Mario Castaño | Cinco implicados en la millonaria red de corrupción del senador seguirán en la cárcel

En los próximos días se conocerá el monto de la condena en contra del aún senador Mario Castaño por liderar una organizada red de corrupción que permeó varias entidades del Estado, gobernaciones y alcaldías. Esto después que el congresista liberal aceptara ante la Corte Suprema de Justicia su plena responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación, estafa agravada y concusión.

Mientras esto ocurre, se conoció que cinco de sus principales aliados en la red criminal seguirán privados de su libertad en centro carcelario. Esto después que una jueza de conocimiento de Bogotá negara la petición presentada por su novia Daniela Ospina Loaiza, Alejandro Noreña Castro, Hervis Arturo Rentería, Wilmar Herrera Gallego y Jeiler Javier Sánchez, quienes buscaban el beneficio de la detención domiciliaria.

En la determinación, el despacho judicial consideró que la medida emitida a finales de marzo pasado no ha perdido vigencia y es necesaria para proteger la integridad del proceso penal que se adelanta por este escándalo de corrupción, por medio del cual, se direccionaron millonarios contratos.

Tras analizar la petición, se consideró que los cinco procesados siguen representando un peligro para la sociedad y que, estando en libertad o con una medida más laxa, podrían afectar a los testigos, entre los que se encuentran otros integrantes de la red.

Estas personas manifestaron su intención de seguir en juicio para demostrar su inocencia por estos hechos. La Fiscalía General los investiga por la celebración irregular en cerca de 50 contratos que tuvieron un valor aproximado de 43.433 millones de pesos.

Cada uno de ellos tenía un rol fundamental en la búsqueda y obtención de los variados convenios, así como los contratos de prestación de servicios que le eran ofrecidos a personas de bajos recursos, desempleadas o con nula experiencia.

Un fiscal de la unidad anticorrupción indicó que los tentáculos de esta red se extendieron por los departamentos de Caldas, Cauca, Chocó, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. Para la muestra, la red obtuvo el contrato para atender una emergencia en el municipio de Villamaría (Caldas) por 10 mil millones de pesos; así como la construcción de un parque en Nuquí (Chocó) avaluado en 125 millones de pesos; una obra civil en Manizales por $16.424 millones y una intervención en un proyecto energético en Boyacá por mil millones de pesos. De todos estos, el senador Mario Castaño exigía un 10% del valor total de cada contrato.

Igualmente, la organización criminal obtuvo 17 nombramientos en entidades como el SENA, el ICBF, la Procuraduría, la Contraloría, así como gobernaciones y alcaldías municipales. Las pruebas indican que estas personas debían entregar un porcentaje del salario que recibían.

En el caso de Daniel Ospina, la Fiscalía General indicó que recibió además un contrato de 20 millones de pesos “por no hacer nada”. Esto se comprobó tras revisar el informe de la División de Recursos Humanos del Senado por trabajos de asesorías por el término de tres meses. Luego, se le adicionó un mes más por un valor cercano a los cinco millones de pesos. Sin embargo, la evidencia revela que jamás hizo el trabajo por el que fue contratada.

Por medio de la presentación de un informe de ejecución al supervisor de Contratos del Congreso en marzo de 2021, Ospina entregó unas cuentas de cobro por un trabajo que no se realizó. “Ustedes recibieron esa plata por no hacer absolutamente nada”, precisó el fiscal del caso. Concretamente –reclamó el delegado del ente investigador–, recibió 20 millones de pesos del Senado de la República por “algo que no hizo”.

Debido a esto le imputó el delito de estafa agravada, puesto que con su actuar hizo incurrir en un error al supervisor de Contratos que ordenó pagarle el sueldo por el trabajo que ella sustentó que había hecho. “Usted obtuvo un provecho ilícito de 20 millones de pesos” con la presentación de un informe que no correspondía a la verdad.