Las cartas que se juegan dos eslabones perdidos de la masacre de El Aro

Desde lujosos escondites en Medellín, uno de los eslabones perdidos de la cruenta guerra paramilitar en Ituango (Antioquia) pidió pista para someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Francisco Alberto Angulo, alias el Piloto, llevaba fugitivo un año cuando, en agosto de 2018, mandó el primer mensaje de que quería someterse a la justicia transicional. Desde entonces, y hasta antes de ser capturado por las autoridades hace un mes, ha mandado señales de que tiene información relevante para contar en esta jurisdicción.

El primero de agosto de este año, las autoridades llegaron hasta una casa de El Poblado, donde se ocultaba este ganadero miembro de la familia más rica de Ituango y condenado por las masacres de El Aro, La Granja y por la muerte del líder social Jesús María Valle. Había conseguido esquivar a la justicia trasladándose discretamente de hacienda en hacienda: las autoridades identificaron por lo menos medio centenar de propiedades en Antioquia. Mientras que Francisco llevaba tres años fugitivo, su hermano Jaime Alberto lleva el mismo tiempo recluido en una celda de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, pagando una sentencia a 30 años de prisión por los mismos crímenes.

En los últimos años, los hermanos Angulo enfocaron sus esfuerzos en conseguir la libertad al tocar las puertas de la JEP. Han anunciado que contarán la verdad a cambio de cesar los procesos que tienen en la justicia ordinaria y sustituir el monto de su sentencia, dejada en firme por la Corte Suprema de Justicia. A pesar de su interés, su aterrizaje en la JEP todavía es incierto.

SEMANA conoció el listado de compromisos que anunció Francisco Angulo, que incluye dar información para esclarecer las masacres de El Aro y La Granja, así como reconocer responsabilidad (no especifica de qué tipo) por el asesinato de Valle. Afirmó, además, que se compromete a revelar sus contactos, reuniones y relación de apoyo logístico y financiero con Guagua, Junior y Emiro, tres de los más sanguinarios paramilitares de la región cuya cercanía había negado hasta ahora.

En un documento de cinco páginas, también señaló que dará información sobre algunos vínculos de autoridades políticas y militares locales con las autodefensas y con las Farc. Y dijo que entregará detalles de dos reuniones realizadas entre autodefensas y ganaderos en 1996 para concretar la inyección de dinero a las tropas: una en Caucasia y otra en Copacabana con Cuco Vanoy, el excomandante del bloque Mineros. También brindará información sobre varias tomas guerrilleras y crímenes de las Farc que detonaron el surgimiento de los paramilitares en esa zona del país. Francisco Angulo (padre) fue secuestrado y asesinado por las Farc, y, cuando los guerrilleros responsables fueron capturados, las Farc, en retaliación, quemaron la finca de la familia, un hotel y el supermercado. Al menos esta es la versión que han sostenido los hermanos Angulo ante la justicia.

Este listado resultó insuficiente para convencer a la JEP. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que les cerró la puerta en una primera instancia, los califica como personas determinantes en varios de los peores crímenes ocurridos en la zona. Pero como quedó establecido en la ley, por el hecho de ser paramilitares no tienen cabida en esta jurisdicción.

Los hermanos Angulo no negaron la financiación de grupos paramilitares. Incluso, sobre las reuniones de Caucasia y Copacabana, en donde exigieron dinero a comerciantes y ganaderos con destino a las AUC, han dicho que fueron como asistentes y dieron su contribución al grupo paramilitar. No obstante, desmienten que hayan liderado o promovido estos encuentros. Y que hayan sido comandantes de los grupos de autodefensa.

Tarde pero llega

De no ser por una acción de revisión presentada ante la Corte Suprema de Justicia, los hermanos Angulo estarían absueltos en las primeras instancias de la justicia ordinaria. El recurso fue parte de los compromisos que asumió Colombia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos –que condenó al Estado colombiano por la muerte del líder social Valle–, y se tramitó ocho años después de que los Angulo fueron declarados inocentes en primera y segunda instancia.

Francisco Angulo y Jaime A. Angulo. En una lujosa vivienda del barrio El Poblado, en Medellín, fue capturado en agosto el ganadero Francisco Angulo. Su hermano Jaime Alberto lleva tres años detenido, cumpliendo una sentencia de 30 años por varios crímenes en Ituango.

