Marta Lucía Ramírez, la duquesa de la costa

Desde que estaba haciendo su propia campaña presidencial, Marta Lucía Ramírez adoptó la lucha contra la corrupción como una de sus banderas. Y la siguió ondeando con fuerza cuando se convirtió en fórmula y luego vicepresidenta de Iván Duque. Una vez posesionada, las tareas que le asignó el presidente fueron menos ambiciosas que las que tuvieron otros vicepresidentes en la historia reciente, pero se centraron en ese aspecto que a la larga puede dar muchos réditos: la batalla por la transparencia.

Con esa misión, Ramírez asumió el papel de veedora de varias ciudades y regiones en las que alcaldes y gobernadores han sido suspendidos o destituidos, y reemplazados por otros que han asumido la tarea como encargo. En la actualidad hay más de 1.000 investigaciones en la Contraloría General, en la Procuraduría y en otras instancias, contra mandatarios locales y regionales elegidos en 2015.

La influencia de la vicepresidenta ha sido visible sobre todo en el Caribe, en especial en Cartagena, Santa Marta y San Andrés, donde se viven profundas tensiones sociales y políticas desde hace años, derivadas de los malos manejos de la clase política. “No hay nadie mejor indicado para este acompañamiento que la vicepresidenta”, aseguró el presidente Iván Duque cuando posesionó como alcalde encargado de la Heroica al excongresista Pedrito Pereira.

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Adoptar ciudades que han tenido caos institucionales, como el de Cartagena que ha visto pasar 15 alcaldes en ocho años, es sin duda positivo en términos de acompañamiento, apoyo a competencias, recursos y desarrollo de estrategias de transparencia. Pero también puede tener sus complejidades. Más allá de los aspectos administrativos de la descentralización, durante años las regiones han venido reivindicando su autonomía para romper con una tradición de gobierno excesivamente centralista. Cuando están dadas las condiciones de transparencia, la autonomía de alcaldes y gobernadores puede terminar causando mayor eficiencia. Así ha ocurrido en ciudades que han dado un salto significativo en sus indicadores.

En el caso de Marta Lucía Ramírez, su acompañamiento a los alcaldes encargados ha sido algo muy valorado. Tienen el apoyo del Gobierno, el liderazgo de la vicepresidenta y la vigilancia estrecha de los recursos públicos. Tres temas importantes para gobernar bien en lo local. Sin embargo, en varias de las alcaldías sobre las que el Gobierno ejerce su tutela también hay quejas. En Santa Marta, Cartagena y San Andrés, muchos funcionarios dicen que se entromete en asuntos que van más allá de sus competencias. Aunque no hay ninguna evidencia de que esté tocando la burocracia, existen suspicacias en el mundo político local sobre su protagonismo de cara a una candidatura presidencial en 2022.

En Cartagena es donde más se hace evidente el don de mando de la vice. Aunque el alcalde encargado, Pedrito Pereira, no habla al respecto, varios funcionarios le dijeron a SEMANA que ella está en todo: organiza eventos, tiene relación con el Concejo municipal, da línea en las secretarías y lidera convocatorias que deberían estar a cargo de la administración distrital.

A comienzos de año, La W relató cómo el alcalde Pereira ha tenido que cancelar reuniones clave para la ciudad porque desde la Vicepresidencia se impone su agenda. Según el informe de la emisora, el viernes 8 de febrero, Pereira no pudo revisar obras de una vía en Zaragocilla ni revisar trabajos en los muros en la Popa para evitar un derrumbe porque, de imprevisto, le avisaron que debía reunirse con Ramírez en Bogotá. Esa situación habría pasado otras veces. “A través de sus asesores, llama e impone reuniones y pide ser nombrada en todos los discursos”, aseguró una fuente de la Alcaldía a SEMANA.

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Santa Marta es otro caso en el que la vicepresidenta ha tenido que ejercer una veeduría cuerpo a cuerpo. En el intento por solucionar la gobernabilidad en esa ciudad, el presidente Duque nombró al secretario de Transparencia, Andrés Rugeles, que formalmente depende de Ramírez, para ejercer como alcalde encargado.

