Más de 12.000 personas han sido desplazadas por la violencia en los primeros meses de 2024. Estos son los departamentos más afectados

Las imágenes de migrantes cruzando fronteras entre países impactan y conmueven porque salieron de sus casas obligados y por diferentes razones. Pero pocas veces se refleja la realidad interna. En Colombia, durante lo corrido de este año, más de 15.400 personas han tenido que dejar sus hogares y salir a deambular, tratando de encontrar un techo en el cual refugiarse. Sobre los hombros llevan niños, colchones, una que otra olla y los pocos harapos que lograron recoger antes de que una bala los alcanzara.

Familias enteras quedan en medio del fuego cruzado que lanzan sin piedad miembros de grupos armados ilegales para disputarse el control territorial, sin tener en cuenta que en realidad es una zona que ya tiene dueños: bebés, jóvenes, ancianos, mujeres y hombres que lo único que quieren es que la paz deje de ser una palabra trillada y utilizada a conveniencia por los Gobiernos de turno.

Tirado en el piso, en un rincón del salón comunal de Toribío, Cauca, tratando de cubrirse con una muralla de sillas plásticas arrumadas, está un hombre que saca su celular para dejar registro de lo que estaba pasando el 7 de abril.

“En este momentico estamos desplazados desde nuestras viviendas, estamos en el salón comunal de la vereda El Damián, que es el sitio de concentración para resguardarnos del conflicto armado”, describe mientras muestra las piernas de otras personas que lo acompañan en el piso. A los desplazados los tienen amenazados. El que se atreva a mostrar el rostro o dar el nombre para denunciar la situación es considerado “hombre muerto”.

Viven entre el sonido que producen las balas al ser descargadas. “En estos momentos hemos recibido unos impactos en el salón comunal que le han dañado el techo, el piso y han hecho como cuatro impactos de bala en las paredes”, narra una de las víctimas.

La crueldad que afrontan los desplazados del conflicto es tan relevante y atípica, comparada con otros países, que cuando los productores que recogieron la información para escribir el libreto de Encanto, la película de Disney inspirada en Colombia, decidieron que ese debería ser el arranque de la historia, con la diferencia de que no todas las familias tienen un final feliz en el que su realidad se soluciona de manera mágica.

Según cifras reveladas por la Defensoría del Pueblo, durante abril de 2024 se registraron 40 eventos de movilidad humana forzada, distribuidos en siete casos de desplazamiento forzado masivo, 11 eventos de confinamiento y 22 eventos que implicaron riesgo de desplazamiento y confinamiento. Esas cifras traducidas en personas afectadas suman 11.137.

“Sacar a mis niños de la casa en medio de ráfagas de disparos es lo más terrible que he vivido”, dice una mujer de 27 años que tuvo que salir con sus tres hijos, menores de 10 años, de la casa que tenían en el corregimiento Florida, de Argelia, Cauca. En el desplazamiento se encontraron con 24 familias más del sector de La Montaña, del mismo municipio, y de las veredas El Edén, El Placer, El Limoncito y Los Ángeles.

En esta región que limita con Nariño, son miembros del frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, los que han sembrado terror. Incluso los enfrentamientos se han registrado con el Ejército Nacional, que busca recuperar el terreno que dejó el Estado sin presencia militar por más de dos décadas.

Son tantas las afectaciones que se generan al quitarles el arraigo a cientos de familias que la Procuraduría General de la Nación ha tenido bajo la lupa a las entidades del Estado para que cumplan lo planteado en la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, que en 2024 completó 20 años de ser emitida, con la que se pretenden restablecer los derechos vulnerados. Incluso, el Ministerio Público ha exhortado al Ministerio de Defensa para que envíe a las Fuerzas Militares y a la Policía a proteger los territorios en los que los grupos criminales cogieron demasiada ventaja.

De igual manera, a las entidades locales, departamentales y nacionales para que garanticen el presupuesto para brindar atención primaria en alimentación, kits de aseo, vivienda y educación a la población afectada. No solo en Cauca se está recrudeciendo la guerra, en el municipio de Olaya Herrera, Nariño, también familias enteras han llorado mientras abandonan el hogar.

En dos oportunidades el cabildo indígena San José Robles se vio envuelto en enfrentamientos y hostigamientos, “Se dan plomo entre ellos y antes vienen a decirnos que salgamos de nuestro territorio porque van a durar varios días en esas, que si no nos vamos entonces que no se responsabilizan de lo que pase”, dijo un adulto mayor que, un poco encorvado, tuvo que sumarse a la marcha que emprendieron 53 familias conformadas por más de 200 personas que están viviendo de la caridad en municipios cercanos. No todas familias pueden salir a tratar de resguardarse, muchas quedan atrapadas en medio de los disparos, tatucos y, en algunas oportunidades, rodeadas de minas antipersonal.

Esta población es a la que llaman confinadas. Eso fue lo que pasó en el municipio de San José de Fragua, en el que una mujer de 30 años cayó recientemente en un campo minado. También hay minas en Valparaíso, según confirmó el Ejército Nacional. En la última semana de mayo en San José de Fragua aparecieron sin vida 11 personas, entre ellas una mujer, como resultado de los combates que han protagonizado el Estado Mayor Central, que son las Farc de Iván Mordisco, contra los miembros de la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez.

En varios puntos de Caquetá hay miedo. Comerciantes, líderes y pobladores en general argumentan que si no asisten a las reuniones que están programando los grupos criminales los amenazan con ser asesinados, eso está sucediendo sobre todo en El Doncello.

“Todas las noches le hago la novena a Nuestra Señora de Lourdes, para que pare todo esto. Hace unos años la guerra se llevó a mi esposo, no quiero que pase lo mismo con mis hijos y nietos”, dice María Mosquera y confiesa que a veces también pide para que las autoridades no den grandes golpes militares, como los llaman, porque cada vez que eso pasa los enfrentamientos se agudizan y su corazón empieza a latir al ritmo de cada detonación que escucha. ¿Y quién puede cuestionar su postura cuando solo ellos entienden el contexto en el que viven?

La Defensoría del Pueblo reportó que en Belén de los Andaquíes se protagonizó una confrontación de la Policía y el Ejército Nacional contra delincuentes, y como resultado neutralizaron a los disidentes de la Segunda Marquetalia.

Departamentos como Antioquia, Chocó, Arauca, Cesar, Putumayo, Valle del Cauca, Bolívar, Norte de Santander, Vaupés y Vichada también viven con intensidad el fenómeno del desplazamiento forzado.

Los informes oficiales dan cuenta de que se registraron 43 desplazamientos entre enero y mayo, afectando a un total de 6.081 familias a nivel nacional, siendo la región de Pacífico la más perjudicada. “Hemos atendido a la población desplazada y confinada, velado por la garantía de sus derechos, la hemos acompañado en sus registros como víctimas, recibido sus quejas, y seguimos reclamando sus reparaciones”, manifiesta el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, explicando que han hecho seguimiento a 23 órdenes estructurales y a los más de 590 autos emitidos por la Corte Constitucional sobre desplazamiento.

“Yo de estadísticas no sé nada, solo que nos tiene jodidos no poder dormir en nuestra propia cama. Que los colchones toque ponerlos en las ventanas y esconder a los niños para que no me los maten”, reniega Jesús, uno de los tantos hombres que salieron de su casa esperando salvaguardar su integridad y quedaron sin trabajo para sostener a su familia.