Los macabros crímenes de Mayimbú y sus alianzas secretas con agentes de la fuerza pública

En menos de seis meses varios policías de Jamundí, adscritos a la Metropolitana de Cali, han sido capturados por presuntamente tener alianzas con la columna disidente de las Farc Jaime Martínez, que está bajo el mando de Jhoany Noscué, alias Mayimbú, y opera en la zona rural alta de ese municipio al sur del Valle. 

El primer hecho –ampliamente difundido– se presentó el 18 de octubre de 2019 con la captura de cinco uniformados activos que hacían parte de una banda dedicada a vender armas a esa estructura criminal. De acuerdo con el general Juan Carlos Buitrago Arias, director de la Policía Fiscal y Aduanera, ese armamento comercializado habría sido utilizado en la masacre del 1 de septiembre donde fue brutalmente asesinada Karina García, candidata a la Alcaldía de Suárez, y cinco personas más en el corregimiento La Betulia, ubicado a 34 kilómetros de Jamundí.

Los implicados fueron presentados ante un juez que avaló sus capturas y hoy esperan el juicio privados de la libertad. 

El segundo hecho –poco conocido y manejado con mucha discreción al interior de la institución– ocurrió el pasado 26 de noviembre, cuando desapareció el ciudadano Mauricio Guerrero Rivera en el casco urbano de Jamundí. Cuatro días después fue encontrado en la vía al corregimiento San Antonio, área rural alta, con signos de tortura y una pancarta amarilla con letras negras: 

“Aunque ya no estén presentes su legado sigue vivo. Camaradas seguimos en pie de lucha con los ideales y ejemplos que ustedes nos dejaron en contra de un gobierno opresor falto de ética y valores morales que van en contra de las poblaciones más vulnerables, hemos jurado vencer. Columna móvil Jaime Martínez”. 

A Mauricio lo asesinaron el mismo 26 de noviembre en horas de la noche, pero antes lo torturaron y cortaron partes de su cuerpo aún en vida. Por la sevicia y el mensaje era claro que el crimen fue cometido por los hombres de Mayimbú, pero esa estructura aparentemente recibió la ayuda de dos policías activos y un exagente de la Sijín. 

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Los tres implicados son el intendente Maicol Mancilla Gil, la patrullera Dayana Osorio Yepes, y el exagente Juan David Rengifo Mendoza, quien se retiró de la institución en 2015 y ya había estado señalado de secuestro y extorsión en 2016. Todos fueron capturados el pasado 3 de enero, 34 días después del hallazgo del cuerpo, y están sindicados de secuestro simple y homicidio agravado. 

Una fuente de esa institución le contó a SEMANA  que en cámaras de seguridad se observa cómo el intendente Mancilla Gil y la patrullera Osorio Yepes recogen en la patrulla a Mauricio Guerrero en una calle de Jamundí. No hay forcejeo, porque existía una amistad de meses atrás. “Ellos tenían negocios”, dice la fuente.

La familia de Guerrero no quiere hablar del caso. La Policía y el fiscal les recomendaron guardar silencio absoluto sobre el crimen para agilizar la investigación. Por su parte, de la institución no ha salido una sola palabra referente a este homicidio y a esa presunta alianza entre algunos uniformados y disidentes de las Farc. 

Hay una ley del silencio en torno a este nuevo caso de corresponsabilidad entre criminales y uniformados. Incluso, este martes 14 de enero el exagente Rengifo Mendoza se fugó de la estación de Policía La Rivera, donde estaba recluido con el intendente Mancilla, y la comunicación del general Manuel Vásquez Prada, comandante de la Metropolitana de Cali, enviada a medios de comunicación solo duró 26 de segundos. 

"En horas de la madrugada se presentó la fuga de un recluso que se encontraba en la estación La Rivera procesado por el delito de homicidio"

El oficial no entregó el nombre del prófugo, ni hizo mención al caso por el cual está sindicado y mucho menos dio detalles de la víctima Mauricio Guerrero. SEMANA indagó en varias oportunidades por este este hecho y la respuesta desde la oficina de comunicaciones fue siempre la misma: “No tenemos conocimiento de eso”. 

