Nación
Más de 4.000 indígenas permanecen confinados y en situación de riesgo en Bajo Baudó
La Defensoría del Pueblo advirtió que la intensificación en la disputa territorial entre el ELN y las AGC pone en riesgo a cientos de familias. La entidad había advertido del riesgo en 2020.
La Defensoría del Pueblo lamentó la consumación de los hechos de violencia que habían sido advertidos en una alerta temprana previa, particularmente en las comunidades de Playa Linda y Puerto Galve, en Bajo Baudó, Chocó.
“Es lamentable que a pesar de la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo, se consumaron las situaciones de riesgo y de vulneración de los derechos humanos en Bajo Baudó, especialmente en las comunidades de Playa Linda y Puerto Galve que están en este momento confinadas por las acciones de los grupos armados ilegales”, manifestó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Particularmente, la Defensoría del Pueblo rechazó el atentado contra el líder indígena Guillermo Itucama Ortíz quien resultó herido mientras se dirigía a Playa Linda. A pesar de las condiciones complejas de seguridad, la Defensoría dio a conocer que trabaja en coordinación con la Fuerza Pública las opciones para la evacuación de Itucama de la zona, con el fin de brindarle la atención médica necesaria.
“Solicitamos medidas urgentes por parte de las autoridades para atender a las 4.679 personas, pertenecientes a 984 familias, de 14 comunidades indígenas, quienes están confinadas por el accionar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, aseguró Camargo.
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Por otra parte, informó que los equipos de la entidad en el territorio han evidenciado que existe un riesgo alto de desplazamiento masivo en las comunidades mencionadas, porque están cercadas por grupos armados, lo que se suma a otros hechos de violencia reportados en la zona. “En este momento preparamos el informe sobre la consumación del riesgo que ya había sido advertido”, dijo el defensor.
El 26 de julio de este año, la Defensoría del Pueblo envió a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) un oficio de consumación del riesgo advertido en la Alerta Temprana 030-20, en el cual manifestó la necesidad de adoptar medidas necesarias y efectivas de prevención y urgente protección de los derechos a la vida, libertad, integridad, seguridad e integridad personal de la población que habita en: los Resguardos indígenas del Río Purricha, y Pavasa, y las comunidades de Belén de Docampadó, Playa Sivirú, San Andres de Usaragá, Terrón, Birrinchao, Agua Clara, Villanueva y Pizarro (cabecera) en el del municipio del Bajo Baudó.
Esto por la grave situación de riesgo que enfrentan sus habitantes, por la intensificación de la disputa territorial entre el ELN y las AGC.
En dicha alerta, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la expansión de las AGC, que encarnan afectaciones directas líderes y lideresas, particularmente en los homicidios selectivos de dos líderes sociales en el transcurso de los últimos días, además del riesgo inminente de confinamiento y desplazamiento forzado masivo.
Tan solo pocos días atrás, la entidad alertó por la presencia de los mismo grupos armados en el municipio Medio San Juan y pidió atención urgente para cerca de 1.150 personas desplazadas y confinadas en territorios cercanos.
En 2019, la entidad emitió una alerta temprana en 2019 para Itsmina y Medio San Juan que señalaban el riesgo para estas poblaciones por la presencia y fortalecimiento del ELN. Por eso se realiza el seguimiento a ese documento y se actualizan las condiciones sobre el riesgo en estas comunidades.
