Masacre en Sucre: defensa del coronel Benjamín Núñez asegura que el oficial tiene “toda la voluntad” de entregarse

Mediante un video, el jurista Sergio Augusto Ramírez afirmó que su cliente, el coronel Benjamín Núñez, tiene “toda la voluntad de entregarse ante las autoridades” colombianas. Según dijo, ello se cumplirá cuando el Estado colombiano le garantice su seguridad.

El oficial es el principal sospechoso de la muerte de tres jóvenes en el corregimiento Chochó, Sucre. Por ese hecho, se emitió en contra el alto mando una circular roja de Interpol. Con este documento al prófugo se le busca en 190 países.

De acuerdo con el abogado del coronel prófugo de la justicia colombiana, el presunto responsable ya se comunicó con las autoridades, por medio de una carta, asegurando que en realidad sí busca quedar a disposición de la justicia.

No obstante, Ramírez indicó que, por respeto a su cliente no iba a revelar el paradero del coronel Núñez, recalcando que como defensa tampoco sabe dónde está. El abogado no se refirió a una fecha tentativa de entrega del oficial.

Así mismo, el jurista dijo en nombre de su cliente, junto a su familia, tienen “serios problemas de seguridad”.

“Por ende se le solicita al Estado colombiano que garantice esa seguridad a su integridad física y personal, una vez se realice esa presentación voluntaria ante la autoridad judicial competente”, destacó el abogado Ramírez.

El abogado también aseguró que su cliente cumplió con su deber mientras estuvo al frente de su cargo en la Policía Nacional, siempre “bajo los parámetros legales y constitucionales”.

“Claramente ha librado una lucha incesante, directa y clara contra diversas variables de criminalidad en Colombia (...). Nosotros vamos a adelantar ese escenario defensivo a favor del señor Benjamín Núñez y es por eso que a partir de la fecha, la defensa ha tomado la decisión de sustraerse de los medios de comunicación, a efectos de que todos los actos de litigio y actos procesales defensivos, sean canalizados a través única y exclusivamente de la Fiscalía General de la Nación”, advirtió Ramírez en un video.

Por su parte, Carlos Eduardo Castañeda Crespo, también abogado del coronel Núñez, dijo que como defensa no tienen entre sus planes interponer alguna acción legal en contra de los patrulleros de la Policía ya capturados por la muerte de los tres jóvenes en Sucre. Vale recordar que algunos de estos ha acusado al oficial como el directo responsable de ese hecho.

Castañeda también fue enfático en decir que las amenazas en contra del oficial prófugo de la justicia, se habían presentado desde antes de los hechos ocurridos en el corregimiento de Chochó, razón por la que en su momento, dijo, Núñez debió solicitar refuerzos al esquema de seguridad personal y familiar.

“Precisamente por las actividades que él venía desarrollando en su labor como policía y subcomandante del departamento, contra el Clan del Golfo”, aseveró el abogado Castañeda.

Cabe recordar que en los últimos días dos miembros de la Policía señalaron al coronel Núñez de asesinar a sangre fría a los jóvenes. Núñez decidió salir del país. Primero tomó un vuelo comercial a Panamá y luego a México, según las autoridades, aprovechando que en ese momento no tenía ningún requerimiento judicial. El oficial estaría en Ciudad de México, huyendo de la justicia colombiana.

La familia de Núñez también aseguró en días pasados que el oficial supuestamente no pretende huir de la justicia, y que solo espera garantías de seguridad para enfrentar el proceso mientras debe sortear situaciones de riesgo, que dejó consignadas en un documento en el que asegura que los delincuentes en Sucre ofrecen hasta 50 millones de pesos por su cabeza.

“He sido estigmatizado por mi trabajo, por una parte de estas bandas, siendo informado que en el seno de la sociedad y redes sociales se ofrecen 50 millones de pesos por mi cabeza; se escucha en la ciudad que se dará 50 millones de pesos al que se baje a ese calvo hijueputa y entregue su cabeza”, dijo el coronel Núñez en el documento.

