POLÍTICA

Margarita Cabello: ¿podrá ejercer la Procuraduría con independencia?

En tiempo récord, la exministra logró el apoyo de los congresistas y tiene los votos para que la elijan procuradora. ¿Qué riesgos tiene que una exfuncionaria del Gobierno quede al frente del órgano de control disciplinario?

22 de agosto de 2020
Margarita Cabello e Iván Duque.

Como no se había visto en los últimos años, la elección del próximo procurador general de la Nación será un mero trámite y no el resultado de una puja de los partidos en la plenaria del Senado. La exministra de Justicia Margarita Cabello, ternada por Duque, tardó apenas 48 horas para conseguir el apoyo de los congresistas y quedar como favorita para reemplazar a Fernando Carrillo. ¿Cómo y por qué logró los votos en tiempo récord? ¿Qué implicaciones tiene que el órgano de control disciplinario quede en manos de una exfuncionaria del Gobierno?

La casi segura elección de Cabello promete romper varias marcas. En primer lugar, si nada extraordinario ocurre, esta abogada barranquillera será la primera mujer en presidir la Procuraduría, una entidad poderosa, con un presupuesto de un billón de pesos, y vital en la lucha contra los corruptos.

En segundo lugar, también por primera vez en la historia reciente, la persona postulada por el presidente de la república llega a la Procuraduría, con los efectos negativos que eso puede tener para garantizar el equilibrio y la separación de los poderes públicos en Colombia.

Los exprocuradores Alejandro Ordóñez o Fernando Carrillo, por ejemplo, fueron postulados por el Consejo de Estado y ejercieron con independencia frente al Gobierno de turno. Ordóñez fue un contradictor permanente de Santos y Carrillo ha sido crítico de Duque y del uribismo en general.

El presidente Duque se la jugó a fondo para garantizar que Margarita Cabello sea la siguiente procuradora.

En democracia ese contrapeso resulta fundamental, ya que permite un control eficaz de las actuaciones de los funcionarios. Esa vigilancia ayuda a tomar mejores decisiones y evita que la justicia termine politizada y atada a todo tipo de intereses.

Por esa razón ha surgido una preocupación ante la posible llegada de Cabello a la Procuraduría. La duda de fondo es qué tanta independencia va a tener cuando deba investigar disciplinariamente a sus antiguos compañeros de gabinete o tocar las fibras del poder ligado a la propia Casa de Nariño.

Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, dijo que la existencia de los órganos de control independientes tiene sentido solo si quien ejerce esa función es una persona competente, éticamente solvente e independiente de los poderes que debe controlar.

Las normas permiten que el presidente postule a un candidato en la terna a la Procuraduría. Pero ha sido una costumbre que en el Senado escojan los nombres puestos a consideración por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia.

Pero todo indica que eso va a cambiar entre el 26 y el 27 de agosto, cuando está citada la plenaria presencial del Senado. Si eligen a Cabello, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo estarán vinculadas estrechamente al poder presidencial. El fiscal Francisco Barbosa y el nuevo defensor Carlos Camargo recibieron el impulso personal de Duque para llegar a sus cargos, tal como ocurre ahora con Cabello.

El fiscal Francisco Barbosa, compañero de Duque en la Sergio Arboleda, fue impulsado por el presidente.

La exministra de Justicia no necesitó hacer mucha campaña, como era una costumbre, y la votación en el Congreso no tuvo lugar en octubre o noviembre, sino que se anticipó para finales de agosto, como nunca había ocurrido. Esto ha llamado la atención teniendo en cuenta que el periodo de la nueva cabeza de la Procuraduría comienza solo en enero próximo.

Esto puede llevar a que el país en los próximos meses sienta la presencia de dos procuradores, uno en funciones y otra en espera de comenzar en medio de un largo proceso de empalme.

El nuevo defensor del Pueblo, Carlos Camargo, también tuvo el respaldo de Duque y lo eligió la plenaria de la Cámara de Representantes.

