Marta Lucía Zamora ofició a Álvaro Leyva para que requiera las sentencias o sanciones necesarias contra el Grupo Aval y Corficolombiana

Esta semana, a través de su cuenta personal de Twitter, como suele comunicar al país decisiones importantes de su Gobierno, el presidente de la República, Gustavo Petro, tomó nuevas medidas sobre el escándalo de la multinacional Odebrecht y el episodio de sobornos.

En el mensaje que publicó el jefe de Estado, ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores activar los mecanismos pertinentes de colaboración jurídica con los gobiernos de Brasil y Estados Unidos, con el objetivo de seguir avanzando en las indagaciones.

“He ordenado a la Cancillería de Colombia utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de los EE. UU. y Brasil para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del grupo Aval genera al estado colombiano”, trinó Petro.

Y agregó en el mensaje: “Los brasileños que incurrieron en delitos en Colombia gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de las multas impuestas en Colombia”.

“Los contratos entre Corficolombiana y el Estado colombiano deben ser revisados, comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana”, anotó el mandatario colombiano.

Y concluyó en el trino: “Le solicito respetuosamente a la Fiscalía reabrir los casos, si es necesario, del proceso de Odebrecht/Aval y hallar los destinatarios de los sobornos”.

Ahora bien, atendiendo la orden impartida por el presidente Gustavo Petro, Marta Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ofició al canciller Álvaro Leyva para que, a través de canales diplomáticos, requiera las sentencias penales o sanciones administrativas emitidas por la SEC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra del Grupo Aval y Corficolombiana.

Por otra parte, en horas de la tarde del lunes de esta semana, el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter (ahora X) aseguró que un exfuncionario del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos habría sido sobornado por el Grupo Aval por 3,4 millones de dólares.

El jefe de Estado compartió un cuadro que menciona en la parte superior que “Odebrecht solo ha confesado USD 14,1 M de USD 51,9 M en pagos irregulares identificados”. En la parte inferior de la gráfica se lee: “Lobby estabilidad jurídica, 3,5 millones”.

“En este cuadro ustedes podrán ver por dónde se pagó el otro soborno de 3,4 millones de dólares por el Grupo Aval a un funcionario del Gobierno Santos”, explicó el presidente sobre la imagen. Y agregó: “Se trata del pago por un contrato de estabilidad jurídica que redujo el pago de impuesto de renta del 35 % a un poco más del 1 %”.

Posteriormente, el presidente mencionó al exfiscal Néstor Humberto Martínez, el cual señaló que recibió una “comisión” por ser “abogado de esta operación”.

“El abogado de esta operación por el Grupo Aval fue el posterior fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por el cual recibió una comisión de éxito”, dijo.

“Solo necesita estudiar qué funcionarios intervienen en los acuerdos de estabilidad jurídica dentro de los gobiernos, que expuse con nombres propios en mi debate en el Senado”, concluyó su mensaje el mandatario.

Sin embargo, el presidente Petro reveló nuevos detalles en cuanto al “soborno por el contrato de estabilidad jurídica del grupo Aval/Odebrecht”.

El jefe de Estado asegura que “quien firma el contrato de estabilidad jurídica: Javier Hernández, viceministro de Hacienda estructurador del SITP en alcaldía de Samuel Moreno, amigo de Luis Alberto Villegas, acusado de recibir sobornos en Tunjuelo Canoas, cuya esposa del Centro Democrático le entrega recursos a todos los concejales de Bogotá”.

Además, asegura que el comité que toma la decisión son: “Mauricio Cárdenas delega a Hernández viceministro. Ministro de Comercio, Sergio Díaz Granados, Miguel Peñalosa, Cecilia Álvarez, Mauricio Santamaría Salamanca”.

Sin embargo, en otro mensaje en Twitter, el presidente se refirió a lo sucedido con Odebrecht. De acuerdo con el mandatario, la red de corrupción tiene una agravante, debido a que “un fiscal general de la nación fue el abogado de la red previamente y recibió una comisión de éxito por una decisión oficial que se logró a través de un soborno a funcionario público de varios millones de dólares”. El jefe de Estado aseguró que cuando era senador denunció lo mencionado en el Congreso de la República.

Petro además afirmó que la relación entre el exfiscal Néstor Umberto Martínez y el Grupo Aval “impidió un juicio transparente en el caso y el descubrimiento de los sobornados, que hoy por hoy son altos dirigentes políticos”.