Masacre anunciada

Los siete cadáveres, ultimados con tiros de pistola o fusil y encontrados amontonados en un paraje de la zona rural de Argelia (Cauca) el pasado martes, confirmaron los miedos y las denuncias que la población de esta región, las ONG y algunos organismos del Estado, como la Defensoría del Pueblo, venían haciendo. Ahora temen que la situación de orden público se agrave si el gobierno no toma medias al respecto.

Para ellos, esta masacre se veía venir ya que desde principios del año pasado, la región ha sido azotada por una serie de hechos violentos que quedaron registrados en dos alertas tempranas emitidas en enero y abril de 2017 por la Defensoría del Pueblo de ese departamento, recogidas en un informe de la institución al que tuvo acceso SEMANA. Allí se narra que el 20 de enero de ese año, en el trayecto vial que une a los corregimientos de El Sinaí y El Plateado (el mismo lugar donde se encontraron los siete cadáveres), hubo una incursión de 20 hombres enfusilados, camuflados y con pasamontañas que llegaron a la vereda Los Picos, e “intimidaron a la comunidad y entregaron panfletos en los que señalaban que son de las AUC y que comenzarían con la limpieza social”. Ese mismo día un campesino fue asesinado en Puerto Rico y una semana después sucedió una balacera durante una verbena en plena plaza central de El Plateado, que dejó como saldo tres muertos y cinco heridos, según la Defensoría.

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Luego de describir la situación de la región, el informe advertía que con la desmovilización de las Farc, los territorios de Argelia que antes dominaban comenzarían a ser disputados por el ELN, disidencias y grupos paramilitares; y detallaba que las zonas más amenazadas eran los corregimientos de El Plateado, El Sinaí, El Mango, Puerto Rico y La Emboscada, en donde habitan 10.491 habitantes. Además, concluía que “pobladores se han visto afectados en sus derechos fundamentales por las amenazas, regulación de su vida social, extorsiones, homicidios selectivos y múltiples (masacres)”.

Por un lado, las autoridades dijeron que dos de los muertos eran desmovilizados de las Farc: alias Carro Loco y Crespo. Al primero lo señalan de ser jefe de una disidencia del frente Octavo de las Farc, y al segundo, el gobierno confirmó que hizo parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la que escoltó a jefes de esa guerrilla. De la tercera víctima se supo que tenía antecedentes por tráfico de armas. De los restantes cuatro, solo se conoce que eran campesinos.

En el suroccidente del Cauca se encuentra el 71 por ciento de las 13.500 hectáreas de hoja de coca sembradas en el departamento, cuyo comercio se disputan los disidentes  de las Farc, el ELN y las bandas criminales.

Por otro lado, la idea principal que circuló en los medios, difundida por el Ejército, es que esa masacre fue llevada a cabo por el ELN. De inmediato, la delegación de paz de esa guerrilla emitió un comunicado en el que desmintió esa versión y responsabilizan a grupos paramilitares y bandas criminales de una limpieza social.

Sin embargo, lo que hasta ahora se desconocía es que las autoridades tienen en su poder pruebas que darían certeza de esa autoría. Fuentes militares le confirmaron a esta revista que en la Fiscalía ya están los audios y transcripciones que evidenciarían su responsabilidad; son varias conversaciones por radioteléfono entre miembros del ELN, antes y después de la masacre.

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En la conversación aparecen los encargados de las comunicaciones de dos temidos subversivos al mando del frente José María Becerra que opera en esa región de Cauca. Se trata de alias Tigre o Negro y de alias Popeye.

En la primera transcripción se oye decir al radio operador de alias Popeye: “Tenemos a siete con las herramientas. Pedimos autorización para ejecutarlos”. Luego le responde el radioperador de alias Tigre o Negro: “Ustedes ya saben qué tienen que hacer”. Y el martes cuando el país entero supo de la masacre, los guerrilleros volvieron a comunicarse. El radioperador de alias Popeye comenta: “Vieron las noticias, ya se dieron cuenta que fuimos nosotros”. A lo que el radio operador de alias Tigre o Negro responde: “No se preocupen, que eso lo estamos manejando”.

Otro dato revelador es que un celular de una de las víctimas infiere que ellos no fueron asesinados en el sitio donde arrojaron sus cuerpos, sino en un tramo del corregimiento San Juan de Mechengue, del municipio de El Tambo. “Incluso, en una de las fotos que se tomaron con el celular mientras navegaban por el río Micay, se aprecia que tenían fusiles”, reveló la fuente.

