Torturados e incinerados: la confesión de cómo mataron a los supuestos sicarios de Álvaro Gómez

Antes de ser asesinado en Cúcuta con sus dos hijos, el policía William Nicolás Chitiva González contó cómo sus compañeros del Grupo contra Armados Ilegales de la Dijín cometieron un crimen escabroso. En la noche del 6 de septiembre de 1996, cuatro jóvenes señalados de integrar la Red Urbana Antonio Nariño (RUAN) de las FARC fueron torturados, incinerados y sus restos abandonados en un paraje cercano a Mosquera, Cundinamarca. En la mañana siguiente, Martín Alonso Valdivieso, alias Roque, y Federico Quesada, alias Chayanne, fueron acribillados cerca de sus casas, en Bogotá, también por formar parte de la misma estructura guerrillera. Hombres que se movilizaban en carros fantasma de la Dijín ejecutaron los asesinatos.

Este caso, conocido como la masacre de Mondoñedo, seguiría siendo un truculento asunto más en la historia del conflicto, de no ser porque el exjefe guerrillero Carlos Antonio Lozada aseguró que ahí murieron dos de los cuatro autores materiales del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Por el crimen de Mondoñedo hay diez oficiales y suboficiales adscritos a la Dijín condenados a 35 y 40 años de cárcel. Actuaron bajo el mando de los capitanes Carlos Niño Flórez y Héctor Édison Castro, quienes llevan 24 años negándose a revelar por qué y cómo asesinaron a los milicianos de la RUAN. Todos callaron, menos el agente Chitiva González, quien en una declaración en 2001 contó a un juez de la República los impactantes detalles de cómo sus compañeros actuaron como una banda sicarial.

El agente Chitiva confirmó que aproximadamente en 1994 el capitán José Albeiro Carrillo Montiel infiltró la RUAN con el alias de el Paisa o William. La Policía también recibía información fluida de Carlos Julio Chaparro Nieto, guerrillero activo de esa estructura que dio detalles precisos de caletas urbanas de armas y de los autores de un ataque al CAI de Policía de Kennedy, el 30 de mayo de 1995, que dejó a varios uniformados muertos.

“En la panadería El Trigalito, que queda detrás de la Dijín, Chaparro hizo su presentación manifestando que la toma a la Estación Kennedy fue dirigida por Marbel Zamora, uno de los jefes de milicias de la Red Urbana de las FARC. Para que le creyéramos, dijo que él tenía una cita con varios miembros de esa red urbana y que él prestaría varios de sus hombres para que empezaran a individualizarlos”, relató Chitiva.

Como agente de inteligencia, contó, entre otras cosas, que sostuvo múltiples encuentros con Chaparro, uno de los cuales terminó en un golpe a la RUAN a finales de 1995. “Con su colaboración se ubicó en el barrio Ciudad Jardín la residencia de una joven integrante de la red urbana, se incautaron una subametralladora MP5, unas granadas y documentación referente al movimiento revolucionario de las FARC. Ese día no hubo ninguna captura”.

Los seguimientos a la RUAN continuaron por diez meses hasta que en septiembre de 1996 Chaparro informó sobre una reunión que realizarían varios milicianos en el sector de El Salitre. En esos momentos, Chitiva había sido elegido para realizar un curso de policía judicial, y por eso asistía medio tiempo a su capacitación y el resto del día a las instalaciones de la Dijín.

Según el testigo, el 5 de septiembre notó la ausencia de varios de sus compañeros de la Dijín. “El lunes 9 de septiembre, entrando al curso de Policía Judicial, me abordó Carrillo, quien me preguntó si había escuchado de un operativo que habían hecho Niño y Castro. Él me dijo con palabras textuales que Chaparro era un berraco y echado para adelante; les había entregado en bandeja de plata a los milicianos de la red urbana, hoy en día occisos, para que los capturaran por los lados de Ciudad Salitre”.

Carrillo le comentó, además, que a los milicianos los habían torturado e incinerado, y les habían propinado tiros de gracia en la cabeza con una subametralladora MP5 con supresor de sonido. “Me dijo que esta metra no sonaba ni un culo, y que eran unas chimbas, ya que nadie oyó nada ni vio nada”. Respecto al crimen de los otros dos milicianos, Carrillo le señaló que los habían matado en la mañana del sábado.

