Más de 1.000 millones de pesos se repartieron funcionarios y congresistas por “direccionar” los contratos del DPS

Los detalles de la investigación que tiene a congresistas, funcionarios y contratistas enredados con hechos de corrupción, en criterio de la Fiscalía, se comparan con el prontuario de una estructura criminal, dedicada a desfalcar los recursos públicos.

En los últimos días, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del senador Ciro Ramírez y la Fiscalía imputó cargos al exsubdirector de Proyectos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Pierre Augusto García.

En la imputación de cargos, el ente acusador, explicó de qué forma se direccionaron los contratos del DPS, en especial los destinados al llamado Proyecta Quindío por más de 48.000 millones de pesos repartidos en 27 subcontratos que dejaron ganancias ilegales por más de 1.000 millones, según la fiscal del caso, repartidos entre los funcionarios involucrados y los congresistas.

“Asimismo, se estableció que el exsubdirector del DPS en la selección de los contratistas, al parecer, no tuvo en cuenta criterios de priorización; y, por el contrario, habría actuado motivado por los intereses particulares de la empresa criminal. De otra parte, se conoció que, por el posible proceder ilegal, el exfuncionario presuntamente recibió dádivas por 1.000 millones de pesos, dinero que fue compartido con el congresista involucrado”, señaló la Fiscalía.

La fiscal, durante la imputación de cargos, aseguró que los involucrados tenían roles definidos y se convirtieron en una estructura criminal al servicio de la corrupción para saquear los recursos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y dejarlos en poder de los contratistas que posteriormente pagaban dádivas a los congresistas.

“En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó ante un juez de control de garantías a Pierre Augusto García Jacquier, exsubdirector de Proyectos del DPS; y le imputó los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Los cargos que no fueron aceptados”, señaló la Fiscalía, en la imputación al exsubdirector.

De acuerdo con la investigación, Pierre Augusto García Recibió en su despacho en el DPS a varios congresistas que tenían un objetivo principal lograr la adjudicación de los millonarios contratos a ciertos contratistas que previamente garantizaron una retribución económica por la entrega y a su ubicación de los mismos.

“Es decir, usted cumple no solamente un rol de subordinación con los senadores dentro de esta estructura criminal, porque obedece las instrucciones, de indicarle en últimas al funcionario público que direcciona la contratación, cómo debe darse este direccionamiento, sino que adicionalmente entrega directrices en ese marco de instrumentalización para finiquitar ese direccionamiento de la contratación estatal”, señaló la fiscal del caso.

En la imputación, la Fiscalía insistió que además del senador Ciro Ramírez, otro congresista resultó mencionado en las diligencias, se trata del también senador Miguel Ángel Barreto, de quien se advirtió, estuvo en varias oportunidades en la oficina del DPS, con el mismo objetivo.

“Destacar estas visitas porque también fue uno de los senadores que se acuñan como dueños de esa contratación derivada de Proyecta-Quindío y para dejar absolutamente claridad con esos hechos jurídicamente relevantes, también tiene que hacer alusión la Fiscalía a lo siguiente: el punible concierto para delinquir exige dentro de los elementos del tipo la existencia es acuerdo de voluntades y esas circunstancias de tiempo, modo y lugar”, dijo la Fiscalía en la imputación de cargos.