Los explosivos señalamientos de interceptaciones ilegales que salpican a Néstor Humberto Martínez

En la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez se habrían hecho interceptaciones ilegales a funcionarios del Gobierno, a empresarios y abogados litigantes relacionados con por lo menos dos escándalos de corrupción en los que el exfiscal tenía claros conflictos de intereses: el caso Odebrecht y el caso Mattos-Hyundai.

Eso lo afirman dos exfuncionarios de la Fiscalía que están en La Picota, señalados de haber hecho interceptaciones ilegales dentro del búnker, en un documento firmado por ellos y autenticado ante el Inpec: el ingeniero y exmilitar experto en inteligencia y contrainteligencia Luis Carlos Gómez Góngora, con 20 años de trayectoria en la Fiscalía. En el momento de su captura, Gómez Góngora era el coordinador de la sala de interceptación Diamante del CTI. El otro es el exfiscal Fabio Augusto Martínez Lugo.

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Ambos fueron capturados por agentes del CTI y acusados por haber interceptado ilegalmente al presidente del sindicato de Avianca durante la huelga de 2017 y al presidente de la multinacional española Enel, la cual mantiene un pleito arbitral con la Empresa de Energía de Bogotá. Esas interceptaciones se habrían hecho desde la sala Diamante que coordinaba Gómez Góngora.

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Estas capturas fueron registradas por el fiscal Néstor Humberto Martínez como un triunfo en su lucha por desmantelar la red de interceptaciones ilegales que operaba desde el búnker.  

Sin embargo en este documento que firman Gómez Góngora y Martínez Lugo, se sostiene otra versión. Según estos dos exfuncionarios presos en La Picota, las interceptaciones ilegales no se habrían hecho a sus espaldas sino con el “pleno respaldo y conocimiento del fiscal general”, que en ese momento era Néstor Humberto Martínez.

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El documento de diez páginas tiene denuncias precisas. Dicen que para hacer las interceptaciones ilegales se utilizan las “salas de interceptación Oro, Granate y Diamante “, que operan en el búnker de la Fiscalía. Aseguran que supieron por el coordinador de la sala Oro que estas chuzadas se estaban llevando a cabo “en procesos de relevancia y de interés directo del señor fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez, entre los que estaban el caso Odebrecht y el caso Hyundai relacionados con el señor Carlos Mattos”.

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Según su relato, las interceptaciones ilegales se hacían sobre “blancos como funcionarios públicos de alto nivel y abogados litigantes vinculados a esos casos como Alex Vernot”, abogado del empresario Carlos Mattos.

No sobra recordar que en esos dos casos, el de Odebrecht y el de Mattos, Néstor Humberto Martínez tenía un claro interés porque había sido abogado no solo del Consorcio Ruta del Sol 2 y del Grupo Aval, socio de Odebrechet en la carretera, sino del empresario Mattos en el caso Hyundai.

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En el documento también se afirma que se habrían interceptado de manera ilegal desde la sala Diamante a varios asesores de los despachos del fiscal y de la vicefiscal general de los que se desconfiaba. Aseguran que desde esa sala también se chuzó ilegalmente a “abogados que actuaban en los procesos de interés como el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo, el exdirector del CTI Julián Quintana, exmagistrados señalados con el cartel de la toga y del abogado del general Montoya, mencionado en el caso Odebrecht”. Según lo que consignan en el documento, “de estos casos se recibió solo orden verbal del doctor Daniel Hernández”.   

En la denuncia, los exfuncionarios detenidos explican el modus operandi que se usaba: “Las interceptaciones se hacían utilizando investigaciones que estaban a cargo de un grupo de fiscales al mando de Daniel Hernández” a quien se refieren como el fiscal que “goza de toda la confianza del fiscal general”.

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Según los exfuncionarios, “la orden de interceptación la daba el fiscal Daniel Hernández incluso de manera verbal, sin ningún requisito legal” y agregan que el funcionario analista del CTI, Roberto Carlos Montenegro exmiembro de inteligencia militar y quien fue nombrado por el general Pérez Alvarán director del CTI, era el encargado de control y análisis de estas líneas ilegales ordenadas por el fiscal Hernández.

Sostienen también que “para la verificación, control y seguimiento de las informaciones obtenidas en las interceptaciones ilegales los fiscales cuentan con un grupo especial denominado GIE-CTI, conformado en su mayoría por personal del ex DAS, al mando del director del CTI, Pérez Alvarán".

En cuanto a las interceptaciones ilegales que se le hicieron al abogado Alex Vernot, esta periodista ha recibido información confiable que da cuenta de que Vernot fue objeto de seguimientos por cerca de ocho meses por parte del grupo GIE, extrañamente mucho antes de que ocurrieran los hechos en los que está involucrado y por los cuales está detenido. Los exfuncionarios detenidos aseguran además que a Vernot lo habrían interceptado ilegalmente a través de la plataforma Zeus. ¿Quién tendría interés en chuzar y espiar a Vernot antes de que se le vinculara a alguna investigación formal? Seguramente el exfiscal Martínez Neira tiene una buena explicación.

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Vernot fue capturado por la Fiscalía en septiembre de 2018 acusado de haber ido a una cárcel en agosto de ese año a ofrecerle dinero a un abogado para que asumiera la responsabilidad en los sobornos ofrecidos a un juez que vinculaban a su apoderado, el empresario Carlos Mattos. Él ha dicho que es inocente de esos cargos.

