Más policía y más Esmad: el presidente Duque presenta su nueva política de seguridad

Colombia tendría 34.000 policías más en cuatro años. Esa es una de las metas clave que traza la nueva política de seguridad y convivencia ciudadana, presentada este viernes por el presidente Iván Duque Márquez en Medellín.

Con esa medida se busca tener más efectivos que estén enfrentando la delincuencia y garantizando la seguridad en las calles. La disminución del cuerpo policial había hecho sonar las alarmas. Mientras las amenazas delincuenciales se vuelven más sofisticadas, el número de agentes ha venido cayendo sostenidamente en los últimos cinco años. De 149.000 efectivos que había en 2014, este año quedaban 10.000 menos.

Por eso, una de las directrices del nuevo marco de seguridad producido por la Presidencia es revertir esa tendencia. El número no solo crecerá, según la directriz, también muchos de los agentes que se han dedicado a labores administrativas serán destinados para el patrullaje. Además, se planea que gradualmente la Policía deje de prestar el servicio del control del tránsito, que le corresponde brindar a los municipios, para integrar a esos agentes a labores de seguridad.

Aunque es una de las más llamativas, no es la única medida a la que apunta la nueva política. Esta también habla de aumentar ampliamente la cantidad de efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). “Deberá fortalecerse la capacidad de los escuadrones móviles antidisturbios, multiplicar su número, mejorar su respuesta, intensificar su entrenamiento, del mismo modo que la formación”.

Esta determinación resulta polémica en el contexto del reciente paro nacional, en el que algunos sectores incluso pidieron el desmonte del escuadrón y la creación de nuevas formas de atender la protesta. Esto, tras la muerte del joven Dilan Cruz, en Bogotá, quien recibió el impacto de un proyectil de baja letalidad disparado por un agente. Además de las denuncias de varios excesos de fuerza por parte de esta unidad en la atención de las manifestaciones.

Otras de las órdenes de esta política es la promoción del desarme de la ciudadanía, bajo la premisa de que el Estado debe tener el monopolio sobre las armas. Por eso, la política busca que se persiga y castigue con mayor fuerza los delitos que se relacionan con el porte y la tenencia ilegal de armas.

Frente a la lucha contra el delito le apunta a fortalecer las labores de inteligencia y, por esa vía, aumentar la eficacia de los organismos de seguridad. En la presentación de su nueva política, el presidente Duque afirma: “La forma en que se aborda el combate al delito también cambiará. La orden es mejorar la eficacia, para lo cual las capacidades de inteligencia e investigación criminal se deberán enfocar en la disrupción de las redes delictivas asociadas a rentas criminales urbanas. Esto permitirá afectar estructuralmente los negocios ilícitos”.

Un enfoque clave de la seguridad será la protección de grupos sociales vulnerables, según el texto presentado. Esto pasa por el fortalecimiento del ICBF para la defensa de los niños; la promoción de la no discriminación a la comunidad LGBTI y la aplicación de la ley para el habitante de calle.

Para que todas estas disposiciones se vuelvan realidad, el documento del Gobierno plantea un trabajo articulado con los departamentos y los municipios. Lo que se busca es que los entes territoriales acojan en sus decisiones de seguridad locales los elementos trazados por la política nacional. Así mismo, se menciona la creación de un ranking público para monitorear y estimular la aplicación de las directrices con las que el gobierno Duque busca mejorar la seguridad en todo el país.