¿Qué hay detrás de la masacre de campesinos en Tumaco?

Al sur del país se encuentra Tumaco, un municipio inundado de coca y de problemas que salieron a flote por los trágicos hechos que se registraron este jueves. En medio de las protestas que buscaban impedir la erradicación de cultivos ilícitos, murieron civiles y quedaron decenas de heridos. La situación es, por decir lo menos, confusa y preocupante.

El número de personas asesinadas después de 24 horas aún está por determinar, el Gobierno confirmó seis personas, pero las organizaciones sociales insisten en que serían 15. La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), por ejemplo, asegura que el número podría crecer debido a que muchos fueron trasladados a Ecuador y "no hay información de su paradero y estado".  Era más fácil pedir auxilio a diez minutos que los separan del vecino país que a la propia cabecera municipal colombiana. Esta última tarea se habría demorado tres horas.

A las 10 de la mañana del 5 de octubre más de 1.000 campesinos avanzaban por la zona selvática de Alto Mira -se habla de la vereda Puerto Rico y Tandil- tratando de impedir la erradicación de la mata de coca en un pulso con la Policía. Hasta ahí coinciden las distintas versiones que después se contraponen.

El brigadier general William René Salamanca, comandante de Regional IV de la Policía, explicó a La W Radio que desde que llegaron –el 1 de octubre- la presión fue evidente, desactivaron minas antipersonales e incluso fueron atacados “con tatucos que detonaron a los costados de las tropas” y por eso llegó en un helicóptero apoyo del Esmad.

"Alias ‘Guacho‘ y su grupo de GAO residual de la Daniel Aldana de las Farc lanzaron al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la Fuerza Pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades”, indicaron la Policía y el Ejército en un primer comunicado.

Pero los campesinos tienen otra versión. Según cuenta Coccam, no estaban armados y solo realizaban un cerco humanitario para impedir que se hiciera la erradicación y “esta (la Fuerza Pública) sin mediar palabra abrió fuego de forma indiscriminada contra la población”.

La gran pregunta es de dónde vinieron las balas. Ante este interrogante el brigadier general dijo: “no puedo apresurarme a las investigaciones de la Fiscalía”. Aunque el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, haya descartado la responsabilidad de sus tropas. “La versión que me dieron es que cuando comenzó la situación, se replegaron los miembros de la Fuerza Pública y como están acostumbrados a esos hechos, se atrincheraron y respondieron el fuego. Entonces, estaban protegidos”, dijo el presidente Juan Manuel Santos luego de presidir una reunión de alto nivel con la cúpula militar en Bogotá. A su juicio: “nuestra Fuerza Pública no dispara contra civiles”, dijo. Y agregó que lo ocurrido en este territorio es objeto de investigación.

Por otra parte, una fuente de Tumaco le explicó a SEMANA que hay otra hipótesis de lo ocurrido: “El Esmad lanzó gases lacrimógenos y los campesinos en defensa lanzaron los recipientes que quedaron, la Policía reacciona al pensar que están siendo atacados y disparan”. Wilson Baraona, uno de los sobrevivientes por otro lado, relató que "nosotros estábamos encerrándolos para que no nos arrancaran las matas de coca, entonces comenzaron los antimotines a dispararnos gases lacrimógenos, nosotros nos corrimos y nos tapamos la boca, después nos empezaron a disparar (...) de los campesinos no salió ninguna bala". Más allá de las dos versiones, lo cierto es que en Tumaco ocurrió una masacre de civiles y quien quiera que haya disparado deberá responder.

Escudos humanos 

En el contexto de Tumaco, las denuncias de los campesinos se las ha llevado el viento. "En esa zona va a haber una tragedia. Le pedimos que acelere la sustitución de cultivos ilícitos y la erradicación", le dijeron los habitantes de Tumaco al vicepresidente Óscar Naranjo hace quince días. En sus manos no tenían pruebas para contagiarle lo que sentían, aunque en el fondo presentían lo peor.

El cercó humanitario que un grupo de campesinos sembró para evitar que avanzaran las tropas que habían llegado con la firme tarea de arrancar las matas de coca de quienes no se acogieron a los programas de sustitución, empezó a dejar una estela de mal olor. El 28 de septiembre centenas de campesinos llegaron a instalarse en ese punto de Puerto Rico, donde este jueves ocurrió la masacre.