A pesar de que Chitiva no estuvo en la operación, no pasó mucho tiempo antes de que le llegaran más noticias. “¿Si ve ese golpe tan duro que le dimos a esa gente?”, le dijo el capitán Niño, y le agregó que habían hecho un plan tan limpio que “ni la mamá de ellos los iba a reconocer”. Además, el informante Chaparro también buscó a Chitiva para contarle que los agentes de la Dijín le habían dicho que harían una operación de captura, pero nunca pensó que los iban a matar. “Chaparro me dijo que el capitán Niño era muy acelerado. Que le preguntó al capitán si iban a llevar a los detenidos a algún lugar, y este le respondió que para qué iban a entregar a esos malparidos, para que se fueran a vivir sabroso en una cárcel”.

La cita de Chaparro y Chitiva generó desconfianza en sus superiores, quienes lo confrontaron varias veces. Chitiva creía que lo iban a incriminar porque había firmado diversos informes de inteligencia sobre la RUAN.

En noviembre de ese año se reunieron todos los agentes del caso en un restaurante, donde el capitán Castro, preocupado, decidió desaparecer los informes de inteligencia que habían hecho sobre la RUAN. “Todos tenían que ver con esto excepto yo. Por eso, cuando me preguntaron mi opinión les contesté que qué opinión querían que les diera si yo no sabía nada de esta cagada que habían hecho”, señaló Chitiva.

“Me convertí en una piedra en el zapato y me llené de temor. Ellos sabían que yo tenía los detalles de lo que había pasado. Pedí un traslado a Cúcuta, donde tengo actualmente parte de mi familia”, dijo en su declaración. Aunque este testigo se negó por varios años a relatar lo ocurrido, la versión de los policías tambaleó y finalmente vinieron las capturas.

Por recomendación del capitán Niño, Chitiva contrató los servicios del abogado Diego Enrique Anzola, asesinado en 1999. También mataron a Chaparro, quien alcanzó a rendir una escueta declaración en la Procuraduría.

Por años, ningún abogado quiso asumir la defensa de Chitiva, el policía delator. Él quería contar la verdad y eso suscitaba temor por las repercusiones. La fiscal de derechos humanos que estuvo en la primera parte de la investigación fue amenazada cuando las pesquisas comenzaron a arrojar resultados contra los policías, por lo que renunció y pidió asilo.

En 2001, el abogado Querubín Guzmán López asumió su defensa, y lo acompañó a esta confesión ante un juez en Bogotá. Recibió mensajes y llamadas intimidatorias y hasta oficiales poderosos se atrevieron a visitarlo para que no declarara, según dijo. Finalmente, su testimonio confirmó las tesis de la Fiscalía y llevó a que vinculara a varios oficiales al proceso. Chitiva murió asesinado, junto con sus dos hijos, en 2007.

Esta semana el senador Lozada, del partido FARC, le dijo a El Espectador que los organismos de inteligencia siempre supieron que tras el magnicidio de Gómez estaban las FARC, pero lo callaron porque entonces tendrían que hablar también de la ejecución extrajudicial de los jóvenes de Modoñedo. “Tengo esa teoría hace varios años, y espero que con todo este proceso obtengamos la verdad sobre quién ordenó esa masacre y qué les cobraron a esos muchachos con la decisión de detenerlos, torturarlos, desaparecerlos e incinerar sus cadáveres, y al día siguiente asesinar, al salir de sus casas, a otros dos integrantes de esa estructura”, señaló.

Las circunstancias de los seguimientos de inteligencia a la RUAN desde 1994 cobran relevancia ahora y siembran interrogantes. Si la Policía había infiltrado a esa célula urbana y tenía un informante desde un año antes del magnicidio, ¿supieron que allí estaban los autores del crimen de Álvaro Gómez? ¿Por qué los capitanes Castro, Niño y Carrillo decidieron actuar con tanta sevicia contra estos milicianos? Las primeras versiones apuntan a que alias Roque y alias Chayanne habrían sido los asesinos materiales del excandidato presidencial. ¿Qué motivó al infiltrado y capitán Carrillo para que los buscara en su propia casa para asesinarlos?

La versión de Lozada será destapada ante la Jurisdicción Especial de Paz con el fin de evaluar su veracidad y peso. Y la JEP tendrá que confrontarla con los testimonios que entreguen los policías implicados en la masacre de Mondoñedo, quienes están libres y deberán ser citados pronto.