En el caso de Cabello, cuando Duque la candidatizó, de inmediato y sorpresivamente todas las fuerzas se alinearon con su candidatura. Para el Gobierno su escogencia se convirtió en un punto de honor y la orden de la Casa de Nariño fue poner a operar la coalición.

Hoy la exministra tiene el respaldo del Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, La U y el Partido Liberal. Por primera vez la coalición del Gobierno funciona como una aplanadora, pues en el trámite de iniciativas en el Congreso no ha sido tan eficaz y solo ha tenido una victoria contundente: la aprobación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.

¿A cambio de qué todos los partidos se matricularon rápidamente con la candidatura de Cabello? ¿Hubo mermelada de por medio? Para nadie es un secreto que los políticos siempre miran con apetito burocrático a la Procuraduría y tratan de negociar cargos como la Viceprocuraduría o los 34 procuradores delegados. En el organigrama ponen también la lupa en los cinco delegados ante la Jurisdicción Especial para la Paz, en los 50 procuradores provinciales y los dos distritales.

Esta semana, los tres ternados tuvieron su espacio para exponer sus planes ante el Senado. Cabello desató una controversia al proponer abandonar la “estrecha visión tradicional del organismo de control, como siempre encasillado en la lucha contra la corrupción”. Según dijo, le apostará en su gestión a que el Gobierno cuente con políticas públicas de calidad.

Juan Carlos Cortés, buscando enviar un mensaje de alerta, dijo que asegurar la independencia de la Procuraduría es un reto fundamental y lamentó que los partidos hayan decidido antes de escuchar los planteamientos de los tres candidatos. Wilson Ruiz, por su parte, planteó una preocupación por las 33 masacres de este año en el país y también dijo que es necesario analizar el rol que va a desempeñar la Procuraduría a partir de ahora, teniendo en cuenta el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro.

Ese tribunal condenó al Estado colombiano y advirtió que el país debe revisar su jurisprudencia, teniendo en cuenta que solo la justicia penal, y no una decisión administrativa, puede restringir los derechos políticos de los funcionarios elegidos por el voto popular. Hoy, no obstante, la Procuraduría tiene esa facultad y a Petro lo destituyeron de la Alcaldía e inhabilitaron para ejercer cargos públicos, por decisión de Alejandro Ordóñez.

Una Procuraduría sin dientes para combatir la corrupción preocupa y, además, las faltas disciplinarias pueden terminar convertidas en posibles delitos penales. Carrillo sostuvo que el ajuste de las normas no puede llevar a claudicar en la lucha contra la corrupción.

Cabello tendrá sus manos este desafío en caso de que su elección se concrete. La exministra, que fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia, tiene méritos académicos, reconocimiento y una hoja de vida respetable. Comenzó su carrera como juez penal en Sabanalarga (Atlántico) y durante 19 años fue magistrada del Tribunal Superior de Barranquilla.

Como ministra no pudo sacar adelante la anunciada reforma a la justicia y enfrentó críticas por la crisis carcelaria y la matanza que hubo en la cárcel La Modelo en plena pandemia. Nadie pone en duda su experiencia. Pero ha encendido las alarmas la pregunta de si va a poder ejercer con independencia los destinos de la Procuraduría, dada su estrecha relación con el presidente y la Casa de Nariño. En el proceso de elección ha habido muchos cuestionamientos por la premura con que los partidos salieron a respaldarla al unísono y por el afán por citar la plenaria para votar por la persona que en enero próximo deberá reemplazar a Fernando Carrillo. En particular por la cantidad de fichas políticas que se movieron durante el último puente.

A los servidores públicos se les conoce por sus actuaciones. Si la eligen, Margarita Cabello tendrá que demostrar que puede ayudar a mantener la independencia de la Procuraduría y garantizar la separación de los poderes públicos en el país.