que: “Estamos preocupados porque si se tumba esta ley, los abusadores pueden llegar a nuestras casas, a nuestros colegios, estar cerca de nuestros niños con facilidad” y les pidió a los magistrados que no deroguen la ley.

El año pasado, el presidente Duque firmó esta ley que fue aprobada en el Congreso por iniciativa de la senadora conservadora Nadia Blel. La congresista afirmó que: “Le pedimos a la Corte que escuche a la ciudadanía, a los padres de familia, a las fundaciones que trabajan a favor de los niños. No les pueden quitar esta herramienta”, afirmó.

Uno de los argumentos para que no se quite esta ley es que según el ICBF, en lo corrido de este año se han atendido más de 4.300 casos de abuso sexual contra menores de edad. Solo en 2019 se registraron 25.695 víctimas, de las cuales el 74 por ciento eran menores de 15 años.

Por eso, los manifestantes consideran que con el registro de abusadores sexuales los colegios, las instituciones deportivas, médicas, culturales y cualquiera otra que tenga bajo su responsabilidad el cuidado o la protección de los niños, tienen una herramienta para velar por la protección de los menores.

Actualmente, estas instituciones tienen la obligación de verificar en la base de datos si la persona que van a contratar para su personal tiene alguna inhabilidad por haber cometido delitos sexuales contra menores.

Hasta la fecha ya se han realizado más de 16.500 consultas en esta plataforma. Esta herramienta actualmente es coordinada por el ICBF y la Policía Nacional, y se establece principalmente para el sector salud, educativo y otros en los que los trabajadores tienen contacto con menores de edad.

Con respecto a la vulneración del derecho al trabajo, el ICBF menciona que “no existe discriminación para el acceso al empleo, puesto que no impone condiciones restrictivas que impidan el acceso a todos los empleos, sino tan solo a aquellos para los cuales se determina la inhabilidad. Más bien, comporta una actitud necesaria para la salvaguarda de los derechos de los niños, ordenados por la Constitución y la ley”.

Este registro es un modelo que también se ha implementado en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos se estableció desde 2005 y se conoce como el Registro Público Nacional de Delincuentes Sexuales (NSOPW por sus siglas en inglés).

Sin embargo, una gran diferencia es que este registro es público y cualquier persona puede consultar sobre otra. En el caso colombiano, solo la Policía tiene acceso a este registro y las instituciones deben consultarlo directamente con las autoridades a través de un funcionario autorizado por la entidad.

En el caso de México, para Ciudad de México, el Congreso de ese país aprobó este año una ley en ese sentido, en la que también se establecerá un registro de carácter público donde las personas podrán consultar el nombre, la edad y hasta una fotografía de la persona que haya cometido feminicidios, violación, turismo sexual y trata de personas.

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