Marta Lucía Ramírez rechazó participación de representante de ONU en evento de Claudia López sobre manifestaciones

El Gobierno nacional, por medio de la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, arremetió fuertemente por medio de una carta en contra de Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por su participación en el evento organizado por la Alcaldía de Bogotá sobre los muertos en las manifestaciones que se registraron en la capital del país en 2020.

En ese documento, Ramírez señaló que ve con profunda preocupación una especie de refrendación de esa funcionaria a un informe externo del cual el Gobierno nacional no tenía conocimiento sobre los hechos ocurridos en el marco de las jornadas de protesta del 9 y 10 de septiembre de 2020, en sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá con Claudia López.

“El Gobierno colombiano expresa su preocupación por su presencia en el evento mediático organizado para presentar el referido informe, dada la representación que Usted ostenta. En sus declaraciones, Usted parece refrendar el contenido de un documento que el Estado no conocía hasta ayer y que plantea una situación de desconfianza grave en la institucionalidad y, en particular, en la Policía Nacional”, dice uno de los apartes de la misiva.

Y advirtió la alta funcionaria en el documento: “Tratándose de un informe de un experto independiente a su oficina, actualmente aspirante político, el gobierno colombiano debe llamar la atención sobre los efectos desafortunados que su participación en el evento genera, no solo por el mensaje que se transmite a la opinión pública sino a las propias instituciones del Estado”.

De la misma manera, la vicepresidenta indicó que esa actitud pone en riesgo la confianza que debe prevalecer, según la funcionaria, en las relaciones entre el Gobierno nacional y la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, y se dificulta la comunicación y la cooperación que constituyen la esencia de su mandato.

“El Estado colombiano recuerda, una vez más, a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos el Acuerdo suscrito el 30 de octubre de 2019, en el cual se estipula el uso de los canales diplomáticos establecidos para transmitir regularmente al Gobierno las preocupaciones, evaluaciones o recomendaciones sobre los temas objeto de su mandato”, dice la carta.

Subrayó: “El Estado insta a la Oficina de la Alta Comisionada privilegiar el diálogo constructivo y la comunicación, en el marco de los procedimientos ya establecidos. Lo contrario significaría un activismo ajeno a sus funciones y a la alta responsabilidad y confianza que representa la presencia en Colombia de todo el sistema de las Naciones Unidas”.

También agrega la misiva: “Como la Oficina a su digno cargo muy bien conoce, Colombia es un país que reconoce sus desafíos y que no niega sus dificultades. El Gobierno se conduele sinceramente por el dolor de las familias que sufrieron la pérdida de un ser querido en un momento tan difícil como el que vivió Bogotá en septiembre del 2020 y las instituciones pertinentes adelantan las investigaciones penales y disciplinarias a lugar para que se haga justicia”.

Y concluyó la vicepresidenta y canciller: “El Estado espera que las actividades de la Oficina contribuyan a fomentar un clima de confianza, corroborando todas las informaciones con fuentes oficiales, en aplicación de los principios de imparcialidad, objetividad, independencia y transparencia que deben regir todas sus actuaciones”.