“Los de Odebrecht son bastante marrulleros”

SEMANA: Esta es su primera entrevista como presidenta de Corficolombiana. Debe ser un cambio grande pasar de ser el poder en la Casa de Nariño a trabajar con Luis Carlos Sarmiento.

María Lorena Gutiérrez: En realidad esas experiencias tienen mucho en común. El número y la dimensión de los problemas son comparables. Las horas de trabajo, igual. Pero he gozado mucho los dos cargos, pues en ambos se trata de hacer país desde dos sectores diferentes: el público y el privado.

SEMANA: No obstante, por estos días, la cosa ha estado más agitada. Sobre todo a un par de días de que falle el Tribunal de Arbitramento el pleito entre la ANI y la concesionaria Ruta del Sol 2. ¿Qué espera del fallo?

M.L.G.: Esperamos que se liquide definitivamente el contrato para pagarles a los terceros de buena fe: los trabajadores, los contratistas y los bancos que financiaron la obra.

SEMANA: Se ha construido el 52 por ciento de ese proyecto. ¿Cuál ha sido el costo?

M.L.G.: Qué bueno que me dan la oportunidad de explicar esto, porque ha habido muchos malentendidos. El Estado no ha puesto un peso. Toda la inversión, que asciende a 4,5 billones, la hicimos los socios de la concesionaria con financiación de los bancos. Odebrecht puso 662.000 millones de pesos de su capital. Episol, de Corficolombiana, 353.000 millones. Y el grupo Solarte, que tiene solo el 5 por ciento, puso 53.000 millones. Eso da 1,07 billones de pesos. Los bancos prestaron 2,37 billones, más 300.000 millones de intereses.

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SEMANA: Entonces la deuda grande es con los bancos. Tenemos entendido que ya se les ha pagado una parte.

M.L.G.: Sí, se han hecho dos pagos por un poco más de un billón de pesos y, a la fecha, se les debe 1,25 billones de capital y 210.000 millones de interés.

SEMANA: Esa cifra sin intereses corresponde al arreglo que quería la ministra de Transporte. ¿Esa negociación frustrada era entre ustedes y ella?

M.L.G.: No, entre los bancos y la ANI. Pero aprovecho para decir que entiendo el interés de la ministra y del Gobierno en esa conciliación que querían presentar al tribunal antes de que fallara. Ese acuerdo podría ahorrarles a los colombianos los 210.000 millones de interés que los bancos cederían. Además, permitiría pagar en diez años mediante emisión de títulos de deuda pública. Lamentablemente, ese pacto no se entendió.

SEMANA: Lo que tuvo mala presentación fue la cercanía en la fecha en que se conoció ese arreglo y el fallo del tribunal.

M.L.G.: Tiene razón, pero la ley de infraestructura fue demandada ante la Corte Constitucional y solo hace un mes fue declarada exequible. Hasta que eso no fuera así no había posibilidad de negociación, pues no existía claridad sobre cómo se deben liquidar los contratos de Alianza Público Privada.

SEMANA: Si los bancos estaban dispuestos a renunciar a los intereses en el acuerdo con la ministra, es de suponer que aceptarán el mismo tratamiento por parte del tribunal.

M.L.G.: Eso ya no depende de nosotros. El Gobierno y la ministra buscaban presentar al tribunal una conciliación previa con los bancos, en la que se dieran condiciones favorables para el Estado. Ahora todos estamos en manos de lo que decida el tribunal.

SEMANA: ¿El peor escenario para ustedes?

M.L.G.: Los populistas quieren aprovechar esta oportunidad para atacar a los bancos y al Gobierno. Pretenden que hay bancos de buena fe y otros de mala fe, y con nombres propios. Si eso sucede, que estoy segura de que no va a pasar por falta de pruebas, el tribunal desconocería el debido proceso y pondría en peligro la financiación de los grandes proyectos de infraestructura en el país. 

SEMANA: ¿Por qué cree que se malogró el acuerdo que estaban trabajando?

M.L.G.: Por el populismo. Han hecho creer que los contribuyentes estaban pagando deudas de unos privados. En realidad solo se pretende cumplir la ley y pagar por una obra entregada con el 52 por ciento de ejecución. Como ha explicado la ministra, el Estado no puede enriquecerse al recibir un proyecto que no ha pagado.

SEMANA: Pero la ley que blinda a los bancos ha sido criticada no solo por tener nombre propio, como dice usted, sino por ser retroactiva. El senador Jorge Robledo la llama la ‘ley Sarmiento’ y la describe como un mico.

M.L.G.: Solo queremos que se liquide este contrato por esa ley a la que usted se refiere o por la Ley 80 de hace 25 años. Esta ley criticada con nombre propio protege al Estado por dos razones: en caso de liquidación de un contrato, solo le reconoce a los terceros de buena fe y limita el monto.

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SEMANA: Usted no ha contestado lo del mico.

