María Claudia Pulido, colombiana de la Comisión que le pedirá cuentas a la Fiscalía, fue declarada insubsistente por esa entidad en 1998

Los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya llegaron al país. Estos tendrán la tarea de analizar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que se han presentado en medio de las protestas que ya cumplen más de un mes.

Varios sectores del país han celebrado la presencia de la comisión, sobre todo porque son muchas las denuncias que se han presentado sobre varias muertes y violaciones a los derechos humanos (la Fiscalía reconoce 14, mientras algunas ONG hablan de más de 40) desde el pasado 28 de abril.

Toda esta situación hizo que la CIDH decidiera hacer presencia en el país para recopilar información sobre graves hechos que se han presentado en ciudades como Bogotá y Cali.

Su principal objetivo: recopilar información de varios sectores para esclarecer las violaciones en materia de derechos humanos que se han presentado en el país.

Sin embargo, SEMANA conoció que la secretaria ejecutiva adjunta de monitoreo, cooperación técnica y capacitación, María Claudia Pulido, funcionaria que hace parte de la comisión, trabajó años atrás para la Fiscalía y fue declarada insubsistente por exfiscal Alfonso Gómez Méndez en 1998.

En esa entidad se desempeñó como asesora legal de la Oficina de Asuntos Internos (1992-1994), posteriormente fue asesora legal de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación (1994); y desde 1995 hasta cuando fue declarada insubsistente en 1998 fue jefa de la Unidad de Derechos Humanos.

Una de las preguntas que queda en el aire es si Pulido debería declararse impedida para hacer parte de la comisión, sobre todo porque formará parte del grupo de funcionarios de la CIDH que se reunirá con el fiscal Barbosa y el Gobierno nacional para revisar las denuncias ocurridas en el marco del paro nacional.

Pulido es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, realizó estudios de posgrado en Derecho Penal y Criminología en dicha universidad; una especialización en derechos humanos en la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) y una maestría en derechos humanos.

Actualmente está encargada de dirigir y supervisar los mecanismos de monitoreo de situación de derechos humanos, en particular la elaboración de los informes temáticos y de país; también de hacer seguimiento de las recomendaciones formuladas por la CIDH a los estados miembros de la OEA.

La funcionaria trabaja en la CIDH desde 2001 y ha sido coordinadora de la Sección de Soluciones Amistosas, de la Sección Cono Sur, de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, y de la Sección Administrativa.

A partir del martes la Comisión se reunirá con diversos sectores representativos del país incluyendo representantes de organizaciones de la sociedad civil, colectivos, agrupaciones, sindicatos, autoridades gubernamentales de distintos niveles de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial y otros representantes de sectores afectados por las protestas.

“En la visita se buscará especialmente escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para recibir testimonios, denuncias y comunicaciones. Debido a la actual coyuntura sanitaria relacionada con la pandemia del COVID-19, la toma de testimonios, que será presencial, debe ser agendada a través del portal de Recepción de testimonios. Por cuestiones sanitarias, se dispondrá de cupos reducidos y solo recibirá personalmente a quienes se hayan registrado y recibido un mensaje de confirmación con fecha, hora y lugar. No obstante, la Comisión reafirma su compromiso de escucha a todas las personas, y seguirá recibiendo testimonios por medio virtual posterior a la visita, en fecha y hora a ser comunicadas a cada solicitante”, aseguró la CIDH en un comunicado.