Más de 200 judicializados por corrupción en Nariño y Putumayo, según informe de la Fiscalía

Este jueves, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en su visita al sur del país, acompañado de la vicefiscal Martha Janeth Mancera, y la delegada para la Seguridad Territorial, Luisa Obando, se reunió con los directores seccionales de Nariño y Putumayo y verificó los avances de la estrategia de lucha contra la corrupción. Así lo dio a conocer mediante un comunicado oficial.

Las acciones investigativas definidas en Nariño han permitido judicializar a 107 personas por diferentes delitos asociados con corrupción, durante los últimos 31 meses. Entre los procesados están un alcalde y dos exalcaldes de El Charco, además de tres concejales, un fiscal, un exfiscal, dos integrantes de la Policía Nacional y otras 97 personas más entre particulares, contratistas y servidores públicos de diferentes dependencias municipales o departamentales.

En el departamento han sido vinculadas formalmente y presentadas ante jueces de Control de Garantías 164 personas. Entre los investigados está el gobernador del departamento, Buanerges Florencio Rosero Peña, quien estaría involucrado en posibles irregularidades detectadas en un contrato de ambulancias medicalizadas.

Asimismo, se han adelantado acciones judiciales contra 28 alcaldes y exalcaldes de diferentes municipios del departamento como San Francisco, Puerto Asís, Mocoa y Villagarzón; también se han judicializado 16 secretarios de despacho, 26 contratistas, 23 policías y 30 funcionarios de distintas entidades públicas.

De igual manera, hay frentes investigativos abiertos y activos contra 46 personas denunciadas por presuntos hechos de corrupción, como lo es el caso de ocho exdiputados del departamento, cuyos procesos se encuentran en etapa de juicio.

“Con este balance de estos dos departamentos en corrupción les decimos a los colombianos que estamos protegiendo los recursos públicos, que estamos protegiendo al mismo tiempo la seguridad de todas las personas en la medida en la que si no se protegen los recursos públicos, por supuesto que quedan las personas en una situación de vulnerabilidad social”, aseguró el fiscal general.

Disidencias de las Farc, en Nariño, piden un cese bilateral

De otro lado, en un comunicado emitido para la opinión pública, Óscar García, comandante de la columna móvil de las disidencias de las Farc Urías Rondón, en Nariño, habló sobre la disposición que tienen para colaborar con la “paz total”. Sin embargo, para eso el Gobierno debe tener “políticas claras de inversión social sin discriminación alguna” para eliminar la brecha social que hoy, según el grupo guerrillero, empobrece al país.

“Colombia avanza en un nuevo Gobierno democrático que busca cambiar la historia”, dijo, señalando que es la “primera vez que existe una oportunidad de la paz total, donde tiene que haber participación de todos los sectores de la sociedad civil, que han sido excluidos por más de cinco décadas”, para terminar con el conflicto interno “que nos han enfrentado al pueblo con el mismo pueblo”.

Por lo anterior, manifestó que la columna Urías Rondón está dispuesta al diálogo “y total subordinación con el Estado Mayor Central en cabeza del camarada Iván Lozada” para una paz, que, según ellos, sea “estable y duradera”. No obstante, le envían un contundente mensaje al presidente Gustavo Petro:

“Debe inmediatamente dar orden al ministro de Defensa y a los altos mandos militares para que entregue los nombres de los oficiales, suboficiales y soldados que son investigados tras las denuncias de la comunidad en Nariño que tienen alianzas con grupos de paramilitares como los Contadores, la Oliver Sinisterra, los Allendes y los Diegos”, aclarando que es la nueva Marquetalia que tiene acorralado al departamento buscando su desplazamiento.

En medio del comunicado enumeró lo que debería garantizar el Gobierno a los campesinos, como el comercio de sus productos y la mejora de las vías para que los puedan transportar con “programas de sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos”.