Sin embargo, en la comandancia de Jamundí el caso del intendente Mancilla es vox populi. “Él entregó a ese muchacho por plata”, relata otra fuente de la institución. La última vez que los vieron juntos fue ese 26 de noviembre. Horas antes estuvieron departiendo en un establecimiento de expendio de licores, donde se reúnen uniformados activos y retirados. A pesar de que Mauricio Guerrero no pertenecía a la Policía asistía con regularidad a esos encuentros. 

Ya en la noche, Mancilla ingresó a turno y habría pedido a la patrullera Osorio que lo acompañara al corregimiento San Antonio “a hacer una vuelta”. En el camino recogieron a Guerrero y lo llevaron con engaños hasta esa zona, donde los esperaba un nutrido grupo de disidentes. Entregaron el objetivo y se devolvieron en la patrulla. Parte de ese trayecto -incluida la recogida de la víctima- quedó captado en cámaras de seguridad. 

"Lo que conocemos es que Mancilla tenía muchos problemas económicos y él ya venía en negocios turbios con ese muchacho. Desde la montaña le llegó el mensaje que estaban pagando 30 millones de pesos al que lo entregara y él lo entregó vivo, como lo pedían", reveló una de las fuentes. 

Mauricio Guerrero tenía 40 años y una hija de aproximadamente dos años. Su familia dice no conocer los negocios que él tenía, ni por qué fue asesinado de esa manera tan despiadada por la Jaime Martínez, columna que controla la ruta del narcotráfico en el noroccidente del Cauca y sur del Valle hasta la región del Naya, donde comercializan la droga con emisarios de cárteles mexicanos.

Esa columna disidente también tiene ojos en el casco urbano de Jamundí. “Aquí hay un negocio redondo entre narcotraficantes, disidencias, algunos policías activos y militares retirados”, añade la fuente. Según esa denuncia, mucha de la droga incautada por las autoridades en el nororiente del Cauca, donde opera la columna Dagoberto Ramos, va a parar a manos de la Jaime Martínez. Mayimbú pretende adueñarse de todo el norte del Cauca y para ello suma aliados en la fuerza pública. 

Hoy ese territorio está demarcado por una línea invisible que es la vía Panamericana. La columna Dagoberto Ramos controla los municipios del nororiente (Caloto-Miranda-Toribío-Corinto y Santander de Quilichao), donde están las más grandes extensiones de cultivos ilícitos. Esa estructura es la responsable del 95 pr ciento de asesinatos contra indígenas en el Cauca. De sus armas salieron las balas que perpetraron la masacre de cinco nativos en el corregimiento Tacueyó, donde falleció la gobernadora Cristina Bautista. 

Del otro lado está la Jaime Martínez. Con centro de operaciones en las montañas de Jamundí, último municipio en el sur del Valle y frontera con Cauca, tiene pequeñas estructuras en los municipios Suárez, Buenos Aires, Timba, región del Naya y el pacífico caucano (López de Micay, Puerto Merizalde y Timbiquí) que asesinan con sevicia para enviar mensajes intimidatorios. Manejan todo el corredor estratégico para la salida de la droga.

El territorio consolidado de la Jaime Martínez en Jamundí inicia un poco antes de llegar al corregimiento de San Antonio. El lugar donde fue encontrado el cadáver de Mauricio Guerrero es un punto de demarcación para establecer límites de movilización. Sus hombres no pasan armados al casco urbano y nadie sube sin permiso. Según la investigación, fue en ese sector de espesa vegetación y carretera destapada donde se realizó el intercambio: Mancilla presuntamente les entregó a Guerrero y recibió el dinero. 

La mayor responsabilidad en esta investigación recae sobre el intendente Mancilla y el exagente Rengifo –quien fue recapturado 24 horas después de su fuga– y sería el lazo entre disidentes y miembros activos de la fuerza pública. Ambos permanecen recluidos en la estación de La Rivera, mientras que la patrullera Osorio fue cobijada con medida de casa por cárcel porque tiene un hijo de apenas meses de nacido. 

La causa de la muerte de Guerrero aún es un misterio. En la segunda parte del mensaje encontrado en la pancarta al lado del cuerpo se leía: “Esto les pasará a extorsionadores y sapos. Ya están advertidos”. A inicios de noviembre había circulado un panfleto declarando a objetivos militares a varias personas en Jamundí.