Estremecedores audios

“Cuando disparó, hasta sangre me salpicó en el uniforme”, señala una declaración que entregó un patrullero de la Policía, en el departamento de Sucre, para culpar al coronel de asesinar a sangre fría a tres jóvenes en esa zona del país. Dicho expediente fue revelado por SEMANA.

Los audios, que están en ese expediente, recrean el angustioso instante en el que la Policía captura a los jóvenes, quienes después llegaron sin vida a un hospital de Sincelejo. Se trata, al parecer, de comunicaciones por radio en las que una mujer grita desesperada para que alguien se arroje al piso, luego se escucha la voz de un hombre con una aterradora orden: mátenlos.

• Mujer: quieto, quieto ahí… al piso.
• Hombre: mátenlo, a esos hijueputas, mátenlos.

La mujer, angustiada, da la orden de tirarse al suelo, luego da indicaciones de dónde se encuentra. La otra persona que habla es un hombre, quien la tranquiliza mientras le advierte que va en su apoyo.

• Mujer: central, central, en toda la Y de Chochó, toda la Y. Los dos cruces sobre la vía.
• Hombre: ya le llego, ya le llego, mujer.

Las evidencias, que incluyen informes de Policía, audios, inspecciones, declaraciones, minutas, reportes y, sobre todo, contradicciones, llevaron a los investigadores a concluir, con muy poco espacio de duda, que a diez minutos de la ciudad de Sincelejo, por una trocha y con las armas del Estado, se perpetró un falso positivo.

La crónica de esta condena a muerte, que recayó en la humanidad de Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo, las tres víctimas, arrancó con otro hecho de sangre: el asesinato, a manos del Clan del Golfo, del joven patrullero Diego Ruiz, quien llevaba apenas un mes en la institución. “Ni siquiera había cobrado su primer sueldo”, contaron sus compañeros.

Una vez se conoció el crimen del uniformado, la orden en los reportes de la Central de Radio de la Policía fue capturar a los responsables. Se dispuso de un plan candado y la ubicación de los criminales, que, se dijo, iban heridos. Toda la Policía de la zona inició la búsqueda, pero fue la de Infancia y Adolescencia la que interceptó a tres jóvenes sospechosos.

Fue en un sitio conocido como La Garita, un punto de intersección que comunica, por cada extremo, el corregimiento de Chochó, los municipios de Sampués, Sincelejo y Corozal. De inmediato, el sitio se inundó de uniformados de todas las especialidades: Goes, Gaula, vigilancia, Sijín.

Estaba también el comandante, el coronel Núñez, quien asumió el control del caso. Fue la última vez que vieron con vida a los tres jóvenes.

Las dudas

La hipótesis de lo ocurrido en Sucre, contada por los uniformados que estaban en el sitio y que participaron en la captura de los jóvenes, se desbarató en la primera semana de investigación. Los informes redactados por los policías, explicando los hechos, se convirtieron en una patraña que la Justicia Penal Militar descubrió con solo escuchar en declaración a los mismos uniformados.

El patrullero Uber Guillermo Mieles, del grupo de Infancia y Adolescencia, dejó en su escrito, entregado dos días después de los hechos, que luego de interceptar dos motocicletas en el sector de La Garita se percató de que los tres jóvenes iban “gravemente heridos”, por eso pidió apoyo para su traslado. Sin embargo, en las declaraciones posteriores, la historia contada por sus compañeros de patrulla es muy diferente.

Los tres jóvenes no estaban heridos de gravedad, solo uno tenía un disparo en una pierna, los otros estaban intactos.

Así lo confirmaron en las diligencias de declaración que conoció SEMANA y que son parte del expediente en poder de la Fiscalía. La conclusión no solo advierte que el primer informe está plagado de mentiras, sino que los jóvenes estaban con vida antes de ser trasladados por la Policía.

Lo mismo ocurrió con los informes rendidos por la subteniente María Camila Buriticá del CAI Ford, y un subcomisario encargado de la estación de Policía en el municipio de Sampués, donde fue asesinado el patrullero.

Los datos consignados fueron desmentidos por quienes rindieron las diligencias de declaración. Hay dudas sobre un supuesto cruce de disparos una vez asesinaron al patrullero Ruiz y que supuestamente dejó heridos a los asesinos.