A diferencia del juzgado y del tribunal, la Corte Suprema les dio validez a interceptaciones telefónicas, declaraciones de testigos, algunos ya muertos, y documentación hallada en incautaciones hechas a los Angulo. “Por favor, comunicarse con Angulo y el Rosco para terminar de sacar el ganado del Valle”, dicen en una llamada interceptada el 5 de mayo de 1998, días después del asesinato de Jesús María Valle en Medellín. Documentos de contabilidad incautados a Francisco dan cuenta de varios pagos a “Junior y a seis muchachos”, la dotación de útiles de aseo, mercados, drogas, hospitalización por el valor de 20 millones de pesos. Francisco ha sostenido que Junior era su capataz y no el señalado jefe paramilitar que aseguran que estaba bajo su mando.

Pero declaraciones de protagonistas claves del paramilitarismo apuntan en otra dirección. Salvatore Mancuso señaló a Jaime y a Francisco Angulo como hombres cercanos a Carlos Castaño en la creación del grupo de paramilitares de Ituango y su financiación. Francisco Villalba, el exparamilitar preso por la masacre de El Aro que fue asesinado, los señaló como dueños de laboratorios de cocaína en Ituango, Puerto Valdivia, El Doce, Barro Blanco, Puerto Raudal y La Caucana, y encargados de manejar los embarques aéreos de cocaína al exterior.

El mismo Isaías Montes, alias Junior, quien reconoce que trabajó con ellos, comenzó a hablar con la justicia después de la extradición de Cuco Vanoy, el excomandante del bloque Mineros de las AUC. Aseguró que los Angulo ejercieron jefatura y respaldo económico a las autodefensas. Que daban órdenes, prestaban sus propiedades y pusieron a disposición sus vehículos. Afirmó que le pagaban mensualmente 2 millones de pesos a él y 600.000 a sus hombres. Además, confesó haber participado en la retención de uno de los autores intelectuales de la muerte del padre de los Angulo, un guerrillero de las Farc con el alias de Tarzán. “Fue capturado vivo, luego fue ejecutado y apareció muerto en combate por parte de las Fuerzas Militares”, dijo.

Por otro lado, otro testigo que declaró en el proceso es Marco Fidel Torreglosa Salcedo, exsoldado del Batallón Junín, adscrito a la Brigada XIII. Afirmó que los hermanos Angulo sostenían a los paramilitares de Ituango: “(Francisco) les daba órdenes al Ejército y a los paramilitares, expresando que les pagaba dos millones de pesos por guerrillero o sapo auxiliador de la guerrilla que cogieran vivo para él mismo matarlo”, señaló.

Los hermanos tuvieron una segunda oportunidad en el tribunal de apelaciones de la JEP, en el que los magistrados pidieron evaluar su situación en dos frentes: primero, determinar a ciencia cierta si los hermanos tuvieron relación con el grupo paramilitar en calidad de financiadores, determinadores o combatientes. Y, segundo, que se comprometan con la verdad en un temario de seis puntos. Este incluye su relación con varios jefes paramilitares; información sobre la muerte de Pedro Juan Moreno, exsecretario de la Gobernación de Álvaro Uribe; detalles de la muerte del exparamilitar Francisco Villalba; relación de grupos armados y campañas políticas; prácticas electorales delictivas; y los aportes nuevos frente a los hechos por los que ya están sentenciados.

En cuanto al listado de temas, los Angulo respondieron que están a disposición de la JEP para colaborar en todo. Además, prometieron que pedirán perdón a las víctimas y entregarán una finca ganadera a modo de reparación.

No obstante, su eventual llegada a la JEP dependerá de mucho más que eso. Por un lado, tendrán que demostrar que se limitaron a ser terceros financiadores y no combatientes ni comandantes del paramilitarismo, ya que en esta condición no cabrían en la justicia de paz. Por otro lado, la información que entreguen debe ser novedosa y verificada con documentación recogida nacional e internacionalmente sobre el caso. La declaración de los Angulo cobra especial relevancia en este momento, considerando que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acaba de llamar a versión libre al expresidente Álvaro Uribe justamente por estos mismos hechos cuando era gobernador de Antioquia a finales de los noventa. Falta ver si el testimonio del Piloto y su hermano toma vuelo en la justicia, aunque no será fácil.