Más de 1.400 personas han sido desplazadas este año por grupos armados en el Catatumbo

La situación humanitaria y de orden público en el departamento de Norte de Santander, es preocupante debido al incremento de las acciones de violencia, por cuenta de los grupos armados que delinquen en esa región del país, ubicada en zona de frontera.

La frontera de 467 km que comparte el departamento con Venezuela hace que ejercer el control sea más difícil para las autoridades colombianas, y la población del departamento asciende a 1.658.835 habitantes, de los cuales 334.940 son población refugiada y migrante procedente de Venezuela, representando el 20 % del total de la población del departamento.

El área más afectada por el conflicto armado es la subregión del Catatumbo, que comprende once municipios: Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

Según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), durante los primeros nueve meses de este 2023, 1.638 personas han resultado afectadas por desplazamientos forzados, amenazas, homicidios selectivos y la presencia de Municiones sin Explotar (MSE) y Trampas Explosivas (TE) perpetrados por Grupos Armados No Estatales (GANE).

En ese sentido, el Catatumbo concentra el 81 % de la población afectada por la violencia y el conflicto armado en Norte de Santander.

Según el documento de la OCHA, durante este año, se han registrado 47 acciones armadas que han resultado en el desplazamiento masivo de 1.470 personas en la subregión. Además, los desplazamientos individuales han afectado a un total de 4.330 personas.

Pese a que se registra una disminución del 20 % en los enfrentamientos entre los GANE en comparación con 2022, existen preocupaciones por los posibles enfrentamientos entre estos grupos y la instrumentalización de civiles para actividades ilícitas.

Alertas tempranas

El pasado 03 de octubre, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación emitieron una circular conjunta en la que advertían sobre diversos actos de violencia identificados en la zona, entre ellos secuestros, amenazas, homicidios selectivos y extorsiones dirigidas a la población civil.

Dicho documento se suma a las alertas emitidas previamente por la Defensoría del Pueblo, en la Alerta Temprana No 025-2021 para los municipios de El Tarra y San Calixto, donde se detallan los riesgos que enfrenta la población civil debido al fortalecimiento y expansión de los grupos armados ilegales.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) realizó una misión humanitaria del 2 al 6 de octubre en diversas comunidades de la región, incluyendo Puerto Palmas del corregimiento La Gabarra y autoridades indígenas en Tibú, los corregimientos de San Pablo y Aserrío en Teorama y la vereda de San Ignacio en San Calixto.

La misión tenía como objetivo evaluar las necesidades humanitarias y brindar apoyo a las comunidades afectadas por el conflicto.