Sobrino de Iván Márquez: uno de los primeros en responder por corrupción en contratos de la paz

Antes y después de irse para Estados Unidos, Marlon Marín -el sobrino del exjefe guerrillero Iván Márquez- entregó detalles y nombres de personas que habrían estado vinculadas a una red de corrupción en contratos para el posconflicto que sacudió las investigaciones de la Fiscalía. Así ocurrió porque persiguiendo estas pistas, los investigadores se toparon con el presunto caso de narcotráfico que comprometería al exjefe guerrillero Jesús Santrich con el envío de 10 toneladas de cocaína para el cartel de Sinaloa. 

Luego de tres meses de investigación, este lunes la Fiscalía anunció el primer paquete de medidas en contra de los implicados en el caso de corrupción. Se trata del llamado a imputación de cargos en Colombia a Marlon Marín Marín y a otros cinco particulares, quienes se habrían concertado para garantizar la presunta entrega de contratos del posconflicto a empresarios, a cambio de dádivas.

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Los primeros en comparecer ante un juez serán María Elvira Valencia Gómez, abogada y experta en contratación estatal; José Domingo Ardila Neira, exdiputado de Santander y exconcejal de Socorro (Santander); Yésica Carolina Gómez Builes; Bibiana Marleny Arias Garzón y el exdiputado de Norte de Santander Jesús Aldemar Puello Rojas.

SEMANA reveló varias de las conversaciones en poder de la Fiscalía –son cerca de 15.000 audios–, que evidencia que en torno a los recursos para el posconflicto, a nivel nacional, se tejió una pavorosa telaraña de corrupción:

Hombre: ¿Cómo es la cuestión cuando desembolsen los recursos?

Yésica Gómez: Aquí en las manos tengo el proyecto que tiene una AIU del 30 por ciento, las comisiones que hay que dar, las coimas.

H.: ¿Aparte del 20 por ciento?

Y.G: No, no, no. El 20 por ciento viene dentro de ese 30 por ciento...

El hombre que habla es Marlon Marín. Yésica Gómez es una de las personas con quien se movió al conseguir jugosos contratos, y la expresión AIU significa administración, imprevistos y utilidades. Es el término en clave para referirse a la coima por pagar a cambio de ganar el contrato.

El ente investigador aseguró que los elementos recopilados en tres meses de indagaciones, pusieron al descubierto una red
ilegal de contratos que se habría dedicado a cooptar empresarios con el supuesto de garantizarles la entrega de los  proyectos agrícolas y de construcción de las vías terciarias, definidos en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto.

Según la Fiscalía, esta organización era encabezada por Marín y las otras cinco personas, quienes presuntamente solicitaban a los interesados un porcentaje del valor total de los contratos o un anticipo para sellar la adjudicación. 

Los imputados deberán responder por el delito de concierto para delinquir por enriquecimiento ilícito.

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