"En Colombia no estamos preparados para tocar a los intocables": exsuperintendente de Industria y Comercio

Maria Jimena Duzán: En mi columna ‘Los intocables’ estoy señalando todo lo que le está pasando desde hace ocho meses, cuando formuló un pliego de cargos contra directivos de Odebrecht y directivos del Grupo Aval. Desde abril le tienen abierto a usted y a su delegado de competencia, Jorge Sánchez, una investigación disciplinaria, ¿por qué se la tienen abierta y qué es lo que le ha pasado desde entonces?

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Pablo Felipe Robledo: Después de 20 meses de investigaciones, desde enero de 2017 hasta septiembre de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio profirió un pliego de cargos contra altos directivos de Odebrecht como del Grupo Aval y contra varias compañías controladas por Odebrecht y el Grupo Aval.

En el caso de los directivos de Odebrecht, contra los que se llaman los tres Luises, grandes directivos de esa compañía. En el caso de Grupo Aval, contra José Elías Melo y Diego Solano que era vicepresidente del grupo, y contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez.

La Súper les imputó pliego de cargos por tres conductas que consideró anticompetitivas. La primera relacionada con el soborno que le fue pagado al viceministro de Transporte Gabriel García Morales por parte de Odebrecht con la participación y conocimiento de José Elías Melo de Corficolombiana. Las otras dos, relacionadas con el aprovechamiento de un conflicto de intereses en la estructuración del proyecto y unas reuniones privadas y clandestinas entre el estructurador del proyecto que era la IFC, Corporación Financiera Internacional, que pertenece al Banco Mundial, y funcionarios del Grupo Aval. Ahí había un claro conflicto de intereses entre un vicepresidente del Grupo Aval y su esposa María Victoria Guarín que era la estructuradora del proyecto.

En su momento el país tuvo mucha ansiedad por esa investigación, nosotros en la Superintendencia fuimos muy serios. Soportamos todo tipo de presiones y tomamos la decisión de formular ese pliego de cargos y hoy extrañamente hemos pasado de ser investigadores del caso de Ruta del Sol a ser investigados por la Procuraduría en virtud de nuestras decisiones.

M.J.D.: A usted lo denunciaron y luego hubo un acto inhibitorio, ¿quién puso la denuncia?

P.F.R.: La investigación de la Procuraduría surge de una denuncia del abogado Jaime Lombana actuando como apoderado de los directivos del Grupo Aval. La denuncia llega a la Procuraduría en su momento y a principios del mes de abril el procurador delegado primero para la vigilancia administrativa, al no encontrar ninguna razón para proceder con la apertura de una investigación, profirió un auto inhibitorio, se inhibió de investigarnos. Y muy rápidamente, a los ocho días, con una solicitud del doctor Lombana, el procurador, Fernando Carrillo, profirió una decisión en virtud de la cual le ordenó a la procuradora delegada primera para la vigilancia administrativa, reabrir la investigación a varios funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, entre ellos al doctor Jorge Sánchez, el superintendente delegado que formuló el pliego de cargos y a mí como superior jerárquico y director de la Superintendencia de Industria y Comercio en el momento en que se profirió ese pliego de cargos.

M.J.D.: Muchos funcionarios que ya salieron de sus cargos y cumplieron con su labor, que defendieron el patrimonio, luchando contra la corrupción y que terminan empapelados o que terminan en una situación de haber sido investigadores y ahora pasan a ser investigados, ¿cómo se siente usted y qué piensa que está pasando?

P.F.R.: Siento varias cosas, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, una inmensa tristeza que es la que me embarga en este momento de ver cómo durante seis años ejerciendo el cargo de superintendente, tomando las decisiones que tomamos, investigando la crema innata del sector empresarial colombiano, mostrándole al país la conductas que encontramos, los carteles empresariales, las prácticas anticompetitivas ante las licitaciones públicas, con un grupo de funcionarios de la Superintendencia, también llenos de valor, mística, de responsabilidad, de seriedad y de carácter en su trabajo terminamos investigados de esta manera.

Nuestras decisiones coinciden con las que tomaron otras autoridades. Cuando nosotros ordenamos a principios del año 2017 la terminación del contrato de Ruta del Sol por el tema del soborno confesado, por quien había pagado la plata y confesado por quien la había recibido, que era el viceministro, ordenamos la terminación del contrato, eso coincidía con las solicitudes que había presentado la propia Procuraduría General de la Nación al Tribunal Administrativo de Cundinamarca en una acción popular, solicitando la terminación del contrato por las mismas razones. Dijimos que Melo estaba involucrado en los hechos relacionados con el pago del soborno, no solo que lo conocía sino que autorizó unos pagos para restituir esos dineros a Odebrecht y la juez penal con acusación de la Fiscalía lo acaba de condenar a 11 años de prisión. Dijimos que había otros funcionarios del Grupo Aval que estaban involucrados en hechos relacionados con conflictos de intereses y reuniones clandestinas y mire que ese juez penal también terminó compulsándole copias a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y a María Victoria Guarín y a Diego Solano.

