Nación
Más de 600 personas intentaron colarse en la JEP para recibir beneficios judiciales por delitos comunes, corrupción y narcotráfico
En total, la JEP le ha cerrado sus puertas a 2.772 personas que no aportaron a la verdad o no cumplían con los requisitos para que sus casos fueran abordados por esta jurisdicción.
En cinco años de funcionamiento, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha rechazado y excluido de forma definitiva a 2.772 personas que solicitaron ingresar a la JEP, pero que no reunieron, ni cumplían con los requisitos necesarios para que sus procesos judiciales fueran tramitados por la Jurisdicción Especial para la Paz.
De ese total, 666 personas intentaron colarse en la JEP para recibir beneficios judiciales pese a que no tenían ninguna relación con el conflicto armado y habían cometido delitos comunes y que afectaron gravemente a la sociedad colombiana, por tratarse de casos emblemáticos de corrupción o relacionados con narcotráfico. De ellos 582 eran civiles y 84 eran agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública.
Del universo de postulaciones que no fueron admitidas, la JEP informó que muchas de estas personas presentaron sus solicitudes por fuera de los tiempos estipulados por la Ley, en otros casos se trató de comparecientes que fueron expulsados por no cumplir con sus obligaciones dentro del Sistema Integral para la Paz, es decir, no brindaron aportes tempranos, oportunos y exhaustivos a la verdad que vayan más allá de lo conocido y establecido por la justicia ordinaria.
De acuerdo con la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el mayor porcentaje de procesos rechazos corresponde a 1.750 solicitudes de antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de otros grupos armados al margen de la ley, quienes no hacen parte de la competencia personal, material o temporal de la JEP.
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En otros casos, la JEP determinó que se trataba de procesos que no tenían nada que ver con el conflicto armado colombiano. Por ejemplo, se rechazó la solicitud de cinco excombatientes de las extintas Farc-EP y de ocho personas que participaron en hechos de protesta social. Asimismo, la Sala determinó que 343 solicitudes de miembros de la fuerza pública estaban por fuera de la competencia de la JEP.
“Cabe destacar que, durante este arduo ejercicio de estudio, contrastación y verificación de las solicitudes, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha hecho una tarea rigurosa en la que se ha seguido el marco normativo y jurisprudencial que rige a esta Jurisdicción, además del seguimiento de los criterios de competencia y, por supuesto, el análisis estricto del régimen de condicionalidad con el que deben cumplir los comparecientes”, aseguró la JEP.
La JEP también informó que hasta el momento ha concedido más de 700 amnistías a exmiembros de las extintas Farc-EP a través de la Sala de Amnistía o Indulto.
Alias Gafas debe ser expulsado de la JEP si se comprueba que volvió a las armas
El nombre de Alexander Farfán Suárez, conocido como uno de los carceleros de los 15 secuestrados, políticos, militares y ciudadanos estadounidenses que fueron liberados en la Operación Jaque, volvió a sonar fuertemente por la posibilidad de que sea expulsado de la JEP, al continuar delinquiendo y por la sorpresiva decisión del Gobierno de nombrarlo “gestor de paz”. En medio de la grave acusación y el “salvavidas” del Gobierno, la Procuraduría fue radical al solicitar que, si siguió en el mundo del crimen, debe ser expulsado de inmediato.
El ente de control disciplinario pidió a la JEP “corroborar la posible retoma de armas en contra del Estado por parte de Suárez, excomandante de las Farc, conocido como alias Gafas, dentro del trámite de revisión y supervisión de beneficios provisionales que adelanta la magistratura en su contra”.
La solicitud, señalan desde la Procuraduría, se hace como consecuencia de la resolución de la Presidencia en la que se reconoce a Farfán Suárez como “uno de los miembros representantes para participar en la fase preliminar de alistamiento y conformación de la Mesa de Diálogos de Paz (gestor de paz)” entre el Gobierno nacional y una estructura armada ilegal, disidente de las Farc, autodenominada Estado Mayor Central de las Farc.
En su comunicación a la JEP, el procurador delegado, Jairo Acosta Aristizábal, precisó que Farfán Suárez, alias Gafas o Enrique Gafas, es compareciente de la JEP y hace parte del macrocaso 01 e indicó que, de comprobarse su pertenencia al grupo mencionado en la resolución presidencial, deberá ser excluido inmediatamente del sistema, por hecho notorio de retoma de armas en contra del Estado.
