Masacre de El Salado, ¿una víctima no tan inocente?

Un fallo del Consejo de Estado establece que quienes atizaron la confrontación entre los protagonistas del conflicto armado no pueden hacerse merecedores de reparaciones económicas, aun cuando las autoridades judiciales no los hayan declarado responsables de hechos delictivos cometidos en el marco de las hostilidades.

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Con ponencia de la magistrada Stella Conto, la Sección Tercera del alto tribunal evitó que la justicia tuviera que reparar económicamente al exconcejal de Córdoba (Bolívar) José Manuel Méndez Romero, como este lo exigía, luego de que la Fiscalía no pudo demostrar su participación en la masacre de El Salado, en la que paramilitares asesinaron a un grupo de civiles frente a toda la población.

El alto tribunal sostuvo que aun cuando por regla general la Nación esté obligada a resarcir daños causados a quienes son detenidos y luego absueltos por un juez, en este caso no se puede compensar económicamente a un ciudadano que, como el dirigente, fue parte activa de la confrontación en los Montes de María.

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El 23 de marzo de 1997 50 hombres de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá reunieron a los pobladores de El Salado, en Villa del Rosario (Bolívar), para que presenciaran cómo asesinaban a una profesora, a un líder comunitario, al presidente de la Junta de Acción Comunal y a su hijo, quien intentó defender a la catedrática.

Además de segar las vidas de estos civiles, los paras incendiaron una tienda de propiedad de la maestra y un supermercado ubicado al lado de la plaza, como represalia por el supuesto apoyo que se les había bridado a guerrilleros de las FARC.

El primero de agosto de 1998, más de un año después de la luctuosa jornada que vivieron los habitantes de esta población de los Montes de María especialmente golpeada por la violencia, la Fiscalía hizo efectiva la captura del concejal José Manuel Méndez Romero, a quien consideraba autor intelectual de la masacre.

Hasta el 4 de enero Méndez estuvo en la cárcel. Sin embargo, siguió vinculado al proceso penal, acusado de homicidio agravado, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares, utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de las Fuerzas Militares y constreñimiento ilegal.

Pese los testimonios de personas que posteriormente lo señalaron como instigador de la acción armada y que lo sindicaban de tener a su servicio hombres armados, en realidad la Fiscalía nunca pudo sustentar suficientemente esos esos hechos y el juez a cargo de su caso terminó absolviéndolo por duda razonable.

Tras salir avante del juicio, Méndez Romero buscó que la Fiscalía reparara el daño moral y material que sufrieron él y su familia durante los 17 meses que permaneció en la cárcel. Por eso interpuso una demanda de reparación directa, conocida por el Consejo de Estado.

Para su sorpresa, esa entidad señaló que aunque la regla general obligue a indemnizar a las víctimas de privación injusta de la libertad, la Nación no puede retribuir a quienes, como él, fueron protagonistas de la guerra que ha dejado millones de desplazados y muertos.

Para concluir, el alto tribunal echó mano del extenso informe que trabajó el Centro de Memoria Histórica alrededor de la masacre de El Salado, en el que se señala al político como “instigador” del brutal ataque de los paramilitares.

Según ese texto, este hombre y su familia hacían parte de la élite ganadera de la región, que acudía a “la violencia para resolver conflictos y acumular riqueza”. Según ese organismo, adscrito al Gobierno, los Méndez, junto a otro ganadero conocido como Santander Cohen, se habían convertido en algunas de las personas más influyentes de la región.

Aparentemente todo cambió cuando las FARC irrumpieron en la región amenazando el poder que se había concentrado en estas familias. Dado que estas se resistían a dejarse amedrentar, la guerrilla respondió con diversas acciones de presión, entre las más violentas los asesinatos de Cohen y de los de familiares del exconcejal Méndez.

La gente de la región les contó a los investigadores de esta entidad que tales acciones de la insurgencia habían sembrado en el político un deseo de venganza que se manifestaba con claridad.

Ante las pruebas documentales y testimoniales que le permitieron al Centro de Memoria concluir que lo ocurrido en los Montes de María era producto del ánimo retaliativo de Manuel Méndez contra los pobladores, el Consejo de Estado concluyó que, a pesar de no haber sido condenado por la masacre, también era protagonista del conflicto que vivió la región.

Vistas las consideraciones de la sentencia, cabe preguntarse si no servirá de hoja de ruta, ante la eventual desmovilización masiva de guerrilleros de las FARC, que en el futuro pretendan reclamar la reparación de los daños sufridos en el marco del conflicto.