Santuario cocalero

La realidad es que en Cauca se cocinan varias bombas sociales que podrían estallar y poner en riesgo la pacificación de una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado. La minería ilegal, los cultivos ilícitos, el narcotráfico, el asesinato de líderes sociales y la lucha por la tierra entre indígenas, negros y campesinos son algunos de los problemas que atizan la violencia.

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En ese departamento nacieron y se consolidaron grupos revolucionarios como el Quintín Lame, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el mismo M-19; y hasta hace poco era uno de los fortines de las Farc y ahora lo es del ELN, los Pelusos y el Clan del Golfo.

Allí se forma un triángulo estratégico que une al centro del país con el mar Pacífico, y que gracias a su accidentada topografía, grandes ríos y cercanía a centros poblados, se convirtió en un corredor por donde transita la ilegalidad. En medio de ese triángulo se encuentra Argelia, un municipio distante a cinco horas de Popayán, con 30.000 habitantes, carente de vías pavimentadas, donde la presencia estatal es insuficiente y es puerta de entrada al piedemonte pacífico. Es un envidiable corredor por donde se mueven las mafias para llegar a López de Micay, Timbiquí o Guapi, en la costa pacífica. Sumado a ello, desde hace varios años se convirtió en el santuario cocalero de la región, con decenas de laboratorios y trochas para el tráfico, camuflados en su selva.

Por eso, esta zona siempre ha sido considera la joya de la corona, antes por los antiguos frentes 60 y 8 de las Farc y el desmovilizado bloque Pacífico de las AUC, y ahora por el frente José María Becerra del ELN, las disidencias de las Farc y las bandas criminales que se disputan el control a sangre y fuego.

Argelia se encuentra en una zona estratégica que une el centro del país con el mar Pacífico y que por su accidentada topografía se convirtió en un corredor para la ilegalidad.

Argelia junto a El Tambo, un municipio vecino, forman un tapete de hoja de coca a lo largo del cañón del río Micay. Se estima que solo en ese sector se cultiva el 71 por ciento de las 13.500 hectáreas sembradas con esta planta en todo el departamento, de acuerdo con cifras de 2017. Fuentes oficiales calculan que allí se producen 3 toneladas de base de coca al mes.

Pero ese no es el único lastre que carga Argelia. El país supo de su existencia por los continuos ataques y tomas que adelantaban las Farc. Incluso, en 2015 ocupó los titulares de los noticieros por un hecho insólito: los habitantes de El Mango expulsaron a la Policía que había llegado en 2007 por orden del entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez. Según sus pobladores, la presencia de la fuerza pública en el caserío había aumentado los ataques de las Farc.

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Precisamente, a partir de 2015, cambiaron muchas cosas en Argelia. Por un lado, los lugareños reconocen que gracias al proceso de paz mejoró el orden público en cuanto a hostigamientos, tomas guerrilleras y secuestros; pero paradójicamente aumentaron los homicidios selectivos.

Diego Aguilar, alcalde de Argelia, explicó que de 13 homicidios en 2015, pasaron a 33 en 2017, “y este año ya sumamos 21 crímenes”. Añadió que ese mismo fenómeno creciente se presentó con los cultivos de coca, “mientras que en 2016 solo había 1.750 hectáreas, hoy la cifra se duplicó”, dijo el mandatario.

Para entender mejor la dependencia cocalera de ese municipio, basta decir que pese a que allí no hay vías pavimentadas y los carros no abundan, existen 16 estaciones de combustible y la sobretasa a la gasolina genera siete veces más impuestos que el predial e industria y comercio juntos. “Por sobretasa recibimos cada año 800 millones de pesos, mientras que por predial y comercio, 120 millones”, explicó el alcalde. Es decir, las rentas propias del municipio las generan los insumos para la producción de coca.

El general Jorge Herrera, comandante de la Brigada 29 del Ejército que opera en esa región del Cauca, aseguró que el frente José María Becerra del ELN tiene en la zona 197 guerrilleros, pero no ha podido penetrar en Argelia debido al mismo rechazo de la comunidad. Pese a esto lo que hemos podido determinar es que “hay 11.245 familias que viven de la coca, pero que están listas para hacer parte del proceso de sustitución de cultivos”, aseguró el oficial.

En resumen, la situación de Argelia es una olla a presión a punto de estallar. Sus habitantes y ONG piden que se tomen cartas en el asunto para evitar otra masacre que, según el informe de la Defensoría, podría suceder: esta vez en contra de los líderes de las comunidades campesinas que “están siendo amenazados si son partícipes de los programas de sustitución de cultivos (…)”. Ojalá, esta vez la alerta no se cumpla.