Noche de horror: la masacre que hirió la paz en medio de la pandemia

La matanza del pasado jueves en la vereda Quebradón, zona rural de Algeciras, Huila, fue lenta. Los asesinos —como en otros casos— no tenían afán. Llegaron pasadas las 8:30 de la noche a la finca de la familia Barrera. Registraron la vivienda ubicada cerca de la carretera. Allí estaban Édison Sebastián Moya, de apenas 16 años, y Luz Stella Burgos, de 35 años. Les pidieron que salieran y, en medio del llanto, los mataron.

A ambos los asesinaron por tener parentesco con Nencer Barrera, excombatiente y ahora escolta de la Unidad de Protección Nacional (UNP). Luz Stella era cuñada del exguerrillero y el joven Édison Sebastián, novio de la sobrina de Nencer. La idea era asesinar a todos los Barrera.

Los papás de Nencer —dos adultos mayores— estaban en una casa contigua, más lejos de la carreterra. Desde ese lugar vieron llegar cinco motos y dos camionetas 4x4 blancas a la vivienda de su nuera. Hubo gritos y entonces ellos decidieron correr. Subieron por una especie de montañita y cayeron a una quebrada que pasa por detrás de la finca. Atravesaron un puente colgante en mal estado y allí escucharon los disparos. En completo silencio aguardaron hasta que salió el sol.

“Mis papás alcanzaron a correr y atravesar un río. Por eso ellos (los asesinos) no pudieron entrar porque no tenían la información completa de cómo era el lugar. A ellos los quieren matar porque yo estuve vinculado al conflicto armado”, dice Nencer. La última vez que los visitó fue hace veinte días. Un primo se acercó y le contó que las disidencias querían que todos los Barrera se fueran de Algeciras. Las amenazas no parecían muy convincentes y nadie les dio importancia hasta el jueves. Hoy en Quebradón no queda ningún Barrera. Todos se fueron. 

Después de matar a Luz Stella y a Édison Sebastián, los violentos no se fueron, pasaron a la finca vecina y, con el mismo procedimiento, asesinaron a Juan David, de 25 años, y a Luis Eduardo Gómez Marulanda, de 22 años. En medio de las balas, Noé Ahumada Cifuentes, de 59 años, y un pequeño niño de ocho lograron escapar heridos. 

El menor tiene una herida de bala en el pie derecho y Noé una en el brazo derecho. Este último logró sacar al niño cargado por entre la maleza. Aún no está claro por qué fueron atacados de esa manera, lo único cierto por ahora es que a Algeciras no podrán volver ni a llorar a sus muertos. 

Diego Tello, asesor de paz y derechos humanos de la Gobernación del Huila, dice que la situación es mucho más grave que estos cuatro asesinatos. En total, asegura, han matado a 20 personas durante este año. “Las personas que están asesinando en Algeciras son excombatientes en proceso de reincorporación, presidentes de juntas, líderes comunales y de asociaciones campesinas. Todos tenían un papel protagónico en sus comunidades por su trabajo social”.

Algeciras tiene una posición estratégica para conectar al Huila con Caquetá. En la época del conflicto armado era el centro de operaciones de la columna móvil Teófilo Forero. Ese municipio huilense fue protagonista de cruentos combates. Ahora se lo disputan dos disidencias de las Farc: una afiliada al organigrama de la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Máquez y Jesús Santrich, y otra comandada por guerrilleros que nunca se acogieron al proceso de paz. 

En toda esa encrucijada quedan los excombatientes y sus familiares. En palabras del asesor de paz, este año han salido desplazadas más de cien familias de Algeciras, y hay cincuenta exguerrilleros bajo asedio para volver a tomar las armas o morir. 

Desde que el expresidente Juan Manuel Santos y el entonces líder de las Farc, Rodrigo Londoño, pusieron punto final en 2016 a un conflicto de más de cinco décadas, los ataques contra los excombatientes —ahora sin armas— son sistemáticos en diferentes regiones del país. Los han asesinado en zonas de capacitación, en centros poblados, sectores rurales, en fincas y hasta en sus casas. 

Familiares de excombatientes también han resultado heridos en estos ataques ejecutados con barbarie. Desde la firma del Acuerdo, 45 parientes de exmiembros de las Farc fueron asesinados en medio de atentados. A ese caldo de cultivo violento, Nencer le agrega otro ingrediente: la polarización. “En redes sociales mucha gente justifica la muerte de los excombatientes, porque alguna vez empuñamos un arma. Donde continuemos con esa polarización en el país tendremos unos cincuenta o sesenta años más de conflicto, ya que todo será un ciclo de toma y dame”, dice Nencer. Su decepción es grande, como su tristeza. Quiere sacar a sus padres de Algeciras para no tener que volver jamás a esa tierra que lo vio nacer, pero donde ahora camina la muerte.

“El Gobierno no está cumpliendo con la implementación”

Una de las causas de esta nueva escalada violenta en Algeciras es que el Gobierno nacional no está cumpliendo con el proceso de reincorporación de excombatientes de las Farc, dice Diego Tello. Recuerda que varios de los exguerrilleros han sido desplazados por amenazas y otros han retornado a la vida criminal tras esperar más de un año por las ayudas económicas y sociales prometidas desde Bogotá. 

“El Gobierno nacional no está dándole prioridad a la implementación de los acuerdos y esa demora está generando que se vuelva a romper el tejido social en el Huila”, asegura el asesor de paz. 

Cuenta que tan solo en el Huila hay 1.100 personas en procesos de reincorporación que están en el limbo, porque no hay directriz clara de qué va a pasar con ellos. Recuerda el caso de un excombatiente que tuvo que salir de Algeciras con su familia por las amenazas de grupos armados. Después de vagar por varias regiones llegó a Nariño. Sin respuestas del Estado, retornó a la vida ilícita y hace menos de un mes lo asesinaron. “No pueden dejarnos solos en esta pelea. Estamos solicitando desde enero que atiendan lo que está pasando en Algeciras y el departamento con las personas en proceso de reincorporación, pero no recibimos respuestas”, dice. 

En dialogo con SEMANA, el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, aseguró que el Gobierno le ha cumplido con su palabra a los excombatientes. Aseguró que detrás de las muertes y la violencia contra los miembros de la desmovilizada guerrilla no están agentes del Estado, pero sí agentes armados que se disputan corredores de narcotráfico, tales como las disidencias, el Clan del Golfo y otros grupos irregulares. Agregó que quienes dejaron las armas se encuentran hoy en todo el país: 3.000 en espacios territoriales, 3.000 en grandes capitales y los demás en 500 municipios. 

La masacre de Algeciras, sin embargo, se dio apenas unos días después de que más de un centenar de desmovilizados con sus familias tuvieron que huir del espacio territorial de capacitación y reincorporación que el Gobierno les había organizado en Ituango. El desplazamiento que vivieron quienes le apostaron a la paz, en medio de una caravana de chivas, abre una enorme preocupación sobre los golpes mortales que recibe el proceso día tras día.