Máquina Tapahuecos: otro castigo a la 'Bogotá Humana'

La Procuraduría tomó una nueva decisión que compromete la gestión que desempeñó el gobierno de Gustavo Petro. Confirmó la destitución e inhabilidad por 10 años a Gilma Gómez, directora de la Unidad de Mantenimiento Vial de la época.

En la misma determinación dejó en firme la sanción en contra de la exsecretaria general de esa dependencia María Constanza Aguja y le redujo de tres a uno los meses de suspensión que le impuso a la encargada de la Jefatura Jurídica de la entidad Olga Patricia Mendoza Navarro.

En el 2013 el Distrito celebró un contrato con la empresa Green Patcher S. A. S. por 1.600 millones de pesos, con el objetivo de reparchear los tramos averiados de diferentes vías de Bogotá.

El objeto del convenio prometía arreglar en tiempo récord los puntos de intervención, a través de lo que se denominó una ‘máquina tapahuecos‘. Desde el principio, muchos vieron con escepticismo tanta efectividad. Sus temores se hicieron realidad cuando se puso en evidencia la dificultad que había enfrentado la firma contratista para cumplir con el objeto contractual.

Las críticas que recibió ese contrato más tarde se expresaron en términos legales, pues se cuestionó el hecho de que la Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento Vial hubiera adjudicado de manera directa el millonario contrato, aunque el Distrito se defendió indicando que se trataba de un convenio de ciencia y tecnología y que por eso se había celebrado de esa manera.

La Procuraduría encontró, sin embargo, que los funcionarios responsables de la contratación cometieron una falta disciplinaria, por cuanto impuso las respectivas sanciones contra los protagonistas de esta actuación.

Y aunque los procesados guardaban la esperanza de que en segunda instancia fueran absueltos, el organismo de control no cambió de opinión y determinó que durante la próxima década María Gilma Gómez y María Constanza Aguja no podrán ejercer funciones públicas, debido a su participación en la celebración del polémico contrato.

Además, determinó que la exjefe jurídica (e) Olga Patricia Mendoza deberá responder por un mes de suspensión en el ejercicio de sus funciones, lo que, eventualmente, la obligaría a devolver las contraprestaciones económicas que recibió durante 30 días.