Masacres: ¿por qué no se detiene la barbarie?

2020 quedará para los analistas de la violencia colombiana como el año del regreso de las masacres. Esta semana, el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) publicó un informe que recopila cada uno de estos crímenes. A la fecha van 64 casos que han dejado más de 250 personas asesinadas. A partir del cruce de la información –los territorios, los presuntos perpetradores y las circunstancias del crimen– surgen explicaciones para el preocupante fenómeno. Y una clara conclusión es que hay una especie de efecto avispero, un momento de caos en el mapa de la guerra, que es temporal pero que deja una estela de violencia y crueldad mientras se recompone.

Camilo González Posso, director de Indepaz, dice que hay “una alteración del orden violento”. En el trasfondo están los detonantes sociales de siempre: desigualdad, falta de oportunidades para los jóvenes, rentas criminales, ausencia institucional. Pero sobre ese terreno se abonaron varias circunstancias nuevas. La más evidente es la fragmentación del conflicto. Aparecieron muchos grupos nuevos y varias estructuras se han dividido. Todos pretenden dominar las zonas donde las rentas criminales son más boyantes, y allí chocan con las estructuras imperantes.

Las cifran lo demuestran con claridad. Los departamentos con más masacres este año son Antioquia (14), Cauca (9), Nariño (9) y Norte de Santander (6). Todos tienen en común que son territorios en disputa. En el primero, la confrontación es entre dos disidencias de las Farc, un frente del ELN, Los Caparrapos y el Clan del Golfo. En Cauca, las disidencias de la columna Jaime Martínez y las de la Dagoberto Ramos tienen un pacto de no agresión con el ELN y el EPL. Para completar, la segunda Marquetalia entró hace un par de meses. En Nariño hay al menos 10 grupos distintos de disidentes y en Norte de Santander la pelea es entre ELN, Los Pelusos y el EPL.

En contraste, en los Llanos Orientales, el otro eje histórico del narcotráfico, el fenómeno ha sido mucho menos grave. Solo se registra una masacre en Arauca y una en Meta. En Guaviare, Vichada y Casanare no ha habido ninguna. Y eso explica por qué esta es la única zona donde hay un actor ampliamente dominante: las disidencias del antiguo Bloque Oriental, comandadas por Gentil Duarte e Iván Mordisco, que desde hace cuatro años se establecieron sin nadie que tenga la fuerza para desafiarlos.

“Cuando un grupo llega a una zona, lo primero que hace es doblegar sus organizaciones sociales: juntas, cabildos, consejos. Y eso se puede hacer asesinando líderes o cometiendo masacres. Porque eso manda un mensaje de que pueden hacer lo que quieran en ese municipio. Y que todo aquel que se oponga o no ayude puede ser objetivo”, explica Leonardo González, coordinador del observatorio del conflicto de Indepaz.

Otro factor desencadenante de la ola violenta pasa por las características de los jefes de todos estos pequeños grupos. Varios de los más temidos y crueles disidentes son menores de 30 años. Un ejemplo claro es el Pacífico nariñense, la zona más convulsionada del país. Tres de sus últimos capos relevantes fueron Guacho, quien murió a los 27 años; David, muerto a los 28, y Contador, capturado a los 29. Comandante Gringo, el sucesor de Guacho, tiene 26. “Son pequeños capitos de veintipico de años que reclutan jóvenes más niños que ellos. Bandas de postadolescentes de 22, 20 y hasta 16 años”, dice González Posso.

Estos jóvenes capos, que no tienen la formación militar ni mucho menos política de muchos de los comandantes de las extintas Farc o los paramilitares, ejercen la violencia sin pudor. No pretenden desafiar al Ejército ni a las instituciones. Carecen de criterio y de propósitos más allá de controlar rentas criminales, de aliarse con mafias y ocupar un espacio en la cadena del dinero fácil. Por lo mismo, cazan peleas, cambian de bando y encuentran en las masacres una forma de hacerse notar que funciona a sus intereses, porque en la mayoría de los casos quedan en la impunidad.

La pandemia empeoró el panorama. Las cuarentenas hicieron que los movimientos de los criminales para traficar droga, oro, madera y en general todos sus negocios quedaran más expuestos. Una forma de protegerse es asegurando el orden social, que las comunidades acaten su mandato. En esa necesidad de mantener su ley vinieron los panfletos, las prohibiciones de reuniones, los toques de queda y la violencia contra cualquiera que no acatara esos designios. La combinación de esas circunstancias con los problemas de fondo: el arraigo de la violencia, la pobreza y la debilidad institucional llevaron al país a este momento de violencia descontrolada.