Judicial
Mario Castaño | El hombre clave en la red criminal y al que pareciera que nadie está buscando
Juan Carlos Martínez Rodríguez lleva un año prófugo de la justicia. Sin embargo, no ha sido vinculado a ningún proceso penal por su activa participación en el cobro de sobornos para la entrega de millonarios contratos.
Un año ha pasado después que estallara uno de los peores escándalos de corrupción reciente en la historia del país, y el cual fue revelado en exclusiva por SEMANA: la red liderada por el senador Mario Castaño se hizo de millonarios contratos en ministerios, gobernaciones, alcaldías, entidades del Estado y las famosas ías. Utilizando su influencia y poder, el congresista, oriundo del Eje Cafetero, fue capaz de manejar a su antojo los recursos públicos, torciéndole el cuello a los principios básicos de la contratación pública.
Para esto, Castaño conformó una verdadera empresa criminal que era la encargada de direccionar los variados contratos y hablar de tú a tú con altos funcionarios y mandatarios. El nombre del senador del Partido Liberal era la pieza fundamental para comenzar las negociaciones, fijar la entrega de comisiones -que casi siempre era del 10% del valor total del convenio- y finiquitar el pago de los sobornos.
El congresista, antes de cada jugada en su ajedrez criminal, consultaba con su hombre de confianza, Juan Carlos Martínez Rodríguez. La Fiscalía lo cataloga como la “mano derecha” del senador, siendo clave en la ubicación de los contratos, los cuales iban desde infraestructura, construcción de canchas sintéticas, programas para la tercera edad, parques infantiles, entre muchísimos otros.
Para el ente investigador, Martínez Rodríguez -un viejo conocido de la clase política del Eje Cafetero- era el “principal responsable de mantener comunicación con mandatarios locales, funcionarios públicos y contratistas para asegurar el éxito de la empresa criminal en el direccionamiento de contratos”.
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Desde hace un año es un prófugo de la justicia, y pese a que envió una comunicación al ente investigador en el que manifestaba que tenía la voluntad de entregarse jamás lo hizo ni volvió a tener una comunicación con la Fiscalía.
El hombre, quien hizo parte de la UTL de Castaño, fue el encargado de coordinar pagos y distribuciones de sobornos, “administró recurso de la organización delictiva, recibió beneficios económicos por parte de la empresa Top de Ingeniería S.A.S, empresa que fue beneficiada de manera indebida en contratación estatal en varios municipios”.
En su preacuerdo, Nova Lorena Cañón -catalogada como la lobista de la organización y la encargada de lograr los acercamientos más importantes para Castaño- detalló el papel de Martínez, indicando que siempre tuvo una gran influencia en todo lo que se hacía dentro de la red criminal.
Martínez, además, movía todas sus influencias para que se nombraran personas en cargos públicos, esto pese a que no cumplían con los requisitos. Claro, los interesados en ser nombrados debían entregar parte de su salario para anchar así sus cuentas bancarias.
De esta forma logró nombramientos de contratistas y servidores públicos en el Sena Regional Caldas, Agencia Nacional de Minería, Procuraduría General de la Nación, Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) y la Contraloría de la República. “Exigía retribución económica a los beneficiarios y/o apoyo político a favor de Mario Alberto Castaño Pérez”.
Otro testigo, Santiago Castaño, le manifestó a la Fiscalía la forma en cómo Martínez gestionó labores para el ocultamiento de dinero “proveniente de la corrupción”. Para esto, hizo gala de toda su astucia y logró que los actos irregulares en las obras de Manizalez y Orito (Putumayo) pasaran de agache.
Mientras Rodríguez sigue libre, todos los integrantes de esta organización están privados de su libertad y están a la espera que sean llamados a juicio por delitos tan graves como delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado, peculado por apropiación y concusión.
Incluso, el mismo senador Castaño, quien ya aceptó cargos, está a la espera que la Corte Suprema de Justicia dicte la condena en su contra, la cual podría ascender a los 15 años de prisión.
