Más de 400 bienes entregados por exparamilitares, designados como ‘gestores de paz’, no aparecen en el Fondo de Reparación

Mientras las víctimas del conflicto armado en Colombia siguen esperando algún tipo de reparación, la Unidad para las Víctimas denunció ante la Fiscalía que más de 400 bienes entregados por 10 exparamilitares, designados como gestores de paz, no aparecen en el inventario de bienes del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

De hecho, la directora de la entidad fue hasta el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, para reunirse con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, con el objetivo de contarle detalles sobre esa situación y sobre los focos de corrupción que se han venido destapando al interior de la Unidad.

“Trajimos una comunicación a la Fiscalía con preguntas sobre ¿dónde están los bienes?, especialmente aquellos que requieren extinción de dominio para poder surtir el tránsito de que sean entregados o monetizados para las víctimas”, explicó la directora Solano.

Y es que, en total, el Fondo para la Reparación de Víctimas tiene a la fecha más de 3.300 bienes, pero tan solo 580 cuentan con un proceso de extinción de dominio. Esa situación sería una ‘talanquera’ para las víctimas del conflicto armado que, por años, han esperado ser reparados.

“Nos reunimos con la señora fiscal para solicitarle apoyo con los fiscales a cargo para que, a través de ellos, se les pida a las salas de Justicia y Paz que den celeridad al trámite de extinción de dominio de los bienes que faltan, ya que surtiendo este paso, desde la Unidad podemos monetizarlos para reparar a las víctimas incluidas en las sentencias”, afirmó la directora Solano.

La directora de la entidad también manifestó que “se solicitará a otras entidades, como la SAE, contrastar su información con la Fiscalía para esclarecer todo lo que tiene que ver con los bienes que las víctimas requieren para su reparación”.

El encuentro entre la Unidad de Víctimas y la Fiscalía también sirvió para socializar los casos de corrupción que se estarían presentando al interior de la entidad encargada de atender a las víctimas y que, según explicaron, se presentó en las pasadas administraciones. Por lo que solicitó un apoyo de la Fiscalía en el avance de esas investigaciones.

“Una de las mayores dificultades que se han presentado en la administración de los bienes es la ocupación no autorizada, ya que del número total, 1.383 se encuentran en este estado, convirtiéndose en una carga administrativa y económica para la Unidad, representando un detrimento en los recursos públicos”, explicó la Unidad para las Víctimas a través de un comunicado.