"Más allá de la pandemia, el Chocó sufre el abandono estatal y la corrupción”

Preocupados por el incremento de la violencia, los desplazamientos y “el alarmante aumento de violación de los derechos individuales y colectivos de los pueblos étnicos del Chocó”, la Diócesis de Quibdó, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), la Mesa Indígena del Chocó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Red Departamental de Mujeres Chocoanas y la Mesa Territorial de Garantías dieron a conocer un manifiesto público con el fin de llamar la atención sobre la situación que sigue padeciendo ese territorio.

Según estas entidades, la llegada del virus al país y a la región han hecho que se invisibilicen aún más “los grandes problemas históricos de la violencia, el abandono estatal y la corrupción que siguen causando el mayor daño a nuestras comunidades”, afirman.

En el comunicado son reiterativos y aseguran que, a causa de las normas gubernamentales decretadas para controlar la pandemia, los actores armados ilegales se mueven por toda la región sin ningún obstáculo. Las AGC y el ELN, “según sus respectivas zonas de dominio, imponen su ley y destruyen la vida de las comunidades, colocándose por encima de las autoridades étnicas y de los reglamentos comunitarios”, aseguran.

Por otra parte, afirman que pese a sus multiples denuncias durante años nunca han encontrado una respuesta adecuada por parte del Gobierno. “Nuestra propuesta del ‘Acuerdo Humanitario Ya!‘ ha sido ignorada”, afirman.

Para la Diócesis de Quibdó, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), la Mesa Indígena del Chocó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Red Departamental de Mujeres Chocoanas y la Mesa Territorial de Garantías, el Gobierno nacional ha emprendido una guerra contra los grupos guerrilleros que aún operan en la región, donde la suerte de las comunidades en medio del fuego cruzado no importa.

Según estas entidades, ellas han podido constatar en los últimos meses una retoma paramilitar en el Chocó y aseguran que este grupo armado realiza movimientos masivos de tropas hasta por afluentes por los que antes no habían entrado. “Este tipo de acciones serían imposibles de realizar si existiera un verdadero control por parte de la fuerza pública”, reiteran.

Pero su preocupación va más allá de lo rural y aseguran que en Quibdó, la capital chocoana, se han alcanzado cifras de asesinatos nunca vistas. “Se registró la increíble cifra de 75 asesinatos durante los primeros cinco meses del año en curso”, dicen, y afiman que están cansados de enumerar una vez más “todo tipo de abusos, violaciones de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos y no observación del Derecho Internacional Humanitario, que hemos denunciado constantemente”.

Según estas entidades, los pueblos afros, indígenas y mestizos siguen estando en medio de la disputa por el territorio, mientras que la minería mecanizada avanza sin restricciones y aumenta la contaminación y la destrucción del medioambiente.

Aseguran que la Sentencia T622/2016 que protege los derechos del río Atrato no tiene avances significativos. Todas las comunidades rurales, especialmente las indígenas, siguen constantemente expuestas a enfermedades endémicas y epidémicas (tuberculosis, pulmonía, neumonía, dengue, paludismo), acompañadas de una crónica malnutrición y debilidad en el sistema inmune.

Así mismo aclaran que la intención no es subestimar el peligro que significa la llegada del coronavirus al departamento, pues tan solo en el comienzo de los contagios ya el sistema sanitario había colapsado.

El llamado urgente —aseguran— es a la comunidad internacional para que acuda de manera decidida con apoyos necesarios que permitan superar el “momento dramático” que atraviesa esa región.

“Si el Gobierno quiere eficacia y credibilidad en las medidas para combatir el avance de la pandemia y para proteger la vida del pueblo, no se puede limitar a los decretos de cuarentena y descuidar el panorama del conflicto armado, las economías ilegales, la miseria, la corrupción y la falta de atención en salud que históricamente están cobrando innumerables vidas en el departamento del Chocó”, afirman, y aseguran que “con los recursos que se malgastan en una guerra interminable se podría construir y sostener un sistema de salud sólido coherente con el derecho universal y no con el lucro. La única “guerra” que apoyaríamos incondicionalmente sería una “guerra” eficaz y decidida contra la corrupción”, puntualizan.

Esta denuncia se suma a la hecha por la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región del Pacífico este fin de semana, cuando aseguraron que Leyner Palacios Asprilla, reconocido líder social de la región, está siendo objeto nuevamente de amenazas contra él y su familia.