Maniobras turbias de la Fiscalía y de la Judicatura en casos de los Ramos

El testigo Carlos Enrique Areiza murió abaleado en Bello el 16 de abril de 2018, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia lo consideraba de máximo valor y había ordenado redoblar su seguridad. Su crimen se convirtió en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente. Este expolicía y exparamilitar era un eslabón importante en las investigaciones por compra de testigos que primero apuntaron al senador Iván Cepeda, pero que después le terminaron por detonar al expresidente Álvaro Uribe. Además, dio uno de los testimonios más demoledores en el juicio contra el alfil político de Uribe, el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, procesado por parapolítica.

Al revisar el historial de Areiza con la justicia, la Corte Suprema destapó presiones e irregularidades que motivaron una compulsa de copias en abril de 2018. Estas pesquisas ya comenzaron a producir resultados en la justicia. Pero SEMANA conoció nuevas intrigas, presiones y hasta decisiones arbitrarias que rondan las actuaciones judiciales. Ponen en entredicho el proceder del fiscal Gabriel Jaimes y amenazan la independencia de la Corte Suprema.

En enero de 2018, tres meses antes de morir, Areiza encendió las alertas de la Corte al asegurar que las declaraciones contra Luis Alfredo Ramos pusieron en riesgo su vida y que por esto decidió retractarse. Ante esta revelación, los magistrados no entendieron cómo el 3 de noviembre de 2016 un juez y un fiscal legalizaron un preacuerdo en el que Areiza se declaraba responsable de falso testimonio.

Para los magistrados de la Corte, esta diligencia estuvo plagada de irregularidades. Primero, criticaron que permitieran a un testigo declararse culpable aunque había denunciado serias amenazas contra su vida. Segundo, no entienden cómo el juez y el fiscal aceptaron como prueba de su falso testimonio una carta de retractación supuestamente de Areiza, pero enviada desde un correo electrónico de fuera de la cárcel. Y tercero, no se explican por qué no lo sentaron a declarar en juicio y bajo la gravedad de juramento sobre su responsabilidad.

Por estos interrogantes, la Corte compulsó copias que cayeron en manos de un grupo especial de tres fiscales adscritos al CTI, designados solo para temas anticorrupción judicial. Lideraba este equipo Daniel Cardona, el mismo funcionario al que le confiaron parte de la investigación del cartel de la toga. Cardona tenía en su poder teléfonos e interceptaciones de Leonardo Pinilla, quien estuvo a cargo de la defensa de Luis Alfredo Ramos por parapolítica y era un abogado a la sombra del extraditado exfiscal Gustavo Moreno.

Los análisis de los celulares de Pinilla arrojaron una prueba que para Cardona y su equipo indicó que la familia Ramos tuvo un interés en precipitar el polémico preacuerdo, incluso con dádivas al fiscal de falsos testigos José Ignacio Umbarila. En un chat del 2 de noviembre, en la víspera de una citación de Areiza para legalizar su preacuerdo, Pinilla le envió a este fiscal de falsos testigos un tiquete de avión de Pereira a Medellín.

Según consta en la conversación, el fiscal Umbarila estaba “varado” en Pereira y no alcanzaría a llegar a la diligencia pues, según el itinerario programado, tenía que regresar a Bogotá y luego salir a Medellín. En ese momento Esteban Ramos y su esposa, Alejandra González Chavarriaga, le compraron un tiquete por 134.000 pesos para que a las 7:30 de la mañana del 3 de noviembre partiera directamente de Pereira a Medellín. Para los fiscales que investigaban la compulsa de la Corte, resulta irregular que una de las partes en el proceso le pague un tiquete aéreo al fiscal para que alcance a llegar a una diligencia. Tiquete que, además, el fiscal Umbarila nunca legalizó, pues reportó en el búnker que lo había comprado de su bolsillo.

Los esposos Ramos admiten que compraron el tiquete, pero aseguran que lo hicieron de buena fe, pues en este proceso ellos sabían que, como víctimas y denunciantes del falso testimonio de Areiza, esta audiencia judicial era crucial. El abogado Leonardo Pinilla negó maniobras irregulares en el caso, pero sí reconoció que en esta y otra ocasión la familia Ramos le envió un conductor al fiscal Umbarila para que se movilizara a las diligencias en Medellín. Para Cardona y su equipo el poco valor del tiquete no le resta la gravedad al hecho de que un fiscal recibió dádivas de una persona vinculada a una actuación judicial. Por ello citaron a los Ramos y a Umbarila a una audiencia de imputación de cargos por cohecho.

