La carta que le envió la esposa de Pretelt al fiscal

El viernes pasado durante una larga entrevista radial el expresidente de Corte Constitucional Jorge Pretelt, dijo que su esposa y sus hijos saldrían del país después de que la Fiscalía llamó a indagatoria a su esposa, Martha Ligia Patrón, por preseuntos delitos de lesa humanidad.

Pretelt aseguró que le tenía miedo a la Fiscalía porque lo estaba persiguiendo a él y a su familia y dijo que no aceptaría que el ente acusador le tocara "un pelo a su esposa".

"Me mantendré acá en el país; pero sí necesito pedirle al Estado protección a mis hijos", sentenció el togado durante las declaraciones que entregó a la prensa y que sumieron a la rama judicial en una grave crisis.

Dicho y hecho. Este fin de semana se supo que la esposa de Pretelt abandonó el país porque su hija menor "se encuentra muy afectada" por el escándalo en contra del magistrado.

En una carta que Martha Ligia Patrón le envió al fiscal general, Eduardo Montealegre, le informa que no asistirá a la diligencia prevista para el próximo viernes 27 de marzo.

La esposa del magistrado deja constacia en la misiva que: "no podré cumplir con esa diligencia porque me ausentaré unos días del país en razón de que mi hija menor de edad se encuentra muy afectada física y psicológicamente debido a los constantes ataques y al constreñimiento de los que mi esposo, el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt Chaljub, mis hijos y yo, hemos sido víctimas durante más de 20 días, poniendo en peligro nuestra integridad y seguridad personales, violándonos, entre otros, los derechos fundamentales de una menor de edad, la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa y violentando además el principio de dignidad e integridad personal y familiar, así como el buen nombre de nuestra familia", indica.

Martha Ligia le dice a Montealegre que se ve obligada a ausentarse unos días del país "para preservar la salud, la seguridad de mi hija y la mía propia; no podría actuar de manera distinta ante las afectaciones físicas, psicológicas y morales de las que los miembros de mi familia hemos sido víctimas".

Según la Fiscalía, Pretelt y su esposa tendrán que responder por un caso de despojos de tierras a campesinos por parte de paramilitares. Al parecer, una finca fue adquirida por el magistrado y su esposa entre el 2002, y el 2003 fue epicentro de un desplazamiento armado.

Hace dos semanas la Dirección Nacional de Justicia Transicional solicitó ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín la imposición de medidas cautelares sobre los predios La Corona y Alto Bonito. Al parecer, las fincas que adquirieron el magistrado y su esposa estarían involucradas con casos de desplazamiento forzado.

Por esto, la Fiscalía investigará si con esta compra-venta se cometieron los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, destrucción y apropiación de bienes indebidos.