Judicial
Masacre de La Granja: Fiscalía acusa a alias Lucas, jefe financiero de los hermanos Castaño Gil, por su posible participación
Alias Lucas habría facilitado la logística y los medios para que una estructura paramilitar asesinara a cuatro personas en el norte de Antioquia.
Tras una ardua investigación, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos emitió una resolución de acusación contra Jacinto Alberto Soto Toro, conocido como alias Lucas, por su presunta participación en la masacre de La Granja, un trágico hecho que tuvo lugar el 11 de junio de 1996 en la zona rural del municipio de Ituango, Antioquia.
De acuerdo con las pesquisas, alias Lucas sería el presunto jefe financiero de los hermanos Castaño Gil y de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Según la investigación, habría dispuesto de recursos, armas, uniformes y otros elementos para organizar a las estructuras paramilitares que llevaron a cabo la masacre en el corregimiento La Granja. El grupo, perteneciente al entonces Bloque Mineros, ingresó al lugar con una lista en mano, buscando a habitantes señalados erróneamente de apoyar a otras organizaciones ilegales que operaban en la región, como las Farc.
El resultado de este operativo fue devastador, ya que cuatro personas, incluyendo a una mujer, un joven con discapacidad cognitiva y un profesor, perdieron la vida durante el recorrido del grupo paramilitar. Por estos hechos, Jacinto Alberto Soto Toro enfrentará un juicio como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley 600 de 2000, el anterior Sistema Penal.
La investigación de la Fiscalía revela que alias Lucas, desde una oficina ubicada en el parqueadero Padilla en Medellín, al parecer, planificó y dirigió el flujo de dinero destinado a diversas estructuras de la ACCU. Estas ejecutaron homicidios y otras conductas delictivas calificadas como crímenes de lesa humanidad, constituyendo un patrón de violencia sistemática contra la población civil entre los años 1994 y 1998.
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En un evento que se llevó a cabo en el museo Casa de la Memoria, en el parque Bicentenario de Medellín, y al cual asistió el presidente Gustavo Petro, el Estado colombiano pidió perdón y reconoció su responsabilidad por dos de las más desgarradoras masacres que ocurrieron en Ituango, Antioquia. Los hechos se registraron en los corregimientos de El Aro, el 25 de octubre de 1997, y La Granja, el 11 de junio de 1996.
Se trató del cumplimiento de una orden impartida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sentencia fue proferida el 1 de julio de 2006, hace casi 18 años, y en la que, según el fallo, hubo participación de agentes estatales, militares, que actuaron de la mano de paramilitares para asesinar población civil. En El Aro masacraron a 17 y en La Granja, otros cuatro.
“Que el presidente de la República de Colombia pida perdón a las víctimas, sus familiares y a las poblaciones afectadas, y aclare que las víctimas de las masacres ocurridas en La Granja y El Aro fueron personas dedicadas a labores agrarias y ganaderas, honradas y trabajadoras, acusadas falsamente de ser colaboradoras de las guerrillas, quienes fueron masacrados por grupos paramilitares que contaron con el apoyo de agentes del Estado”, determinó la sentencia de la CorteIDH.
Para los abogados de las víctimas, este reconocimiento fue de vital importancia, pues se trató de dignificar la memoria de las personas asesinadas en estas dos masacres.