Tomaron esa decisión en febrero y eso desató presiones internas que llevaron a que el propio fiscal general, Francisco Barbosa, interviniera directamente. El 9 de agosto, cuando se acercaba la fecha de la audiencia de imputación de cargos, la vicefiscal Martha Mancera convocó a una mesa de trabajo virtual a la que asistieron un puñado de fiscales. SEMANA conoció que estos funcionarios concluyeron en la necesidad imputar cargos contra Umbarila, pero no contra los Ramos, pues no había prueba de que hubieran obrado de mala fe.

Los fiscales que llevaban el caso encontraron insólita esta opinión no vinculante, pues no es posible cometer el delito de cohecho en una sola vía. Por eso decidieron continuar con la citación. Convocaron la diligencia para el 18 de agosto ante el juez 31 municipal de Medellín. Ese día, funcionarios de alto nivel del búnker intentaron persuadir con llamadas telefónicas a los fiscales para no celebrar la diligencia. Contra viento y marea, el fiscal Alberto Efraín Ortiz Coral les imputó cargos a Umbarila y a Alejandra González. Esteban Ramos pidió aplazar su imputación por enfermedad de su abogado. Este suceso hizo que desde la cúpula de la Fiscalía comenzara una serie de actuaciones controversiales que frenaron indefinidamente el caso y desintegraron este grupo especial de investigadores anticorrupción.

El 24 de agosto, por medio de una resolución administrativa, Barbosa delegó en el coordinador de fiscales delegados ante la Corte, Gabriel Jaimes, la convocatoria de un comité técnico jurídico para que se pronunciara. Barbosa lo decidió por petición de los esposos Ramos, que argumentaron que “ni en nuestros corazones ni en nuestra mente estuvo echar a andar un plan para desprestigiar la justicia”.

Esta primera jugada del fiscal general resulta por lo menos inusual. Está facultado para convocar a los comités técnico jurídicos en los casos que considere necesario. Pero en esta ocasión lo hizo para atender un requerimiento hecho por los procesados en el caso penal. ¿Quiere decir entonces que tratarán a cualquier procesado con las mismas reglas?

Con la delegación en sus manos, el coordinador de fiscales delegados ante la Corte, que además lleva el caso de Álvaro Uribe, expidió un oficio el 18 de agosto de 2020 en el que ordena a los fiscales a cargo abstenerse de realizar cualquier actuación de fondo en este proceso mientras no haya un pronunciamiento del comité, en el que tendrán asiento los fiscales delegados ante la Corte Carlos Iván Mejía y Fernando Bolaños.

Han pasado dos meses desde que Jaimes envió la carta que metió en el congelador el caso y aún no han citado a Mejía ni a Bolaños. Si la intención era buscar que un comité de fiscales de alto nivel revisara el caso, no se entiende cómo el 23 de septiembre la Fiscalía decidió trasladar al fiscal Daniel Cardona a Nariño. Por este hecho, el funcionario, que ha dado duros golpes contra la corrupción judicial, decidió renunciar esta semana. También lo hizo su mano derecha en el búnker, con lo que casos sensibles en desarrollo quedaron en veremos.

La Fiscalía confirmó que “se solicitó la realización de un Comité Técnico Jurídico a petición de un particular. Luego de revisada su viabilidad, se determinó su realización y está próxima su celebración”. Además, agregaron: “Para el caso, la convocatoria y ejecución del Comité fue delegada a un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto, el Fiscal General de la Nación no tiene injerencia en las decisiones que se desprendan del mismo”.

SEMANA se comunicó con el fiscal Cardona para conocer las razones del traslado a Nariño, pero este advirtió que está atendiendo una situación familiar, por lo que no concederá declaraciones.

Pero si por la Fiscalía llueve, en la Corte Suprema no escampa. Su Sala de Primera Instancia está a punto de proferir una sentencia en el proceso del exgobernador Luis Alfredo Ramos. No obstante, el Consejo Superior de la Judicatura, en una decisión repentina y arbitraria, apartó del caso al magistrado ponente. Sin prueba alguna, castigaron a Ariel Torres por filtrar el proyecto de fallo en el que pide condenar a Ramos a 19 años de cárcel por parapolítica, en parte, dándole credibilidad a la declaración de Areiza. Inexplicablemente, la judicatura ordenó presentar una nueva ponencia. Esta decisión provocó un choque de trenes con la Corte Suprema, que en pleno pidió a la Corte Constitucional estudiar cuanto antes esta tutela, pues consideran “evidente” la falta de competencia de la Judicatura para conocerla y la ausencia de soporte probatorio para separar al magistrado del caso.

Es claro que los jueces de la república tienen la última palabra en ambos casos, el de Luis Alfredo Ramos y el de su hijo Esteban. Pero los tumbos que han dado estos procesos en los últimos días dejan muchas dudas en el aire.