Más polémicas para el PAE: Contraloría General emitió fallo con responsabilidad fiscal por $723 millones por sobrecostos en Arauca

La Contraloría General de la República emitió un fallo de responsabilidad fiscal por más de $723 millones ($723.239.825) en contra del secretario de Educación del departamento de Arauca, William Arévalo, “por fijar desde la etapa precontractual valores que excedieron los precios reales del mercado, dentro de un proceso de contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE)”, según el ente de control.

Durante el proceso de contratación, la estimación de precios “se realizó sin los debidos soportes objetivos”, lo que resultó, de acuerdo con la Contraloría, en que la Gobernación de Arauca pagara un valor contractual superior al precio real en el mercado, “monto que incluye todas las variables que inciden en la determinación de los costos de los bienes”.

Además, la Contraloría General emitió un fallo de responsabilidad fiscal de manera solidaria en contra de los miembros de la Unión Temporal Alimentar Arauca 2019, quienes en calidad de contratistas “omitieron los deberes de planificación, buena fe y transparencia” al suscribir un contrato con la Gobernación sin prever una adecuada estructuración de los costos de los productos alimenticios para las raciones a preparar en casa del Programa de Alimentación Escolar.

Esta decisión fue tomada por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, luego de analizar todo el material probatorio presentado y recopilado durante el proceso de responsabilidad fiscal, así como el informe técnico.

De acuerdo con las pesquisas, se determinó que hubo un detrimento al demostrar que la ejecución de los recursos por parte de la Gobernación de Arauca, destinados a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar durante el aislamiento generado por la pandemia del covid-19, “mediante la entrega de raciones para preparar en casa; generó un detrimento en razón a los sobrecostos que reconoció la administración departamental a la firma contratista, a través de la suscripción y ejecución del modificatorio No.1 del contrato 469 de 2019, en cuantía de $580.150.638, valor que traído a valor presente por ajuste por inflación corresponde a la suma de $723.239.825″.

Retrasos del PAE en Boyacá

Las polémicas por el PAE no paran en diferentes regiones del país. Uno de los últimos casos es el del departamento de Boyacá, pues el calendario escolar empezó ya hace tres meses en la mayoría de los colegios del departamento y aún hay cinco municipios en los que no se ha implementado el Programa de Alimentación Escolar.

Por eso, la Procuraduría General de la Nación exhortó a las autoridades departamentales a buscar alternativas que permitan garantizar la ejecución del programa en los cinco municipios que han enfrentado dificultades para suscribir contratos.

Según lo informado por el Ministerio Público, en una reunión con el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, se pudo establecer que 3.696 niños y niñas de Santa María, Otanche, Coper, Pauna y La Victoria no han recibido raciones alimenticias desde el inicio del calendario escolar debido a problemas geográficos y de acceso a estas áreas, y también debido a la limitación de recursos.

La Procuraduría General aseguró que asumió un papel de liderazgo en estos cinco municipios para solucionar la situación lo antes posible, especialmente en Santa María, donde el PAE se ha declarado desierto en nueve ocasiones.

La Procuraduría también pidió a la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA) que se revisen las posibilidades de aumentar los recursos para el programa, pues “el desembolso de 37 mil millones de pesos, destinados para el departamento, quedó corto ante lo demandado”.

El Ministerio Público advirtió que seguirá adelantando estricta vigilancia para que los derechos de los menores no sean vulnerados y el cumplimiento del PAE sea una realidad.