Estaban cargados de provisiones. Las jornadas serían largas y no se acabarían hasta que una de las dos partes diera su brazo a torcer. Hombres, mujeres y niños llevaban más de ocho días defendiendo una causa suya, pero también ajena. Desde hace tiempo en Tumaco se comenzó a cocinar la tormenta perfecta para que la violencia se reciclara. La pista más contundente se sembró ese jueves cuando un grupo de campesinos se asentó en la zona de Puerto Rico (Tumaco) para evitar que un grupo de policías arrancaran las matas que venían sembrado en sus predios desde hace un tiempo. Ese fue el primer día del encuentro.

Fue al final de una semana de tensiones cuando la cuerda se rompió por el lado más frágil. Esa fue la sensación con la que se quedaron aquellos que salieron vivos de los hechos y de quienes no aceptaron presiones para llegar hasta el lugar. Aunque la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma) argumenta que quienes participaron en el plantón lo hicieron voluntariamente, en la cabecera de este municipio nariñense muchos sienten que a la historia le falta una pieza.

"La propuesta era sacar 30 personas por comunidad para ir a pelear con la fuerza pública. Tocaba dormir, cocinar y acampar en el monte. La comunidad que decidía no ir, tenía que pagar una sanción de 50.000 pesos diarios y si no iban les quitaba las fincas, les minaba los cultivos y los caminos", les dijeron a más de 400 asistentes que el 19 de septiembre se reunieron en la vereda Puerto Rico. Ese fue el segundo encuentro después de que un hombre identificado como Cachí los reuniera para socializar "el plan de trabajo" que tenía en mente contra la erradicación forzada.

Los encuentros a los que obliga Cachí -un hombre de unos 27 años que según la comunidad tiene el control del negocio del narcotráfico en la zona- vienen de tiempo atrás. "El 20 de septiembre empezó al trabajo de comunidad en comunidad movilizándose con gente armada. Él seguía con su plan y le dijo a cada comunidad que si no aceptaban les iba a matar dos personas", relata una fuente. 

Como parte de todo el rompecabezas que está por armar, la ocupación territorial es un ingrediente que también genera divisiones. Además de las comunidades afros asentadas en las zonas, hay una larga lista de colonos que llegaron por la bonanza de la coca como cultivadores o raspachines. Esa es una de las razones que explica el porqué entre los muertos "no hay nadie de ese municipio sino víctimas de Caquetá, Putumayo y Antioquia".

El negocio es simple: mientras las autoridades intentan sacar adelante los planes de sustitución con los pequeños campesinos dueños de una o dos hectáreas, atrás, en las profundidades del territorio, sigue floreciendo el negocio que no tiene cara de desaparecer. Cultivos industriales es como identifican las autoridades las grandes extensiones de tierra de hasta 100 hectáreas donde los narcotraficantes siguen haciendo de las suyas. Los campesinos son el escudo mientras que los grandes productores protegen su siembra con cercas de minas antipersonales y pequeños grupos de hombres armados.

Para Jean Arnault, jefe de la Misión de la ONU en Colombia, lo sucedido en este municipio muestra "la necesidad de propiciar por todos los medios posibles que campesinos de las regiones afectadas por el consumo de coca puedan escapar de la disyuntiva mortal, en el caso de ayer, entre la pobreza y la ilegalidad".

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también condenó los hechos y los calificó como "crímenes". Además, recordó que reiteradamente han advertido "los riesgos que para la vida de las personas del Alto Mira y Frontera significa esta tensión, unida a la aparición de diferentes grupos interesados en las economías ilícitas". La ONU explicó que después de un análisis concluyeron que las muertes de los campesinos se dieron en un contexto de problemas estructurales de derechos humanos, sumados a la falta de implementación del Acuerdo de Paz. "La Oficina urge a que se investigue lo ocurrido y a que se juzgue y sancione a sus responsables", aseguraron por medio de un comunicado.

