Más cargos contra el juez que “tumbó” al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio

En 2019 un juez, de acuerdo con una investigación de la Fiscalía y el grupo contra la corrupción de la Dijin, encontró la forma de “tumbar” o estafar al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en el Valle del Cauca. El juez, procesado y judicializado, falló millonarias demandas con el supuesto argumento de pagar cesantías a los profesores, pero los recursos quedaban en manos de abogados.

Grupos de docentes se dejaron convencer de que era posible exigirle al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio el pago de cesantías que supuestamente quedaron pendientes por pagar. La dinámica era simple, pero corrupta, y los profesores, abogados y el juez, lo sabían.

“Los hechos están relacionados al exjuez primero laboral de Buenaventura (Valle del Cauca) Wilson Escarria Camacho, el cual falló dos procesos ejecutivos laborales a favor de un grupo de docentes en una demanda que instauraron en contra del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) los profesores alegaron que no habían recibido sus pagos de cesantías y, por eso, el empleador debía responder con la sanción moratoria”, señaló una fuente de la investigación.

Las demandas avanzaron y curiosamente terminaron en el despacho del juez que, sin mayores reparos, embargó las cuentas del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Un proceso que, en una primera etapa de la investigación, advirtió más de 11.000 millones de pesos enredados en estas decisiones judiciales que afectaron de manera directa los recursos públicos, por las demandas corruptas de los profesores.

La investigación avanzó y a pesar de que el juez ya estaba procesado por esa primera demanda, se conocieron otras que nuevamente afectaron al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, ahora por un valor superior a los 22.000 millones de pesos que nuevamente fueron girados en favor de los demandantes.

“En el año 2019 el exjuez de la República, embargo varias cuentas bancarias a nombre Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) por un valor aproximado a los Veintidós mil millones de pesos una vez el dinero fue puesto a disposición del juzgado, se le entregó ilegalmente a los abogados demandantes, afectan patrimonialmente a la entidad demandada”, advirtieron fuentes del proceso.

Fue gracias a la investigación de la Dijin y las decisiones de otros jueces, que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga-Valle, declaró la nulidad de todas las actuaciones del juez procesado y compulsó las copias para investigar no solo al juez que falló, sino a los abogados que llevaron el proceso y los docentes que demandaron.