Judicial
Masacre en Sucre | Defensa del coronel Núñez pide que sea trasladado a una guarnición militar
El próximo miércoles se resolverá si el oficial de la Policía es enviado o no a la cárcel por el asesinato de tres jóvenes en el municipio de Chochó.
Para la delegada de la Procuraduría General existe evidencia suficiente para inferir que el teniente coronel Benjamín Núñez representa un peligro para la sociedad y puede afectar el curso de la investigación que se adelanta por la retención ilegal, actos de tortura y asesinato de tres jóvenes que iban a ser presentados como integrantes del Clan del Golfo abatidos en combate en el municipio de Chochó.
En su extensa intervención, la procuradora del caso manifestó que prueba de esto es la sevicia con la que se le vio actuar al coronel Núñez cuando se montó al platón de la camioneta de la Policía que llevaba a los tres jóvenes moribundos por las heridas que les había propiciado un grupo de agentes con armas blancas y de fuego.
Sin embargo, resaltó, los policías no contaban con que las cámaras de seguridad estaban registrando cada uno de sus movimientos. Fue así como se pudo establecer el recorrido que hizo la patrulla desde que recogió a los jóvenes y los trasladó hasta la ciudad de Sincelejo.
Una cámara grabó el momento en el que el coronel se monta al platón de la Policía, cuando los jóvenes estaban vivos, y luego cuando el oficial se bajó del vehículo. La grabación estableció que para ese momento los retenidos ya no se movían.
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“Un joven se desangró (…). No contento con esto se bajó de la camioneta para decir que no tuvo nada que ver. Llega a la camioneta y, no sé qué pensó en ese momento, mira y se va como si nada”, agregó la representante del Ministerio Público. El comandante operativo de la Policía de Sucre tuvo conocimiento de todas estas acciones y no hizo nada para prevenirlo.
La patrulla dio la vuelta más larga que pudo para trasladar a los jóvenes desde Chochó hasta la capital sucreña. “Cuando llegan a Sincelejo están sin vida en el platón de la camioneta”, señaló al citar las pruebas documentales y testimoniales recolectadas por la Fiscalía General.
Tras cometer el crimen, el coronel dio la orden de eliminar las marcas de las balas del platón de la camioneta y reponer las balas que había utilizado para dispararle a quemarropa a los jóvenes. “Pensó que iba a quedar inmune”.
Cuando estalló el escándalo, el teniente coronel emprendió la fuga puesto que contaba con todos los medios económicos para salir del país en compañía de su familia. Durante días, pese a que sabía de la existencia de la orden de captura, no tuvo la voluntad de presentarse ante las autoridades.
La procuradora hizo un fuerte llamado de atención por lo que considera una burla a la investigación, puesto que los policías se demoraron horas para realizar el documento de la inspección en el caso de los jóvenes retenidos: “Hicieron un informe diferente, ninguna de las órdenes concuerda”.
Por esto, pide que se haga una investigación para aclarar los hechos que quedaron en el aire, así como la responsabilidad de varios policías que estarían involucrados en el ocultamiento de las pruebas y evidencia.
Cárcel de máxima seguridad
Los abogados de las víctimas le pidieron a la jueza que avale la petición de la Fiscalía General para enviar al teniente coronel a una cárcel de máxima seguridad, ya sea La Tramacúa en Valledupar o la de Cómbita en Boyacá.
Uno de los abogados reseñó que el coronel, pese a que se declaró inocente de los delitos imputados, ya aceptó su responsabilidad al manifestar que está interesado en buscar un acuerdo con la Fiscalía General: “Ya aceptó que los asesinó cuando dijo que iba a hacer un acuerdo con la Fiscalía”.
Por esto, considera que es una burla a la justicia, puesto que el coronel tuvo tiempo para escaparse y evadir el actuar de las autoridades; además, considera que desde que llegó al departamento, el coronel se caracterizó por sus escándalos, ataques personales y abuso de la fuerza: “Hacía lo que se le daba la gana”.
Guarnición militar
Frente a esto, el abogado del coronel le pidió a juez que lo deje defender en libertad por no cumplirse con los requisitos que exige la ley para emitir una medida de aseguramiento preventiva. Sin embargo, de aceptar la solicitud de la Fiscalía General, pide que sea enviado a una guarnición militar, teniendo en cuenta su fuero y el riesgo que existe.
“Si le pasa algo a su vida o integridad es responsabilidad del Estado”. Por eso, pide que sea trasladado a la Estación de Carabineros de la Policía, ubicada en el centro de Bogotá. De no haber cupo, puede ser enviado a la Escuela de Caballería, Escuela de Infantería o el batallón de comunicaciones Manuel Murillo Toro, en la capital de la República.
El próximo miércoles se definirá si se acepta o no la petición de la Fiscalía de enviar a la cárcel al coronel Núñez.