Masacres en Colombia: 19 menores de edad asesinados en 2020, según la ONU

Con trece, ocho, siete y cuatro casos, Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander son los departamentos donde más masacres se han presentado a lo largo de este 2020. Las cifras del informe trimestral sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el periodo entre el 27 de junio y el 25 de septiembre, dan cuenta del crudo panorama que vive el país.

Mientras organizaciones como Indepaz han alertado que existen 260 víctimas de la violencia en 65 masacres durante el año, la ONU tiene, por ahora, 42 casos confirmados y otras 13 más en verificación. Sin embargo no entrega un número global de asesinados.

De lo que sí habla el documento de diecinueve páginas -que será entregado por el secretario general Antonio Guterres a Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 14 de octubre- es de las poblaciones más vulnerables que han sufrido este flagelo. “Estos crímenes se están cometiendo principalmente en zonas con escasa presencia estatal, altos niveles de pobreza, economías ilícitas y disputas entre grupos armados ilegales y organizaciones criminales”, señala el informe.

La ONU expresa que 48 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, entre los que se incluye a nueve líderes de comunidad étnicas, fueron asesinados en los primeros nueve meses del año. Pero quizás, el dato más grave que arroja el documento es que 19 niños y niñas y 12 mujeres fueron víctimas de las masacres.

Aunque el documento no menciona el particular a ninguna víctima, SEMANA recuerda a algunos de los menores de edad que perdieron sus vidas en el territorio nacional.

Masacre de Samaniego, Nariño

Este es el único hecho al que se refiere el informe cuando expresa que “ocho personas de entre 17 y 25 años de edad, entre ellas una mujer, también fueron asesinadas" el 15 de agosto. No detalla que en este caso fue Campo Elías Benavides, de 17 años, a quien los hombres armados asesinaron cuando departía en una finca con amigos. Al joven le faltaba poco para graduarse del colegio, estaba en grado once y quería ser futbolista. Campito, como lo llamaba su familia, fue rematado en la parte trasera de la finca, tras salir corriendo junto a Rubén Darío Ibarra y Óscar Andrés Obando para intentar salvar sus vidas.

Los cinco adolescentes del cañaduzal en Llano Verde

Juan Manuel Montaño, Leyder Cárdenas, Jean Paul Perlaza, Jair Andrés Cortés y Álvaro José Caicedo tenían entre 14 y 15 años. Los asesinaron con arma blanca y tiros de gracia. Todos eras afrodescendientes. La Fiscalía capturó a dos presuntos responsables, pero el proceso de investigación se ha dilatado y hasta el momento las familias no entienden por qué fueron asesinados sus seres queridos. Además, han recibido amenazas anónimas para no clamar justicia en este crimen.

La tarea de la muerte en Leiva

El 10 de agosto, Cristian Caicedo y Maicol Ibarra, de 12 y 17 años, se dirigían al colegio para entregar su tarea de forma presencial ante la falta de conectividad en Leiva, Nariño. Los estudiantes pensaron que los combates entre disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas habían cesado, pero estos últimos permanecían en la zona. Les dispararon a quemarropa sin mediar palabra. El hecho quedó impune.

Tragedia de una misma familia

En la vereda La Consolata en Piamonte, Cauca, un grupo armado ilegal masacró a una familia entera de cuatro personas. Los hombres armados llegaron hasta la vivienda de un campesino identificado como Hámilton Gasca Ortega, ubicada a la orilla del río Caquetá. Dos de los tres hijos del campesino eran menores de edad. Su otro hijo alcanzó a ser auxiliado, pero falleció camino al centro asistencial. La masacre ocurrió el 4 de abril.

La violencia persigue a los excombatientes y sus familias

“Los excombatientes que viven fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, como en nuevas áreas de reincorporación, siguen enfrentando mayores riesgos. En 2020, el 30 por ciento de los asesinatos se han cometido cerca de estas nuevas áreas, que en su mayoría están ubicadas en regiones rurales aisladas en las que la presencia estatal es limitada”, indicó la ONU en su informe.

Bajo este escenario resalta el crimen contra Camilo Sucerquia Durango, de 15 años, hijo de una exguerrillera de las Farc, y contra Carlos Barrera, de 17 años. Fueron asesinados en Ituango, Norte de Antioquia, en la vereda Quebrada del Medio, cerca del Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación (ETCR) Román Ruiz. En su momento, el comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez, detalló que “tropas realizan operaciones militares en el sitio para dar con el paradero de los responsables de este reprochable hecho”. El hecho ocurrió el 6 de junio.

Naciones Unidas valora que la Unidad Nacional de Protección haya aprobado la medida de protección para 94 excombatientes de las Farc, pero hizo énfasis en la necesidad de que el Gobierno aporte “los recursos suficientes” para tramitar las más de 400 solicitudes pendientes.

Los casos perdidos de Palamarito

El corregimiento rural de Cúcuta, en Norte de Santander, ha sido epicentro de múltiples masacres en este 2020. En marzo fueron hallados ocho cuerpos en la vereda Santa María. En agosto, otros trece personas aparecieron asesinadas en el territorio, colindante con Venezuela. Uno de las víctimas era menor de edad.

De igual forma, existe registro de otros dos menores asesinados en masacres perpetradas en Tumaco (Nariño) y en Venecia (Antioquia) que tuvieron lugar el mismo 22 de agosto. En ambos casos no se conoció al identidad de los jóvenes, pero las autoridades confirmaron los hechos.

Estas vidas ya se perdieron, pero Antonio Guterres, secretario general de la ONU, pide en su informe que el Gobierno trabaje de manera coordinada para evitar más crímenes como estos. “Insto a todos los actores a que tengan en cuenta esas alertas tempranas y trabajen de manera coordinada, en el marco de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, a fin de responder a los riesgos identificados por la Defensoría del Pueblo y actuar sobre la base de sus recomendaciones”.