La versión del patrullero conductor de la camioneta de la Policía, en la que montaron a los tres jóvenes aún con vida, advierte que recibió la orden de alterar la ruta, que se supone era la más rápida para llegar a Sincelejo y al hospital. La orden provino, según el uniformado, del coronel Benjamín Núñez, tras advertir de un bloqueo en la vía. La investigación reveló que esto también era falso.

Un dato que llamó la atención en el curso de la investigación está en los reportes y seguimientos a los vehículos de la Policía que participaron en el procedimiento. Se supone que todos los carros tienen un sistema de GPS, pero, curiosamente, las camionetas del coronel Núñez y la subteniente Buriticá no lo tenían, así que no se pudo hacer el rastreo en estos dos casos.

Y es que los detalles revelados por la Fiscalía, tras la masacre de tres jóvenes en el departamento de Sucre, son escandalosos. El fiscal a cargo del proceso explicó en la imputación de cargos de qué forma los 11 uniformados implicados en este caso se ensañaron contra las víctimas en un acto de “venganza” por el asesinato, minutos antes, de un patrullero en el municpio de Sampués, también en Sucre.

El fiscal hizo una cronología del crimen y de cómo arrancó esta tragedia. Para los investigadores el asesianto del patrullero Diego Díaz, a manos del Clan del Golfo y en el marco del llamado plan pistola, provocó una violenta reacción de los policías en el departamento con el ánimo de encontrar a los responsables del crimen, sin embargo, capturaron a las ahora víctimas y las asesinaron.

“Encontrándose las tres víctimas en un estado de indefensión, pues en un vehículo de la Policía rodeado por cuatro funcionarios de policía, eran golpeados en distintas partes del cuerpo, amarrados, lo que en conjunto les impedía poder defenderse o repeler el ataque, porque estaban absolutamente doblegados, esta situación fue aprovechada por el señor teniente coronel Núñez, quien haciendo uso de su arma de dotación disparó en varias oportunidades”, dijo el fiscal.

La Fiscalía se lanzó con una sentencia que dejó al coronel Benjamín Núñez, entonces comandante operativo de la Policía del departamento de Sucre, como el responsable de usar su arma de dotación para asesinar a Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo, el pasado 25 de julio, en vías del departamento que tenía como responsabilidad proteger.

“Jóvenes que momentos antes de ser subidos a la camioneta estaban con vida, allí también se encontraban en dicho platón de la camioneta, el teniente coronel Benjamín Núñez y otro funcionario de la Policía Nacional. Servidores todos ustedes de la Policía que en abuso de sus funciones continuaron privando de la libertad a estos tres jóvenes de manera ilegal y sin justificación alguna, que se insiste estos jóvenes subieron con vida ha dicho rodante”, señaló el fiscal.

Para el fiscal del caso, los uniformados capturados tuvieron algún grado de responsabilidad en los hechos materia de investigación, si bien, en criterio de la Fiscalía, el responsable de disparar fue el coronel Núñez, el resto de policías no hicieron nada por evitar el asesinato y al contrario trataron de borrar la evidencia.

Un patrullero, identificado por la Fiscalía como Jesús María Bolaños, del esquema de seguridad del coronel Núñez, se encargó de llevar la camioneta de la Policía, donde fueron asesinados los tres jóvenes, hasta un “mecánico” para tapar los agujeros que dejaron los disparos del alto oficial.

“Con el fin de arreglar los agujeros en los vehículos con la única finalidad de dificultar desviar o impedir la investigación que adelanta la Fiscalía. Usted, Jesús María Bolaños, contrató los servicios mecánicos de un tercero para que al momento de adelantar la inspección del vehículo no lograrán encontrar la evidencia de hechos que desaparecen porque, como se dijo usted ocultó”, dijo el fiscal.

La Fiscalía completó la imputación de cargos, de acuerdo con la responsabilidad de cada uniformado, por los delitos de homicidio, tortura y privación de la libertad. Para el fiscal las pruebas advierten de qué modo los jóvenes fueron víctimas de un homicidio, antecedido por unas torturas.