Mayor (r) Jorge Castillo, experto en inteligencia, lanza alerta por decreto del Gobierno Petro: advierte que la DNI puede “violar derechos ciudadanos”

Sigue la polémica por el más reciente decreto firmado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del cual se hace una reestructuración a la Dirección Nacional de Inteligencia, que le entrega superpoderes a la entidad, con lo cual alertan un posible riesgo de chuzadas y persecución.

Se trata del Decreto 1077, con el cual se dan unas directrices para modificar las normas de 2011, entre ellas, la que creó la DNI y que, 13 años después, sí requiere unos ajustes para que la inteligencia y contrainteligencia del Estado funcionen correctamente contra riesgos reales de seguridad.

Sin embargo, en el documento hay algunos artículos que no son lo suficientemente claros y queda abierta la posibilidad de que esas poderosas herramientas sean usadas contra la oposición, periodistas o sencillamente quien no esté de acuerdo con el Gobierno Petro.

Allí en el decreto, que tiene fecha del 23 de agosto de 2024, queda claro que con estas medidas, la Dirección de Inteligencia del Estado colombiano podrá recolectar información por medio de fuentes humanas, medios técnicos y abiertos.

El documento no deja de causar controversia y desde diferentes sectores ya han manifestado que el fantasma de las interceptaciones ilegales está rondando de nuevo. Este es el caso del experto en inteligencia y contrainteligencia mayor (r) Jorge Castillo, quien se cuestiona: “¿Superpoderes para la DNI y Gustavo Petro o violación de derechos ciudadanos?”.

Castillo expresó que la creación de una Dirección de Contrainteligencia y una Escuela de Inteligencia plantea interrogantes, ya que esto traería varias implicaciones, entre las cuales destaca que se duplicaría la capacidad de la entidad.

Pero también se abre la posibilidad, según explicó el experto, de realizar operaciones específicas sin restricciones gracias a 16 funciones de la dirección de la entidad, así como la capacidad de tomar decisiones expeditas en procesos disciplinarios.

Castillo expone una preocupación más que tiene que ver con un enfoque mayor a seguir órdenes presidenciales que en proteger la seguridad nacional y las libertades, lo que sin duda genera grandes incógnitas en el alcance que pueda tener el decreto.

El mayor (r) Jorge Castillo concluyó que “este decreto podría violar la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia 1621 de 2023, afectando derechos fundamentales de los ciudadanos”, y aseguró que se debió haber tramitado a través del Congreso de la República.

“Debería ser presentado como un proyecto de ley ante la Comisión Primera, en lugar de implementarse mediante un decreto. Cabe recordar que un proyecto de ley similar fue rechazado en el Congreso y ahora se intenta implementar mediante un decreto”, manifestó Castillo.

Por eso hizo un llamado a la comisión de inteligencia y contrainteligencia del Congreso de la República, para que hagan un control político a este tema y brinden “las garantías constitucionales y el cumplimiento de los principios, límites y fines establecidos en la Ley de Inteligencia”. dijo el coronel en retiro.