El comienzo de Rugeles no ha sido fácil. A comienzos de abril, poco después de ser designado, Rugeles pidió a los organismos de inteligencia hacer una inspección en la Alcaldía de Santa Marta. Aunque esta no contó con orden judicial, Ramírez respaldó al alcalde encargado, convencida de la necesidad de combatir la corrupción en la política local. Asimismo, varios concejales de Santa Marta aseguran que la vicepresidenta le impuso al alcalde una asesora, Hilda Caballero, quien apoyó la campaña presidencial de Ramírez, y que le habría vetado nombrar a Eduardo Campo Vergara, cercano al exdirector de La U Sergio Díaz-Granados, en la administración de la ciudad.

A partir de una reunión inicial entre el alcalde Rugeles y varios actores políticos pertenecientes a la clase tradicional de la ciudad, también se asegura que desde el Gobierno se buscaron contactos iniciales a nivel regional con Cambio Radical y con La U para evitar que el movimiento Fuerza Ciudadana, de Carlos Caicedo, vuelva al poder. Los acuerdos entre el Centro Democrático, La U, Cambio Radical y la casa Char se habrían truncado en el momento en que Germán Vargas Lleras denunció que el Gobierno había ‘volteado’ al senador Luis Eduardo Díazgranados (charista y de Cambio Radical) para que votara a favor del Plan de Desarrollo al que se opuso el exvicepresidente.

En San Andrés, la influencia de Marta Lucía Ramírez tampoco ha pasado desapercibida. El contraalmirante Juan Francisco Herrera fue nombrado por Duque como gobernador encargado en octubre pasado, tras la ausencia del titular Ronald Housni, investigado por corrupción. Hasta el momento su gestión ha sido muy bien valorada por expertos y varios sectores de la isla. Pero, como era de esperarse, entre los miembros de la Asamblea sanandresana generó malestar el hecho de que esta corporación había negado dos veces el nombramiento de Herrera, con el argumento de que al frente de la isla debe estar una figura raizal. Ante la negativa de la Asamblea, Ramírez, convencida de la conveniencia de que la ciudad quedara en manos del contraalmirante Herrera, lo acompañó a posesionarse ante un juez.

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En la isla, más allá del celo histórico raizal en la autonomía de su gobernabilidad, se ha sumado una inquietud ciudadana. El esposo de la vicepresidenta, Álvaro Rincón, quien es constructor, estaría vinculado al proyecto hotelero Grand Sirenis, que se adelanta en la isla. En 2018 el exgobernador Álvaro Archbold denunció que este proyecto va en contravía de algunos aspectos del Plan de Ordenamiento Territorial de la isla, como la altura permitida y los permisos necesarios para intervenir en los ductos de alcantarillado. El senador Antonio Sanguino tiene la lupa puesta en este tema. Al respecto, SEMANA se comunicó con la oficina de la empresa de construcción y envió un cuestionario a la oficina de prensa de la vicepresidenta, sin obtener respuesta.

Por último, está La Guajira. En este departamento la vicepresidenta habría abogado por dejar como gobernador encargado a Wilson Rojas, quien reemplazó a Wilmer David González Brito, acusado de corrupción. Ramírez insistió en que La Guajira mejoró con Rojas en indicadores de lucha contra la corrupción. Sin embargo, en mayo, el presidente Duque nombró a Wilbert Hernández, a partir de una terna enviada por los conservadores y La U. “La vice se dio la pelea por dejar a Rojas y abogó hasta el final por él”, aseguran un congresista de La Guajira y varios diputados del departamento.

La trayectoria pública de Marta Lucía Ramírez no ha tenido tacha y su influencia en los gobernantes encargados del Caribe deja claro que manda, tira línea y conoce los temas. Pero también es evidente que hay que buscar un sano equilibrio entre una vigilancia estricta del Gobierno nacional para cuidar el buen gobierno local cuando ejerce los encargos de alcaldes y la autonomía que necesitan estos para funcionar. Y entender que, más allá de las buenas intenciones de la vicepresidenta, y de su efectivo liderazgo, muchas de sus decisiones se van a leer bajo el prisma de sus ambiciones políticas.