LEGISLATIVO
La mordaza a la prensa que planeaba María Luisa Piraquive
El proyecto de ley presentado pretende penalizar a quien difunda información de grupos religiosos.
María Luisa Piraquive estuvo en el ojo del huracán a comienzos del año por cuenta de las controvertidas instrucciones que dictaba desde el púlpito a los fieles de su Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional.
Las que más causaron impacto fueron aquellas en las que, apoyada en una interpretación bíblica, prohibía expresamente a los discapacitados predicar, con el argumento de que: “quien está en el púlpito es el modelo de perfección para que los creyentes sigan ese modelo que está al frente”. Incluso puso ejemplos directos: “Si ven el predicador sin un brazo, (los fieles) no se van a agradar mucho. Por la conciencia, otros dirían por estética, no lo ponemos en el púlpito (...)”.
Las palabras de Piraquive le dieron la vuelta al país cuando medios como Semana.com revelaron videos de sus homilías. Fueron además la punta del iceberg para que se conocieran intimidades de la iglesia y de los negocios de su fundadora, al punto de que la Fiscalía abrió una investigación en su contra para establecer si se había presentado lavado de activos al interior de la congregación.
La líder religiosa se vio obligada a comparecer ante el ente acusador. MIRA, brazo político de la iglesia, no se salvó del escarnio. A pesar de la disciplina de sus seguidores, perdió las tres curules que tenía en el Senado y debió conformarse solo con tres representantes a la Cámara.
Piraquive no se quedó con nada guardado. Decidió, en algo que se podría interpretar como una retaliación a la prensa, adelantar una ofensiva jurídica contra algunos periodistas. A Néstor Morales (Blu Radio), Vicky Dávila, Natalia Springer y Juan Pablo Barrientos (los tres de La FM) los denunció por injuria y calumnia.
No conforme con ello, la bancada de MIRA presentó a la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca prohibir la apología al odio, el discurso de odio y otras manifestaciones de intolerancia en el país.
Cárcel a quien difunda información
El proyecto fue presentado por los representantes Ana Paola Agudelo, Carlos Eduardo Guevara y Guillermina Bravo Montaño, y tiene como objeto: “prohibir la apología al odio, el discurso de odio y otras manifestaciones de intolerancia, con el fin de proteger comunidades o grupos sociales, en razón de su lugar de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, ideología, opinión política, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, tal como se lee en el texto.
Pero en sus artículos principales, la iniciativa califica como delito ciertas conductas como la difusión y la publicidad de información “contra grupos religiosos”, y las penaliza con cárcel.
Textualmente el proyecto señala: “el que secreta o públicamente o mediante el uso de medios electrónicos o físicos aptos para la difusión pública, incite al odio o a cualquier forma de violencia física o moral, contra una persona, grupo o comunidad por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, ideología, opinión política, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, incurrirá en pena de 12 a 24 meses de prisión, y multa de 20 a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes”.
Pero hay más. Un artículo posterior parece haber sido diseñado pensando en proteger a María Luisa Piraquive, ya que califica como agravante cuando esa difusión de información sea en contra de una persona “que ostente la calidad de líder, ideólogo o representante legal de persona jurídica que asocie, afilie, reúna o congregue a personas naturales con identidad entre sí por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, ideología, opinión política, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. En este caso las penas de prisión se incrementan de 18 a 38 meses de cárcel.
En resumidas cuentas, y a la luz de las pretensiones de este proyecto, los videos que conoció el país de María Luisa Piraquive predicando en el púlpito y otras informaciones que se han publicado de su Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional podrían ser interpretadas como una apología al odio, y quienes las difundieron pagarían con cárcel.
En contra de la libertad de prensa
Pero esta historia tiene otro ingrediente. La ponencia para este proyecto le correspondió a la representante uribista María Fernanda Cabal, quien se ha dado a conocer por los polémicos comentarios que publica en su cuenta de Twitter.
La congresista que se hizo tristemente célebre con ocasión de la muerte del Nobel Gabriel García Márquez, y que ha defendido su derecho a la libre expresión, decidió oponerse a esta iniciativa y pidió el archivo de la misma.
Para Cabal, el proyecto de MIRA “constituye una forma particular de restricción a la prensa”, como se lee en su ponencia. Según la congresista, los mencionados artículos: “atentan contra la libertad de expresión, censuran el debate completo y abierto y la búsqueda de la verdad que se debe dar en una sociedad democrática, generando además un efecto intimidatorio en los ciudadanos”.
María Fernanda Cabal también considera “evidente” que el verbo utilizado en el proyecto, el de “difundir”, incluye: “de forma preponderante a la actividad de los periodistas y los medios de comunicación”. Por eso concluye que el proyecto resulta “desproporcionado”.
La ponencia negativa de la iniciativa también resulta políticamente contradictoria. En el sentido en el que el movimiento político MIRA llegó a acuerdos programáticos con el Centro Democrático para apoyar la candidatura presidencial de Óscar Iván Zuluaga.
Pero con la decisión de María Fernanda Cabal, al movimiento no le quedará otro camino que darse la pela en solitario y defender esta polémica iniciativa que en el Congreso ya empieza a ser llamada la 'mordaza' de María Luisa Piraquive.