M.L.G.: Mucha gente no entiende que la infraestructura del país no es un problema personal, sino nacional. Los sectores que más generan crecimiento y empleo son la infraestructura y la vivienda. Estas dependen en gran parte de la confianza en el sistema financiero, ya que solo los bancos pueden financiar proyectos de esa envergadura. Hasta hace poco el Estado les giraba anticipos a los contratistas, y ya sabemos lo que pasó. Bajo las nuevas reglas, los privados corren el riesgo.

SEMANA: Los que llama populistas también dicen que el hecho de que haya de por medio un soborno tiene que cambiar las reglas del juego.

M.L.G.: Claro, y así debe ser. Sin embargo, el Grupo Aval no hizo parte del soborno, y menos los siete bancos. La gente no ha entendido que la ley de infraestructura (Ley 1882) en realidad protege al Estado de pagarle a los que hacen un soborno, pues solo le reconoce a los terceros de buena fe los costos reales.

SEMANA: Pero el Grupo Sarmiento, al ser socio de la concesionaria y dueño de cuatro de los siete bancos, tiene las dos condiciones de socio y tercero de buena fe. Esas dos camisetas han dado pie a suspicacias.

M.L.G.: Esas son dos condiciones legales e independientes. Como socios perdimos la inversión de cerca de medio billón de pesos y no esperamos recuperarla. A diferencia de Odebrecht, que fue el responsable del soborno y que no solo está pidiendo que le reembolsen esa inversión, sino que entabló dos demandas contra el Estado en el exterior pidiendo indemnizaciones; un descaro total.

SEMANA: La notamos muy agresiva con Odebrecht.

M.L.G.: Ellos han sido muy marrulleros. Han abusado de su condición de mayoritarios. Además, no se meten la mano al bolsillo. Solo el Grupo Aval está pagando los platos rotos. Odebrecht no tiene ni un activo, ni cien pesos en Colombia. En Brasil se declaró en quiebra. Sus ejecutivos negociaron un principio de oportunidad con la Fiscalía y están libres de proceso penal aquí. Viven tranquilos en Brasil y no les va a pasar nada. El exviceministro Gabriel García Morales, que recibió 6,5 millones de dólares de soborno, va a salir pronto de la cárcel. Solo nosotros estamos respondiendo.

SEMANA: Ustedes y José Elías Melo, su antecesor en Corficolombiana, condenado a 11 años de cárcel por, supuestamente, conocer de los sobornos y haber autorizado el reembolso. ¿Cuál es su posición sobre eso?

M.L.G.: Él nunca ha reconocido culpabilidad y la única prueba en su contra fue el testimonio de un ejecutivo de Odebrecht, un bandido con prontuario internacional. Para nosotros, José Elías es inocente.

SEMANA: ¿Y qué va a pasar con la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca?, que condenó a la concesionaria a una multa de 800.000 millones de pesos por el daño causado a la nación.

M.L.G.: Se trata de una condena solidaria, lo que significa que si Odebrecht no paga, nos tocaría responder. Eso mismo pasó con el costo del Tribunal de Arbitramento, de cerca de 2.000 millones de pesos, y que los brasileños se han negado a poner su parte.

SEMANA: ¿Y ustedes no van a hacer nada?

M.L.G.: Le voy a dar una chiva. El Grupo Aval ya demandó ante la Fiscalía a Odebrecht por los delitos de administración desleal, enriquecimiento sin justa causa, hurto agravado y abuso de confianza.

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SEMANA: Pero acaba de decir que Odebrecht no tiene un peso en Colombia. Por lo tanto, esa demanda es un saludo a la bandera. ¿Por qué no recurren a tribunales internacionales?

M.L.G.: Lo estamos estudiando, pero seríamos los últimos en la lista, pues Odebrecht le debe 4.000 millones de dólares al Departamento de Justicia y se declaró en quiebra.

SEMANA: En este asunto hay muchas cifras: la inversión de ustedes, la de Odebrecht y la de los bancos. ¿Sobre cuál tiene que fallar el Tribunal de Arbitramento?

M.L.G.: Debe pronunciarse sobre el valor de los 200 kilómetros que la concesionaria le entregó al Estado. Hay varios peritazgos sobre el saldo pendiente para la liquidación. Van entre 1 y 2 billones de pesos.

SEMANA: Usted ha tenido dos tribunas únicas para ver el país. ¿Cómo ve la situación actual?

M.L.G.: Me preocupa la desconfianza que generan los extremismos, sobre todo combinados con populismos, en las instituciones, en la economía y en la política. Eso le pasó a Venezuela antes de Chávez.

SEMANA: Y ¿por qué decidió hablar ahora?

M.L.G.: Porque se han dicho demasiadas mentiras. Y créame que nuestro único interés es terminar esta tormentosa relación con Odebrecht, pasar la página y seguir invirtiendo en el país.