JUSTICIA

Margarita Cabello es la elegida como ministra de Justicia

La nueva ministra de Justicia, Margarita Cabello, logra reunir el difícil equilibrio de conocimento jurídico, respeto a la rama y habilidad política. ¿Será suficiente para sacar adelante una reforma a la Justicia?

15 de junio de 2019
La nueva ministra, Margarita Cabello, abogada experta en derecho de familia, es barranquillera, madre y abuela.

El presidente Iván Duque sacó de las entrañas del poder judicial a su nueva ministra de Justicia, la barranquillera Margarita Cabello Blanco, quien dejó a un lado la toga –pues le faltaba casi un año para terminar su periodo como magistrada de la Corte Suprema– y se puso la camiseta del Gobierno nacional. Su gran misión será lograr la urgente, sobrediagnosticada y siempre fallida reforma a la Justicia. En ese empeño fracasaron los siete ministros que tuvo Juan Manuel Santos así como la inmediata antecesora, Gloria María Borrero, primer relevo en el gabinete de Duque a diez meses del arranque.

La nueva funcionaria, de entrada, genera un fuerte contraste con relación a la anterior ministra. Borrero tenía conocimiento sobre las complejidades del sector pero no pudo conectarse con el Congreso de la República, las altas cortes y demás gremios de la rama, un requisito esencial para articular estas y muchas otras iniciativas que se requieren.

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Cabello, por su parte, tiene más de 30 años de experiencia como funcionaria judicial: arrancó en su ciudad natal como escribiente en un despacho, luego fue jueza, pasó por el sector privado como asesora jurídica, y llegó a magistrada del Tribunal Superior de Barranquilla. Tiene fama de jurista seria y disciplinada. Cabello ha logrado hacer una carrera en ascenso sin deberse a alguna casta política regional pero al mismo tiempo sin chocar con estas. “No es ficha de la familia Char, pero tampoco su enemiga”, explica un senador del Atlántico. En múltiples ocasiones ella misma se ha definido como “del partido de los jueces”. Lo que sí está claro es que la nueva ministra tiene amplia aceptación en el uribismo. Su cercanía con el movimiento del expresidente se hizo evidente en 2009 cuando Alejandro Ordóñez la nombró delegada para la Vigilancia Disciplinaria de la Procuraduría General, y estando allí fue ternada por Álvaro Uribe para fiscal general.

Después, en 2012, Cabello fue elegida por la Sala Plena de la Corte Suprema como magistrada de la Sala Civil. Por su parte el presidente Duque la incluyó en la terna para fiscal ad hoc y hace unos meses, cuando Andrés Felipe Arias presentó una tutela pidiendo al máximo tribunal que revisara su sentencia condenatoria, hizo un salvamento de voto a favor del exministro de Uribe, argumentando que a este le violaron sus derechos.

Esa combinación de amplio bagaje en el poder judicial y buena “llegada” con congresistas y magistrados hace que –al menos en teoría–, Cabello pueda tener éxito como ministra de Justicia. “Ella nunca ha sido despectiva con los políticos a pesar de venir de la rama. Tiene no solo la actitud que se requiere sino que conoce mejor que nadie los problemas de la rama”, asegura el representante de Cambio Radical César Lorduy.

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La clave para lograr la anhelada reforma a la Justicia pasa por lograr mayoría en el Congreso, lo cual ha sido esquivo para el Gobierno, y en tejer una concertación con la rama. Sobre lo segundo, Cabello puede decir que, en 2016, consiguió sentar en una misma mesa a los principales sindicatos y gremios de la rama con los representantes de todos los distritos judiciales y tribunales del país. El documento de esa cumbre, con más de 50 firmas, reconoce que es imprescindible “emprender una reforma a la Justicia”. Por ahora la ministra ha dejado saber dos cosas: que la reforma será a varios niveles, es decir, a través de actos legislativos, leyes y decretos. Y que no serán solo ajustes en la cúspide de la pirámide –las altas cortes–, sino también en la base, esto es en los mecanismos de acceso a la justicia para el ciudadano común.

Además de la reforma a la Justicia, a la ministra le aguardan chicharrones como el Inpec (con sus 44 sindicatos), el lío de las fumigaciones con glifosato, el choque entre el Gobierno y la JEP, además de las fricciones con la Corte Constitucional y la Suprema. En suma, el desafío que asume la nueva ministra es más que complejo.