Nada que cede la lucha contra el narcotráfico en el pacífico. La carta que se intentó jugar el Gobierno teniendo a las Farc de su lado no le arrojó muchos resultados, al menos en esa región. Con el asesinato de Genaro García, los habitantes de Tumaco sienten que la columna Daniel Aldana se salió del redil de la exguerrilla y "está más viva que nunca". Una situación que se afianzó cuando al frente de la zona veredal pusieron fue a hombres de la columna Mariscal de Sucre de las Farc. 

"Allá se quedaron los grandes comandantes, pero los chiquitos se fueron a engrosar los grupos que hay en la zona", explica un habitante para quien la "violencia está peor que cuando la guerrilla estaba armada". Los habitantes, en principio, se refieren a tres hombres que después de enfrentarse entre sí, se habrían puesto de acuerdo para controlar y regular el mercado: ‘Guacho‘, un exguerrillero de las Farc; ‘Contador‘, miembro del Clan del Golfo y un llamado narco puro ‘Cachi‘.

Más allá de los cultivos que aparentemente estaban defendiendo esta semana, la joya de la corona es el corredor estratégico que en ese puerto representa el Alto Mira. Las vías son terribles, no hay señal de comunicación pero sí hay ríos para transportarse. "Dos indígenas identificados como Jaime Guanga Pai y Alfonso Taicus Guanga se encuentran entre las víctimas mortales de la masacre de Alto Mira y Frontera", explicó la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA). Además, se habla de un menor de edad que también habría muerto por impacto de bala. "Pasó lo que se sabía iba a pasar, eso que tanto se había advertido en diversos espacios donde se ha abordado el tema de la sustitución" agregaron. La última palabra la tendrá Medicina Legal, no sólo cuando revele la causa de muerte, sino también el número exacto de asesinatos. 

Desde que comenzó la erradicación, en marzo pasado, van más de 1.500 hectáreas destruidas. La mala noticia es que la resiembra crece a la par. Matas de un verde brillante se ven a ras del piso por todas partes. Aquí nadie se llama a engaños. La propia Policía calcula que el éxito de su tarea será del 15 por ciento y lo constató SEMANA durante una visita a la zona. Es decir que por cada 1.000 hectáreas erradicadas, los campesinos volverán a sembrar 850. Saben que esta es una solución temporal. La definitiva tendrá que venir de la mano del desarrollo rural. Una promesa plasmada en el acuerdo de La Habana, por cuenta de la cual, aún no se ha arrancado la primera mata de coca. La erradicación forzada va rápido pero la resiembra también.

El problema se acentúa si se tiene en cuenta que el programa de sustitución de cultivos que lidera el Ministerio del Posconflicto avanza a paso de tortuga. Aunque hace meses las comunidades firmaron una carta de intención colectiva, poco avanzan los acuerdos individuales.

"Los problemas de Tumaco van muchos más allá que sólo erradicar unas cuantas hectáreas y por eso es que no hemos pedido llegar a una solución acertada para reintegrar esos territorios al desarrollo (...) este es un momento importante para replantear la meta de las 50.000 hectáreas erradicadas manualmente por año", manifestó el analista Daniel Rico sobre un método que ha dejado más de 240 muertos y más de 1.000 heridos amputados.

Pese a la dura batalla que libra el Gobierno con el narcotráfico en ese territorio, que se ha convertido en el plan piloto del posconflicto, urge esclarecer los hechos que se presentaron este domingo. Los asesinatos contra civiles no se pueden minimizar y para esto es urgente saber quién o quiénes dispararon contras los civiles. Con toda la presencia institucional que ha llegado a Tumaco, una respuesta contundente no podrá tardar más. Pero si la arremetida llegó por parte de la fuerza pública también tendrán que rendir cuentas por sus actos. Sin duda esta masacre confirma, como ocurrió en 53 años, la vulnerabilidad de la población civil en zonas de conflicto.                                            

La masacre de un puñado de campesinos en Tumaco devolvió a Colombia a la perpetua historia de un fracaso, que no deja más triunfos pírricos. Combinar los tonos de la lucha antidroga, como una respuesta al indiscriminado crecimiento del número de áreas sembradas, nos refrescó la memoria y nos dio un amargo trago de violencia. Erradicar a la brava es tan nocivo como no llegar con los procesos de sustitución a tiempo.