M.J.D.: ¿Le sorprende lo que hizo el procurador? Fuentes allegadas a la Procuraduría me han dicho que lo que hizo el procurador Carrillo es una situación que no tiene que ver con ninguna situación más allá de suspicacias políticas sino con el apego a la ley. Se debería reabrir porque al parecer el funcionario que hizo la investigación y que produjo el auto inhibitorio no investigó bien, ¿usted cree que la Procuraduría está actuando de acuerdo con la ley o cómo entiende esta aplicación de las normas?

P.F.R.: Yo creo que la Procuraduría tiene la posibilidad de investigar a los funcionarios y a los exfuncionarios públicos, yo lo fui y estoy sometido a las investigaciones y estoy dispuesto a dar las explicaciones del caso, pero en el caso de la Ruta del Sol tramo II, lo que sí da bastante curiosidad y lo que le digo, inmensa tristeza, es que las decisiones adoptadas por nosotros son las mismas decisiones que la Procuraduría le solicitó al juez en la acción popular en donde el juez, por petición de la propia Procuraduría, protegió el derecho colectivo a la libre competencia económica.

La Súper tomó las decisiones que tomó para proteger la libre competencia económica y son coincidentes con la propia sentencia de esa acción popular que declaró responsables a varias compañias y directivos del Grupo Aval; y con las decisiones que ha tomado la justicia penal. Por esa razón es que cuando la denuncia llega a la Procuraduría el procurador primero delegado para la vigilancia administrativa, ante la denuncia que se había presentado, encontró que la decisión que tenía que tomar era inhibirse de abrir una investigación, porque no hay razón en este caso particular para ni siquiera indagar.

M.J.D.: ¿Usted cree que las superintendencias cuando tocan los poderes económicos, los superintendentes asumen unos riesgos complicados? ¿Está este país en la tónica de tener unas superintendencias fuertes que logren vigilar qué ocurre en las grandes empresas?

P.F.R.: Yo creo que en su pregunta está la respuesta, de una u otra manera, se lo dicen a uno todo el tiempo cuando es funcionario, “tenga cuidado que después se va a arrepentir de tomar las decisiones que tomó, no se tome tan en serio su trabajo, no tenga tanto carácter al tomar las decisiones, después se va a arrepentir, va vivir toda la vida investigado”, pero uno cuando tiene la formación que tiene y cuando tiene los principios que tiene, uno no le hace caso a esas cosas y uno cree que esa gente que le está diciendo eso está equivocada y uno cree que va a cambiar el mundo.

Creo que en Colombia no estamos preparados para tocar a los intocables. Nos pasa muchas veces, me lo decía Felix de Bedout, el síndrome de la Caracas, cuando un ladrón roba en la Caracas y la Policía lo coge, todo el mundo grita “cójanlo, cójanlo…” y cuando lo cogen, todo el mundo grita “suéltenlo, suéltenlo…”, eso de una u otra manera está pasando en Colombia y me parece bastante triste que las contrapartes no estén en los investigados, sino que las autoridades públicas terminen siendo contrapartes también de las decisiones sensatas, corajudas, con carácter y determinación que toman los funcionarios públicos, eso es lo que finalmente me genera tristeza y desesperanza.

M.J.D.: "Los que trabajamos con Pablo Felipe Robledo, llegamos a pensar que de verdad estábamos cambiando a los empresarios que por décadas se cartelizaron y nos robaron, ahora me doy cuenta que ese sueño se me está acabando", me escribe Alejandro Giraldo López. ¿Trabajó con usted?

P.F.R.: Claro, Alejandro Giraldo fue superintendente delegado de José Miguel de la Calle y después durante los seis años de mi administración y fue un funcionario muy importante. Yo creo que hoy la gente que trabajó en nuestra administración, con este tipo de noticias, también siente una inmensa tristeza y se debe no solo a que nos estén investigando, sino que lo hagan en casos claves en donde pocas entidades se han atrevido a hacer lo que nosotros hicimos.

Yo creo que eso que dice el doctor Giraldo, recoge un sentimiento de la gente, de la Superintendencia y de la gente de la calle. A raíz de su columna, mi celular ha recibido muchas voces de solidaridad.

M.J.D.: ¿Es difícil como funcionarios públicos realmente hacer una lucha contra la corrupción en este país donde hay intocables?

P.F.R.: Yo creo que cuando se está en el cargo es difícil y por fuera aún más, pero bueno, eso es una lucha que los colombianos tendremos que seguir dando, este país no va a salir adelante si nosotros no enfrentamos como sociedad, no un funcionario, sino como sociedad, una lucha frontal contra la corrupción y contra las malas prácticas empresariales que fue lo que nosotros finalmente revelamos, investigamos y sancionamos.