Estos dos exfuncionarios de la Fiscalía me aseguraron que además de Alex Vernot, se habrían interceptado ilegalmente cerca de diez abogados. Uno de ellos habría sido Jorge Enrique Ibáñez, el presidente del Tribunal Arbitral que declaró nulo el contrato de la Ruta del Sol 2 por haber sido obtenido a través de coimas. Los dueños de ese consorcio son Odebrecht y el Grupo Aval y ambos tenían la pretensión económica de que el Estado les pagara la obra ejecutada. Al final, el tribunal no aceptó esas pretensiones y les reconoció un valor muy inferior al que ellos pretendían.  

En mayo de este año, Ibáñez denunció que desde hace meses venía siendo objeto de seguimientos y de posibles interceptaciones. Lo asegurado por estos dos exfuncionarios hoy detenidos a esta periodista corrobora su denuncia. ¿Cuál sería el interés por interceptar de manera ilegal al presidente del tribunal arbitral que estaba dirimiendo un pleito entre Odebrecht-Grupo Aval y el Estado?....seguramente el exfiscal debe tener una respuesta para esta pregunta.    

El otro abogado que habría sido interceptado ilegalmente según lo expresado por estos dos exfuncionarios sería Jesús Albeiro Yepes, apoderado del exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade. El ex funcionario fue imputado por la Fiscalía por 15 delitos en el escándalo de Odebrecht.  Andrade se fue del país aduciendo que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez no le ofrecía garantías de un juicio justo. Él también habría sido interceptado de manera ilegal a través de la sala Zeus. En su momento Andrade  denunció seguimientos y chuzadas, las cuales habrían sido soportadas en una orden falsa de la DEA.

Las investigaciones ilegales se hacen utilizando un proceso legal que les sirve para introducir los números de celulares que no tienen ninguna relación con el objeto de la pesquisa. Para ello, solo se requiere de la autorización de un fiscal, quien puede justificar su decisión con un corto informe de policía judicial, incluso fundamentado en fuentes anónimas. En algunos casos la ley autoriza solo a un fiscal para interceptar a una persona por 30, 60 o 90 días. Al cabo de los 90 días, en teoría, el fiscal deber ir al juez de control de garantías para legalizar el resultado de los audios. Como la ley no los obliga, a veces no se legaliza la información y se utiliza de manera estratégica. Ese modus operandi está descrito en este documento firmado por estos dos exfuncionarios de la Fiscalía que insisten en que ellos hicieron lo que hicieron cumpliendo órdenes que venían desde arriba.  

Con estas delaciones y argumentos, los exfuncionarios pretenden ser admitidos en la JEP, ya que ellos dicen que también chuzaron a negociadores de paz en La Habana, como lo denunció Daniel Coronell en su columna de la semana pasada.

Estos dos exfuncionarios me han hecho saber que tienen un arsenal de pruebas para fundamentar lo que afirman en el documento. También me han dicho que temen por sus vidas y por la de sus familias.   

En video: vea a Daniel Coronell hablando de su columna "La paz chuzada"  

El contenido de este documento coincide también con un anónimo que llegó al Consejo Superior de la Judicatura en octubre de este año, en el que se afirma que el fiscal Daniel Hernández y Álvaro Betancourt estarían utilizando investigaciones legales para hacer interceptaciones ilegales. 

Por orden de un magistrado de ese tribunal se ordenó una visita a la Fiscalía con apoyo de la Procuraduría hace dos semanas, pero la diligencia no se pudo terminar porque fue interrumpida por la propia Fiscalía aduciendo que era ilegal. Luego de este episodio el fiscal encargado, Fabio Espitia, salió a decir que la Fiscalía iba a seguir adelante con la investigación sobre el cartel de las chuzadas ilegales, la cual está en cabeza del fiscal Hernández. Es decir, el  mismo fiscal que según el documento firmado por estos exfuncionarios es el encargado de instrumentalizar las chuzadas ilegales, es el responsable de esa investigación en la Fiscalía.

A raíz de la columna de Coronell, el exfiscal sacó un comunicado en el que niega que hubiera chuzado ilegalmente a varios de los negociadores de paz y dice que ese es un señalamiento falso y criminal. Sostiene que estos dos funcionarios detenidos no tienen autoridad moral para hacer esas denuncias porque están presos, acusados de formar parte del cartel de las chuzadas que él mismo develó cuando era fiscal y cuestiona duramente la decisión del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura para haber hecho la inspección judicial en el búnker contra el fiscal Hernández, que es el fiscal que está liderando la investigación sobre el cartel de las chuzadas ilegales.  “Tengo la convicción de que como parte de este mismo plan criminal, los fiscales que develaron el cartel de las chuzadas ilegales fueron denunciados también esta semana ante el Consejo Superior de la Judicatura por un sujeto que no se identifica y que utiliza una dirección y teléfono inexistente”, agrega Martínez.

Esta historia no ha terminado. Por lo pronto vamos en que dos exfuncionarios de la Fiscalía han confesado haber chuzado ilegalmente. Falta saber quién o quiénes las ordenaron.

*Después de publicado este artículo, el ex fiscal Néstor Humberto Martínez, envió una carta a SEMANA. Lea su respuesta aquí.