PROCESO

Le salen más objeciones a la terna para Gobernación de La Guajira

Ante la Procuraduría fue interpuesta una solicitud de “intervención urgente” en la que se pide que las oficinas jurídicas de Presidencia y Mininterior “detengan el procedimiento para la designación de gobernador”.

12 de mayo de 2019
| Foto: Fotomontaje SEMANA

Fue radicada ante la Procuraduría General de la Nación una “solicitud de intervención urgente” frente a la terna presentada por los partidos La U y Conservador al presidente Iván Duque para que escoja al gobernador encargado de La Guajira, luego de la condena de la Corte Suprema al titular del cargo, Wilmer González Brito, hoy prófugo de la justicia.

Según el documento radicado, la terna conformada por Yedis Licet Pinto, Wilbert José Hernández Sierra y Enrique Freyle Melo “puede ser considerada viciada” dado que el nombre de la mujer, postulado por los conservadores, habría sido incluido de manera irregular, pues fue presentado por el exsenador Omar Yepes Alzate sin que hubiera asumido formalmente la representación legal del partido azul.

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Carlos Villera Lang, autor del texto, señaló que junto con su escrito aportó un derecho de petición anterior en el que expone esta situación e incluso presenta un certificado del Consejo Nacional Electoral en el que se señala que el presidente del Partido Conservador para la fecha de la designación de Pinto era el exparlamentario Hernán Andrade.

El nombre de la mujer, postulado por los conservadores, habría sido incluido de manera irregular, pues fue presentado por el exsenador Omar Yepes Alzate sin que hubiera asumido formalmente la representación legal del partido azul.

SEMANA ya había informado de un derecho de petición de similares características presentado por Wilmer Antonio Rangel radicada ente la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior radicada igualmente el 11 de abril.

En el caso de de Villera, el 16 de abril la oficina jurídica dee Palacio derivó “por competencia” la petición al Mininterior. Aún así no fue respondida ni por Presidencia ni por el ministerio en los 15 días hábiles que dicta la ley. De ahí que el firmante haya solicitado la intervención de la Procuraduría.

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Además, el documento hace referencia a una objeción, esta vez por cuenta de las comunidades wayú. “En su debida oportunidad el 3 de mayo de 2019, un gran número de las autoridades  tradicionales indígenas wayú elevaron objeción a la terna presentada”. Ello se explica en “el incumplimiento de los dispuesto en el artículo 6 de la Ley 21 de 1991, en el procedimiento para la conformación de la citada terna”.

“Lo anterior al considerar que habiendo sido ellos [los indígenas] los que votaron y eligieron a González Brito en el cargo de gobernador, y por tratarse en su mayoría de comunidades indigenas debieron ser consultados previamente a la integración de dicha terna”, expuso el texto.

Revive denuncia

El ternado Wilbert José Hernández Sierra, actual director de la regional del ministerio de Trabajo en La Guajira, nombrado en este gobierno, sería a ojos de los guajiros el más opcionado para quedarse con el encargo de la Gobernación por la cercanía de su madre, la matrona wayú Francisca Sierra -Mama Franca-, con el uribismo.

Es ella quien más ha abogado por la postulación de su hijo, no solo en los acuerdos del tipo ‘tu me apoyas yo te apoyo’ con miras a las elecciones de octubre que ha sellado con el representante Alfredo Deluque —quien busca entronizar en enero a su mano derecha, el exdirector del DPS, Nemesio Rois— sino que en al menos en dos ocasiones ha abordado fuera de todo protocolo al presidente Duque para insistirle en el nombramiento, incluso saltándose al esquema de seguridad como ocurrió la semana pasada.

Ello, sumado a que en medios de comunicación nacionales se difundió la versión de que los ternados serán entrevistados esta semana, ha hecho revivir una denuncia penal de 2013 interpuesta ante la Fiscalía por Rubén Darío ‘Memín’ Cotes en contra de Hernández Sierra por las conductas de injuria y calumnia.

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En ella, el denunciante hizo referencia a un artículo de La Silla Vacía titulado ‘El aniversario de una muerte cantada’ en el que Hernández Sierra dijo: “A mí me quiere matar Memín […]. En realidad a mí me quieren matar todos, pero la información que hay es que él en especial” y que lo señala de ser “una de las cabezas de la barcia que se dedica al narcotráfico y a la venta de gasolina”.

Consideró Memín que esas expresiones lo ponían “en el escarnio público, de paso poniendo mi vida en inminente peligro de muerte”. Afirmó que no era cierto que él fuera “enemigo público” de Hernández Sierra y señaló que él “puede atentar contra mi vida, hecho que denuncio públicamente y por tanto pido protección a las autoridades, por cuanto con esos señalamientos mi vida peligra”. SEMANA llamo repetidas veces al celular de Wilber Hernández para conocer su posición frente a esta denuncia, pero no atendió las llamadas.

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Cotes Gómez no fue precisamente un santo. Fue extraditado en 2000 a Estados Unidos por narcotráfico, como parte de la estructura de Santa Lópezsierra —El hombre Marlboro— y regresó al país tras cumplir su pena. Fue asesinado en marzo de 2015 en Maicao y, según la Policía, “llevaba una vida normal” y no tenía requerimientos judiciales.

Consideró Memín que esas expresiones lo ponían “en el escarnio público, de paso poniendo mi vida en inminente peligro de muerte”. Afirma que no es cierto que él sea “enemigo público” de Hernández Sierra y señala que él “puede atentar contra mi vida”.

Sin embargo, en la Fiscalía indagaban —aunque nunca se estableció— si Memín era el sucesor de Marcos ‘Marquitos’ Figueroa, capo narcotraficante y contrabandista guajiro. Es a Figueroa a quien la familia Hernández Sierra señala de haber organizado la muerte de una de las hijas de Francisca, Marta Dinora la ‘Chachi’ Hernández Sierra, bajo la presunta autoría intelectual del entonces gobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez.

No obstante, según declaraciones de Arnulfo Sánchez González, conocido como Pablo, jefe del sanguinario frente Contrainsurgencia Wayú que ejecutó la masacre de Bahía Portete, la Chachi se alió para sostener un jugoso negocio de tráfico de narcóticos y lavado de dinero con Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, el jefe del bloque Norte con quien fue socio en la cooperativa gasolinera Ayatawacoop. Posteriormente la sociedad habría sido con la banda Los Nevados de los mellizos Mejía Múnera.

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El exjefe paramilitar señaló desde su reclusión en una cárcel de Virginia (EEUU), a la entonces fiscal ante la Corte Suprema Martha Lucía Zamora, que el asesinato de la Chachi —2012 en Santa Marta— ocurrió como un ajuste de cuentas de los Mellizos por la pérdida de un cargamento de 500 kilos de cocaína, según corroboró también un testigo del proceso a SEMANA.

Más allá de los mutuos señalamientos, lo cierto es que Memín Cotes fue asesinado y esa muerte ha servido para golpear la ya cuestionada aspiración de Wilber Hernández Sierra a la gobernación de La Guajira. En las manos del presidente Duque está mantener —como ya lo ha hecho en anteriores ocasiones— la transparencia del proceso.