Masacre de Chochó | Mayor de la Policía se declaró inocente por el asesinato de los tres jóvenes pese al arsenal de pruebas en su contra

Un nuevo capítulo se empezó a escribir esta semana en la investigación que se adelanta por la masacre de tres jóvenes en zona rural del municipio de Chocó (Sucre). El mayor de la Policía Cristian Alberto Salamanca Betancourt, quien fue capturado el pasado lunes, se declaró inocente de los delitos de privación injusta de la libertad y tortura.

En contra del mayor existen varias declaraciones de integrantes de la Institución que lo señalaron de haber tenido contacto directo con los jóvenes que fueron subidos a la fuerza a una patrulla de la Policía, donde fueron golpeados, amenazados y torturados mientras los trasladaban hasta Sincelejo, en hechos registrados en la tarde del 25 de julio de 2022.

Debido a la gravedad de las heridas, José Carlos Arévalo Contreras, Jesús David Díaz Monterroza y Carlos Alberto Ibáñez Mercado fallecieron en un centro médico en la capital de Sucre. Pese al pacto de silencio que se fijó desde el principio, un grupo de patrulleros declararon que los jóvenes habían sido golpeados con palos y las armas de dotación por los policías, todo esto con el conocimiento del coronel Benjamín Núñez, en retaliación y venganza por un hecho que se había presentado semanas antes en la región.

En el caso del mayor Salamanca Betancourt se indicó que él golpeó en repetidas oportunidades con la cacha de su revolver a uno de los jóvenes que ya estaba herido y en total indefensión. Estos hechos -según la declaración- se habría presentado en el platón de la patrulla de la Policía, que estaba adscrita a la subteniente Camila Buriticá.

“Veo que mi mayor Betancurt iba de civil y chaleco negro (...) Él se acerca de rapidez. Se subió a una llanta de la camioneta y se sube a la llanta trasera y (...) le pega en la cabeza (...) Enseguida arranca el vehículo. Vi que lo golpeó con un objeto negro en la cabeza pero no alcancé a ver si era una pistola o era otro objeto”, manifestó un patrullero, cuya identidad se mantienen en reserva por protección, en medio de la declaración juramentada rendida en agosto pasado.

Después que se conociera que los jóvenes habían muerto y que se iban a iniciar las investigaciones el general Núñez, quien fungía como comandante operativo de la Policía de Sucre, convocó a todos los policías que habían estado en la zona y les presentó al capitán Rafael Antonio Cordero Álvarez. En ese encuentro se hizo un pacto de silencio: “Acuérdense que tienen que colocar que ellos venían gravemente heridos. No se les olvide: Gravemente heridos. Yo estaba en shock porque yo mismo los vi, yo detuve al que tenía una herida en la pierna y de eso nadie se muere. Ni uno solo más venía herido”. La idea era que se unificaran las versiones que se iban a dar ante la Fiscalía y la Procuraduría.

Con estas acciones se buscó alterar totalmente la investigación, estableciendo -literalmente- un libreto sobre los hechos que solamente estaban en la cabeza del general Núñez.

Pese a estas pruebas, ante la pregunta del juez segundo municipal de control de garantías de Sincelejo, el mayor se declaró inocente de los cargos. Por la gravedad de su conducta, el riesgo de fuga y el peligro que representa para la sociedad la Fiscalía General pedirá que se cobije con medida de aseguramiento en centro carcelario al oficial.

Según los dictámenes de Medicina Legal, los jóvenes presentaban lesiones por trauma contundente en sus cabezas, coincidiendo así con las declaraciones de los testigos que señalaron los constantes golpes con objetos pesados. Así como impactos de bala en el tórax a menos de 60 centímetros de distancia, es decir, a quemarropa.

En el caso de Carlos Ibáñez, de 26 años, recibió dos disparos en esa zona del cuerpo y, según la necropsia, ambos habrían sido a menos de 30 centímetros. Además de esto presentaban lesiones con armas blancas y otros objetos pesados en diferentes partes del cuerpo. Uno de los testigos señaló que la orden era generar el mayor dolor posible.

Por estos hechos ya se encuentran vinculados a un proceso penal el general Benjamín Núñez quien ya firmó un preacuerdo con la Fiscalía General.